Contencioso administrativo

Concepto del orden contencioso – administrativo

El orden contencioso-administrativo tiene como base controlar la legalidad de la actividad administrativa para garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración.

Utilidad del recurso contencioso-administrativo

Por ende, para efectuar dicho control dentro de la jurisdicción administrativa, la ley configura al denominado recurso contencioso-administrativo, el cual es un instrumento judicial que sirve para impugnar las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos emitidos por la Administración Pública tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal.

Partes en el proceso contencioso-administrativo

Las partes en el proceso contencioso-administrativo pueden ser:

  • El demandante (que formula las pretensiones).
  • La Administración demandada (que opone excepciones).
  • El codemandado (que también opone excepciones).

El demandante puede ser persona física o jurídica, o bien, una persona privada o pública.

La Administración demandada es la persona jurídica que ha realizado la actuación que da origen a las pretensiones del demandante (en algunas ocasiones puede existir más de una Administración pública demandada).

La parte codemandada es una tercera persona que es titular de un derecho subjetivo o que posee un interés legítimo, los cuales pueden resultar afectados por una sentencia en favor de la parte demandante.

Actos susceptibles de ser recurridos ante el Contencioso-administrativo

De tal forma, este recurso es procedente:

  • Contra las disposiciones de carácter general, así como de los actos que se produzcan en aplicación de éstas.
  • Contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento; o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
  • Contra la inactividad de la Administración o contra las vías de hecho en que incurra.

Funciones del abogado especialista en contencioso – administrativo

Los abogados en contencioso–administrativo, cuentan con una amplia experiencia, así como con la capacidad técnica suficiente para recurrir ante la jurisdicción contencioso–administrativa cualquier acto dictado por una Administración u Organismo Público.

Concretamente, podrá llevar a cabo, entre otras y principales, las siguientes actuaciones procesales:

  1. Intervención y defensa letrada en el procedimiento ordinario, particularmente en las siguientes fases procesales: Interposición y demanda (de ser parte actora).
    • Contestación a la demanda (particulares o entidades que tengan un derecho o interés legítimo)
    • Alegaciones previas.
    • Prueba (proposición y práctica de la misma).
    • Vista y conclusiones
  2. Intervención y defensa letrada en el procedimiento abreviado:
    • Demanda (en el supuesto de ser parte actora).
    • Vista (trámite éste donde la actora se ratifica y, en su caso, formula alegaciones complementarias y la parte demandada contesta a la demanda.
    • Práctica probatoria.
    • Conclusiones
  3. Intervención y defensa en procedimientos especiales, entre los que cabe destacar:
    • El de la protección de los derechos fundamentales de la persona.
    • El de la suspensión administrativa de acuerdos.
  4. Medidas cautelares: escritos de solicitud, de oposición y, en su caso, de vista.
  5. Actuación en incidentes e invalidación de actos procesales.
  6. Ejecución de sentencias.
  7. Tasación de costas.

Adela Merino León

Abogada

Tras su paso por otras firmas, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de expedientes relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública y recursos contenciosos de toda índole, entre otros. 

Asimismo, ha intervenido en la elaboración de cursos de experto en Derecho Administrativo.

José Cortés Bermúdez

Abogado

Durante más de una década de ejercicio profesional, ha formado parte de firmas reconocidas como el despacho Martínez Echevarría. Participa en todo tipo de asuntos de Derecho Administrativo con especial práctica e incidencia ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo.

María José Amo Gago

Asociada

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica. Asimismo, se ocupa de abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo e impugnaciones ante instancia supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Ha participado en la defensa de procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo interviniendo periódicamente ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo. 

Asimismo, puntualmente, imparte máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de infinidad de cursos de experto en Derecho Administrativo

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

 

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el contrato menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, ha participado en la sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando, impartiendo formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo.

Ostenta el cargo de Director Ejecutivo en Administrativando Business School.

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