Compartimos artículo de nuestro colaborador D. Raúl C. Cancio Fernández, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Doctor en Derecho y Letrado del Tribunal Supremo. Será la sentencia del año, créanme. Entre el piélago litigioso generado por el dichoso asunto de las plusvalías, la Sección de Admisión ha sabido espigar lo verdaderamente mollar, jurídicamente.

En el acuerdo de necesidad de ocupación se ha de concretar y precisar que los bienes afectados al fin de la expropiación, responden a un ejercicio proporcionado de la potestad expropiatoria. En definitiva, se ha de concretar, que los bienes objeto de expropiación resultan ser idóneos para la finalidad que se persigue, amén de que.

Compartimos artículo de nuestro colaborador D. Raúl C. Cancio Fernández, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Doctor en Derecho y Letrado del Tribunal Supremo. A la pregunta de qué es lo que se recurre en realidad cuando se plantea una impugnación jurisdiccional, con carácter general, la doctrina ha sido constante en responder.

Como es sobradamente conocido, los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica, deben de presidir todo procedimiento de concurrencia competitiva que se celebren ante una Administración Pública. En relación a tales principios, conviene traer a colación, los siguientes preceptos de nuestra Carta Magna: Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que.

Entre las obligaciones y condiciones que en muchas ocasiones figuran en la concesión de subvenciones para la ejecución de determinadas obras, encontramos que no se admitirán modificaciones al proyecto de obra inicialmente presentado en el expediente de aprobación de la ayuda, salvo previa autorización de la Administración concedente. Puede darse el caso, de que la.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días,.

Compartimos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario Habilitado Nacional (Secretario – Interventor de la Administración Local) y Doctor en Derecho.  El régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es actualmente objeto de una inmediata regulación gracias al Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, que fue.

Presentamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Talavero, Funcionario Habilitado Nacional y Doctor en Derecho.  Considerada la carrera profesional como conjunto de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso, para su regulación debemos acudir al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley.

La respuesta, en términos generales, se torna afirmativa. Como es sabido, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, establece que para poder ejercer ambas profesiones, es preciso obtener el título profesional de abogado y procurador de los Tribunales, al objeto de garantizar.

Carlos V. Ruiz Rubia Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra  Licenciado en Economía y Diplomado en Contratación Administrativa Resumen: La ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en vigor desde el 9 de marzo de 2018, a la hora de analizar las ofertas anormalmente bajas, contempla la necesidad –entre otras- de.