Recurso de amparo

Definición

El recurso de amparo es un procedimiento gratuito que se lleva a cabo ante el Tribunal Constitucional y que tiene como finalidad la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Carta Magna en sus artículos 14 a 29, así  como también la objeción de conciencia establecida en su artículo 30.2-, que se vean quebrantados por disposiciones, actos, decisiones, resoluciones, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, y de sus funcionarios o agentes.

En consecuencia, a través del amparo lo que se pretende es el lograr el restablecimiento o preservación de los derechos o libertades fundamentales consagradas en la Constitución.

Nuestros abogados expertos en recursos de amparo frente a sentencias contencioso administrativas, tienen una dilatada experiencia en este tipo de impugnaciones. 

Marco normativo

El recurso de amparo tiene su base constitucional en los artículos 53.2 y 161.1.b, en concatenación con lo dispuesto en los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Actos recurribles

Existen tres clases de amparo con motivo del origen del acto que conlleva la vulneración de derechos fundamentales y que son perfectamente conocidas por nuestros abogados especialistas en recurso de amparo frente a sentencias contencioso administrativas:

  • Recurso de amparo contra decisiones parlamentarias.
  • Recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas.
  • Recurso de amparo contra decisiones judiciales.

Es imprescindible haber agotado la vía judicial antes de interponer el recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales, así como también haber invocado en ésta, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional, siendo requisito insubsanable y común a todas las modalidades de recurso de amparo que el demandante justifique la especial trascendencia constitucional del recurso.

Legitimación

Se encuentran legitimados para comparecer en amparo constitucional:

  • Las personas físicas o jurídicas que invoquen un interés legítimo.
  • El Defensor del Pueblo.
  • El Ministerio Fiscal (interviene en todos los procesos de amparo).

La acción para acudir en amparo al Tribunal Constitucional es personalísima, lo cual impide que sea ejercida por persona diversa a la de su titular -salvo en los casos de representación-.

Asimismo, se encuentran facultados para comparecer en el proceso con el carácter de parte demandada o con el de coadyuvante las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho motivo del recurso o que presenten interés legítimo en el mismo.

Requisitos

Es necesario para su interposición:

  • Que se haya lesionado un derecho fundamental o una libertad pública.
  • Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para obtener su restablecimiento.
  • Que se haya invocado la vulneración del derecho fundamental o libertad pública tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello.
  • Que el problema planteado justifique una decisión como consecuencia de su especial trascendencia constitucional.

Plazos

El plazo improrrogable para la interposición del recurso de amparo es:

  • Tres meses contra decisiones parlamentarias.
  • Veinte días contra disposiciones o actos administrativos.
  • Treinta días contra resoluciones judiciales.
  • Dos días sobre proclamación de candidatos o candidaturas.
  • Tres días sobre proclamación de electos y de Presidentes de las Corporaciones Locales.

En todos los casos, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al de la notificación:

  • De la resolución que pone fin a la vía judicial previa.
  • De las decisiones o actos parlamentarios que sean firmes.
  • De las resoluciones dictadas en el proceso contencioso-electoral.

Representación

Para poder formular el recurso de amparo es preceptivo que el demandante comparezca representado por Procurador actuando bajo la dirección de un Abogado. Ambos profesionales pueden pertenecer a cualquier Colegio del territorio nacional que los habilite para el ejercicio de la profesión.

Procedimiento

Nuestros abogados especialistas en recurso de amparo frente a Sentencias Contencioso – Administrativo, por mandato normativo, inician dicha impugnación mediante demanda dirigida al Tribunal Constitucional haciéndose constar con claridad y concisión: los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales infringidos, así como el fijar con exactitud el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere infringido.

Para su admisión a trámite, además de cumplir los requisitos legalmente previstos, es preciso que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón a su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia.

Por ende, es menester que en el escrito del recurso de amparo se advierta claramente entre la argumentación canalizada a razonar la existencia de la lesión del derecho fundamental o libertad pública invocada y la designada a evidenciar que la cuestión planteada tiene una especial trascendencia constitucional.

Suspensión del acto reclamado

Habitualmente la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto o decisión impugnado; empero, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede ordenar su suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto o decisión recurrida no produce perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona, o en su defecto, que el no otorgarla pudiese ocasionar al demandante un perjuicio que conlleve perder el objeto del amparo.

Resolución

La Sentencia dictada al conocer del fondo del recurso otorgará o denegará el amparo solicitado en un plazo de diez días tras deliberación y votación. En caso de que se otorgue su concesión la resolución comprenderá:

  • La declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución impugnado.
  • El reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado.
  • El restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas para su conservación.

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Adela Merino León

Abogada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

José Cortés Bermúdez

Abogado

Proviene de firmas internacionales como el despacho Martínez Echevarría & Rivera Abogados

Durante más de una década de ejercicio profesional, ha participado en la orientación y defensa de todo tipo de asuntos sobre Derecho Administrativo, asesorando a importantes compañías y fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros.

Asimismo, cuenta con experiencia en la resolución de consultas a entidades públicas y privadas, participando en la elaboración de informes  y dictámenes jurídicos de importante complejidad técnica.

Igualmente, de forma periódica, interviene en fase litigiosa ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo.

También participa en diferentes programas docentes en la escuela de formación Administrativando Business School.

María José Amo Gago

Asociada

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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