Procedimientos sancionadores

Concepto de procedimiento o expediente sancionador

El Derecho Administrativo sancionador es el sistema represivo o de castigo que el ordenamiento jurídico encomienda a la Administración Pública.

De lo anterior se desprende, que la sanción administrativa es la multa impuesta al ciudadano por una Administración Pública con motivo de la comisión de una infracción administrativa, la cual, por disposición constitucional no puede consistir, ni directa ni subsidiariamente, en privación de libertad.

La imposición de la correspondiente sanción al sujeto infractor, se deberá de llevar a cabo mediante el procedimiento administrativo habilitado al efecto.

Regulación

 El procedimiento sancionador, se encuentran regulados en el Título IV, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en el cual se regulan las bases del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Del mismo modo, se concatena lo anterior con lo dispuesto en el Capítulo III, del Título Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector Público (LRJSP), en el cual se establecen los principios de la potestad sancionadora (el principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y el principio de seguridad y certeza jurídica que señala que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos (ne bis in idem).

Actuaciones de defensa frente a un procedimiento sancionador

Cada vez con más frecuencia, las diferentes Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, despliegan sus potestades de policía e inician procedimientos sancionadores contra terceros que, presuntamente, han incurrido en infracciones administrativas.

En tales supuestos, resulta vital llevar a cabo la oportuna defensa a lo largo de la instrucción del procedimiento, es decir, tanto en la fase de alegaciones contra el acuerdo de inicio o incoación del sancionador, como con motivo de la propuesta de resolución sancionadora.

Finalmente, resulta preciso interponer el oportuno recurso administrativo frente a la resolución sancionadora. En consecuencia, contra la resolución de dicho recurso, en caso de ser desestimatoria, cabe la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia (orden de lo contencioso administrativo).

Materias en las que puede sucederse un procedimiento sancionador

Las materias frente a las que las distintas Administraciones pueden imponer expedientes sancionadores resultan ser muy amplias, por lo que, a modo de ejemplo, y entre otras muchas, conviene destacar:

  • Sancionadores en materia urbanística o de ordenación del territorio.
  • Sancionadores en aguas.
  • Sancionadores en minas.
  • Sancionadores en medio ambiente.
  • Sancionadores en materia aeronáutica.
  • Sancionadores en el sector agroalimentario.
  • Sancionadores en consumo.
  • Sancionadores en protección de datos.
  • Sancionadores en energía.
  • Sancionadores en telecomunicaciones.
  • Sancionadores en el sector farmacéutico.
  • Sancionadores en tabacaleras.
  • Sancionadores en materia de tráfico.
  • Sancionadores en transportes.
  • Sancionadores (expedientes disciplinarios) frente a funcionarios o empleados al servicio de la Administración Pública.

Funciones del abogado especialista en procedimientos sancionadores 

El abogado especialista en Derecho Administrativo Sancionador, interpondrá reclamaciones e impugnaciones en todo tipo de procedimientos sancionadores sea cual fuere su ámbito de actuación (estatal, autonómico o local), ya sea acudiendo ante la vía administrativa, ya sea acudiendo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Puede suscribirse a Administrativando dejando su e-mail a continuación y recibirá semanalmente los últimos artículos en su bandeja de entrada.

favicon2