Contencioso administrativo

Concepto del orden contencioso–administrativo

El orden contencioso-administrativo tiene como base controlar la legalidad de la actividad administrativa para garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración.

Utilidad del recurso contencioso-administrativo

Por ende, para efectuar dicho control dentro de la jurisdicción administrativa, la ley configura al denominado recurso contencioso-administrativo, el cual es un instrumento judicial que sirve para impugnar las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos emitidos por la Administración Pública tanto a nivel estatal, como autonómico y municipal.

Partes en el proceso contencioso-administrativo

Las partes en el proceso contencioso-administrativo pueden ser:

  • El demandante (que formula las pretensiones).
  • La Administración demandada (que opone excepciones).
  • El codemandado (que también opone excepciones).

El demandante puede ser persona física o jurídica, o bien, una persona privada o pública.

La Administración demandada es la persona jurídica que ha realizado la actuación que da origen a las pretensiones del demandante (en algunas ocasiones puede existir más de una Administración pública demandada).

La parte codemandada es una tercera persona que es titular de un derecho subjetivo o que posee un interés legítimo, los cuales pueden resultar afectados por una sentencia en favor de la parte demandante.

Actos susceptibles de ser recurridos ante el Contencioso-administrativo

 

De tal forma, este recurso es procedente:

  • Contra las disposiciones de carácter general, así como de los actos que se produzcan en aplicación de éstas.
  • Contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento; o producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
  • Contra la inactividad de la Administración o contra las vías de hecho en que incurra.

Funciones del abogado especialista en contencioso – administrativo

 

Los abogados en contencioso–administrativo, cuentan con una amplia experiencia, así como con la capacidad técnica suficiente para recurrir ante la jurisdicción contencioso–administrativa cualquier acto dictado por una Administración u Organismo Público.

Concretamente, podrá llevar a cabo, entre otras y principales, las siguientes actuaciones procesales:

  1. Intervención y defensa letrada en el procedimiento ordinario, particularmente en las siguientes fases procesales: Interposición y demanda (de ser parte actora).
    • Contestación a la demanda (particulares o entidades que tengan un derecho o interés legítimo)
    • Alegaciones previas.
    • Prueba (proposición y práctica de la misma).
    • Vista y conclusiones
  2. Intervención y defensa letrada en el procedimiento abreviado:
    • Demanda (en el supuesto de ser parte actora).
    • Vista (trámite éste donde la actora se ratifica y, en su caso, formula alegaciones complementarias y la parte demandada contesta a la demanda.
    • Práctica probatoria.
    • Conclusiones
  3. Intervención y defensa en procedimientos especiales, entre los que cabe destacar:
    • El de la protección de los derechos fundamentales de la persona.
    • El de la suspensión administrativa de acuerdos.
  4. Medidas cautelares: escritos de solicitud, de oposición y, en su caso, de vista.
  5. Actuación en incidentes e invalidación de actos procesales.
  6. Ejecución de sentencias.
  7. Tasación de costas.
Puede suscribirse a Administrativando dejando su e-mail a continuación y recibirá semanalmente los últimos artículos en su bandeja de entrada.

Suscríbase a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el derecho administrativo y contencioso-administrativo.