Compartimos nuevo artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Secretario-Interventor de la Administración Local y actual Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). La trascendencia que para toda la sociedad supone proteger el entorno natural, obtuvo un reconocimiento capital en 1972, en

Imaginemos por un momento el siguiente escenario: a un administrativo le fue otorgada una determinas subvención o ayuda. Sin embargo, con posterioridad, la Administración competente, considera que, por las circunstancias que fuere (normalmente falta o insuficiente justificación de la misma o incumplimiento de sus obligaciones),

El artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas -TRLA-, reconoce el uso privativo de las aguas cuando procedan de manantiales situados en el interior de los predios y

Imaginemos el siguiente escenario, que se repite con más normalidad de la que pensamos: una Administración exige un reintegro de subvención a un administrado. Una vez se decreta el reintegro con la oportuna resolución administrativa, sin perjuicio de que ésta sea recurrida, se afronta el

Como bien es sabido, cuando nos enfrentamos ante un Recurso de Casación en el orden contencioso-administrativo, no sólo hemos de fijar nuestra atención en acreditar el interés casacional de la cuestiones objeto de debate sino, además, respetar las formas establecidas en el Acuerdo de la

Nuestro Tribunal Constitucional, al considerar que la notificación edictal resulta ser el último remedio de la notificación, exige, una cierta diligencia por parte de la Administración en la localización del verdadero domicilio del administrado, antes de acudir a este mecanismo excepcional, pues no deja de

Conviene analizar brevemente esta figura que, si bien tiene su arraigo en el Derecho Civil y en los Principios básicos del Derecho, resulta ser del todo extrapolable y de suma importancia en el Derecho Administrativo. Así, un Organismo Público, no puede ir en contra de

¿Cuándo hablamos del denominado principio de culpabilidad en materia administrativa?   El principio de culpabilidad se encuentra previsto en el artículo 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y este dispone que sólo podrán ser sancionadas

Os presentamos artículo de máxima actualidad, que ha sido redactado por nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Secretario – Interventor de la Administración Local y actualmente, Director del Área de Licencias del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). El Medio Ambiente como objeto de obligatoria protección en

Conviene recordar previamente, que cuando se trata de reclamaciones derivadas de actuaciones sanitarias, la doctrina jurisprudencial viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir

No son pocas las ocasiones, en las que un acto administrativo acoge un informe jurídico o técnico y se refiere a él, haciéndolo suyo sin esgrimir mayor argumento. Nos hallamos, en este supuesto concreto, ante la llamada motivación “in aliunde”, es decir, reiteramos, la remisión

Como es sabido, tras decretarse una oferta como anormal o desproporcionada, se deberá de dar audiencia al licitador para que justifique las razones de la bajada de precios ofertada. Sin embargo, será el órgano de contratación, con la propuesta de la mesa de contratación, el

Os presento artículo que ha sido publicado en el día de hoy en Confilegal, y que lleva como título «La necesaria motivación de la culpabilidad en el procedimiento sancionador tributario». Se trata de una coautoría con nuestro colaborador D. Eduardo de la Rosa Cuadrado, Inspector

Cuando nos enfrentamos a la defensa de un expediente sancionador en materia de derecho administrativo, hemos de ser conscientes, de que no existe un plazo de caducidad específico para que la Administración en cuestión, desde que tiene conocimientos de los supuestos y presuntos hechos infractores

Con cierta regularidad, nos encontramos con que el órgano de contratación en cuestión, en el seno de una licitación, publica una nota de aclaraciones o rectificación de errores materiales, en virtud de la cual modifica los pliegos rectores de la licitación en los extremos que

Con cierta regularidad, se alega por aspirantes que hayan participado en procesos selectivos, que el Tribunal calificador ha tenido un trato de favor respecto de uno o varios candidatos. Sin embargo, hemos de señalar que tal afirmación, deberá de estar suficientemente probada. Las meras conjeturas

Imaginemos que somos interesados en un procedimiento administrativo. Sin embargo, la Administración actuante, ha practicado una notificación defectuosa de la resolución que ponía fin a dicho expediente. Tal defecto puede ser, por ejemplo, porque lo haya comunicado a otro domicilio que no se corresponde con

¿Qué entendemos por incompetencia en el ámbito del Derecho Administrativo? Podríamos definirla como la ausencia de atribución legal de una determinada competencia a favor del órgano jurisdiccional administrativo, por lo que éste no puede ejercerla, ya que, de hacerlo, podrá conllevar la nulidad o