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Derecho administrativo.- La importancia del Derecho Administrativo en la sociedad actual es una obviedad que no admite discusión. Diariamente, todos nosotros, directa o indirectamente, nos relacionamos con entes públicos, realizando innumerables actuaciones sujetas a esta disciplina jurídica.
Y es por ello, por lo que, inevitablemente, en no pocas ocasiones, surgen conflictos entre las partes que configuran dicha relación (Administración y Administrado). Es precisamente en este escenario de riña o de no entendimiento donde intervenimos los profesionales del derecho que asesoramos y defendemos los intereses y/o actuaciones ejecutadas por cualquiera de las citadas partes.
La intervención del abogado especialista en derecho administrativo, viene siendo demandada, cada vez con más frecuencia, en un contexto meramente preventivo y/o informativo tendente a evitar la aparición del conflicto. No obstante, los abogados que nos dedicamos a esta disciplina, necesitamos contar, para poder encarar con acierto el estudio y la defensa de cada caso que en particular nos ha sido encomendado, con una formación altamente especializada en la materia. Y es que, no podemos perder de vista, que el Derecho Administrativo resulta ser una disciplina muy compleja, excesivamente técnica y tremendamente cambiante, donde la actualización debe de ser de obligado cumplimiento.
Esa dificultad y tecnicidad de la que hablo, quedan justificadas por las siguientes razones:
1º.-Porque nos encontramos ante un Derecho que podríamos entender de difícil codificación. En el resto de Jurisdicciones (civil, penal y/o social), existe una codificación asumible y localizada.
Sin embargo, en el Derecho Administrativo, existen infinidad de normas sectoriales cuyo conocimiento resulta absolutamente imposible de dominar.
Además, el Derecho de cada Comunidad Autónoma es diferente, como lo es el de cada término municipal.
2º.-No sólo hay que saber derecho, sino ciencia. En esta disciplina, siempre he defendido que Derecho y Técnica resulta ser un binomio inseparable. Así, por ejemplo, el abogado especialista en derecho administrativo, puede conocer perfectamente el procedimiento administrativo sancionador pero si no estudia aviación civil le será imposible defender una sanción impuesta por la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA).
Lo mismo ocurriría, si pretende defender un expediente en derecho de aguas o de medio ambiente, sin tener unos conocimientos básicos en ingeniería agrónoma.
3º.-La evolución normativa es constante, imparable e inasumible. Si bien, por ejemplo, es complicado que el Código Civil sufra importantes modificaciones, no ocurre lo mismo con el Derecho Administrativo, en el que los cambios son reiterados y periódicos. Cada vez con más frecuencia, Europa modifica el derecho interno a través de Directivas de obligado cumplimiento. Quizás el mejor ejemplo de esto último se encuentre en materia de Contratación Pública.
4º.-Lo anterior conduce a que los abogados especialistas en derecho administrativo, precisemos de un esfuerzo de actualización diario, sin el cual, nos encontraríamos rápida e inevitablemente desfasados.
5º.-Por último, por si todo lo anterior fuera poco, nos hallamos inmersos en una disciplina de contenido y especialización sencillamente ilimitada. Ponemos algunos ejemplos de las innumerables áreas de práctica que configuran esta disciplina así como una pincelada de las posibles actuaciones a realizar en cada una de ellas:
Expropiación forzosa y valoraciones.
Tramitaciones de expedientes expropiatorios, asistencia a actas previas y de ocupación, hojas de aprecio, alegaciones, recursos, intereses de demora, así como todos los asuntos relaciones con procedimientos de reversión.
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Se interviene tanto en la gestión del patrimonio de las Administraciones, como en la adquisición y privatización de sociedades públicas.
Ordenación del territorio y urbanismo.
Redacción de planeamiento, así como en los procedimientos relacionados con su ejecución, gestión y disciplina urbanística. Juntas de compensación y entidades urbanísticas de colaboración.
Contratación Pública.
Asesoramiento en licitaciones públicas. Elaboración y revisión de pliegos. Redacción de informes jurídicos. Solicitud de aclaraciones y recursos. Resoluciones de contratos, reclamación de pago del precio, intereses moratorios, asistencia a mesas de contratación…
Función Pública.
Defensa de los derechos que correspondan a los funcionarios o empleados públicos.
Procedimientos tributarios.
Orientación de cualquier procedimiento tributario que afecte a nuestros clientes, en cualquier fase del procedimiento (alegaciones, recursos de reposición, reclamaciones ante Tribunales Económicos).
Sectores regulados.
Asesoramiento en relación a las distintas materias reguladas, tanto en aquellas de corte tradicional: aguas, minas, costas, puertos, turismo, transporte, farmacia…), como en las de mayor actualidad tales como telecomunicaciones, energía o juego.
Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Redacción de informes y ejecución de actuaciones tendentes a la exigencia de tal responsabilidad.
Procedimientos sancionadores.
Intervención en la defensa de los mismos, con independencia del ámbito de actuación de que se trate.
Subvenciones y ayudas.
Asesoramiento, tanto en su tramitación, como en los procedimientos instados por la Administración encaminados a su reintegro.
Todo ello hace, que el Derecho Administrativo, a fin de cuentas, sea una disciplina poco “agradable” para los operadores jurídicos y que, por tanto, sean ínfimos los profesionales en general y abogados en particular, que quieran dedicarse al estudio y ejercicio del mismo.
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