Artículo sobre las cuestiones más importantes del instituto de la Responsabilidad Patrimonial y que ha sido redactado por parte de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter Nacional y doctorando en Derecho Administrativo. Nuestra Constitución garantiza la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en su artículo 9.3.

Imaginemos por un momento, que la parte recurrente no alega ni en vía administrativa ni tampoco en fase judicial (al tiempo de formalizar la oportuna demanda contencioso – administrativa), la caducidad del procedimiento administrativo. En tal caso, me pregunto, ¿podría apreciarla de oficio el Juzgado o Tribunal de lo Contencioso Administrativo que esté conociendo del.

Una vez que a nivel estatal, entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP2017), legitimada por la competencia estatal que la Constitución en su artículo 149.1.18, atribuye de manera exclusiva al Estado, y con ella transpuestas por fin, a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo.

Como es sabido, la Mesa de Contratación, al objeto de valorar aquellos criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de valor, podrá valerse de cuantos Informes técnicos considere oportunos y necesarios. En ciertas ocasiones, la intervención de tales técnicos resulta necesaria por disposición legal, por el artículo 146.2 a) LCSP. Concretamente, en los procedimientos de.

Quería compartir con vosotros, la satisfacción que supone para mí, que administrativando forme parte de los 42 blogs jurídicos que han sido más ovacionados en el pasado 2018, reconocimiento éste que viene realizando anualmente  el Sr. D. José Ramón Chaves García, Magistrado de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, no son ajustados a derecho aquellos pliegos rectores que permitan que el procedimiento de licitación no sea tramitado electrónicamente, bajo la justificación de que la Administración u Organismo Público contratante, aún no tiene habilitado los medios telemáticos oportunos. En tal caso, se estaría incurriendo en una.

Con cierta frecuencia, las diferentes Administraciones Hidráulicas, deniegan el otorgamiento de autorización a aquellos pozos de menos 7.000 metros cúbicos, en base a que la Unidad Hidrogeológica en cuestión, presenta un mal estado cuantitativo o cualitativo. Sin embargo, los Tribunales, empiezan a corregir dicha interpretación, al considerar que para denegar una captación inferior a 7.000.

Como es sabido, el daño moral resulta ser un concepto indemnizable que, en el caso del derecho administrativo, debe de ser exigido a través del instituto de la responsabilidad patrimonial. Buena prueba de ello, lo encontramos en el posicionamiento que al respecto y de forma pacífica, fue adoptado por el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo.

Presentamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, que desempeña su labor profesional como Funcionario de Habilitación Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo.  Siendo el criterio de nuestro Tribunal Constitucional, reflejado en sus SSTC 53/2017, de 11 Mayo de 2017 y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 4, según la cual “cuando se ofrezcan.

Por desgracia, no son pocas las ocasiones, en las que, tras haber intervenido en un arduo procedimiento judicial y haber obtenido una resolución judicial favorable a los intereses de nuestro cliente, la Administración que ha sido condenada, no materializa la sentencia firme. Analizamos seguidamente, como hemos de proceder si nos hallamos en dicha situación. Nuestra.