Recurso de casación

Definición

El recurso de casación es un recurso extraordinario, devolutivo y suspensivo que posee un ámbito restringido de las potestades jurisdiccionales de revisión, por lo que es un recurso que se formula por una serie de motivos determinados y que tiene por objeto la anulación de una sentencia judicial por la incorrecta aplicación o interpretación de la normativa, o bien, porque en ésta no han sido observados los presupuestos legales del procedimiento.

Marco normativo

El recurso de casación se encuentra regulado dentro del ámbito contencioso-administrativo en los artículos 86 a 93 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA).

Competencia

El recurso de casación ordinario, su interposición, sustanciación y resolución se llevará a cabo por la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

En el caso de la casación autonómica, la interposición, sustanciación y resolución se llevará a cabo por una Sección especial de la Sala de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en donde tenga su sede.

Procedencia

Este recurso es procedente con respecto a las sentencias dictadas:

  • En única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
  • En única instancia o en apelación, por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

En el caso de las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos (exceptuándose las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso-electorales).

Asimismo, las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado (siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora).

Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de casación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

Por otra parte, también son susceptibles de recurso de casación los autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia previa interposición del recurso de súplica cuando:

  • Se declare la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
  • Se ponga término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.
  • Se dicten autos recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
  • Se dicten en el ámbito de la ejecución provisional de la sentencia.
  • Se dicten en aplicación de la solicitud de extensión de los efectos de una sentencia firme en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración Pública y de unidad de mercado.

Cabe destacar que, para poder preparar el recurso de casación se debe constatar que la infracción del ordenamiento jurídico presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Algunos de los supuestos en los que podemos advertir el interés casacional de la resolución que se impugna, encontramos:

  • Cuando se fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.
  • Cuando se siente una doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales.
  • Cuando resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general.
  • Cuando interprete y aplique el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

A su vez, se puede presumir el interés casacional cuando:

  • Se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia.
  • Se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.
  • Se declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
  • Se resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
  • Se resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Causas de inadmisión

  • Ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución.
  • Incumplimiento de las exigencias del escrito de preparación.
  • Falta de relevancia y determinación del fallo de las infracciones denunciadas.
  • Carencia de interés casacional objetivo.

Procedimiento

El recurso de casación se prepara ante la Sala que dictó la resolución recurrida. Una vez admitido el recurso, el Letrado de la Administración de Justicia dictará diligencia de ordenación y remitirá las actuaciones a la Sección competente de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo para su tramitación y decisión, concediendo al recurrente un plazo de treinta días desde la notificación de la diligencia para presentar el escrito de interposición del recurso (transcurrido dicho plazo sin presentarse el escrito de interposición, éste se declarará desierto).

Interpuesto el escrito en plazo se dará traslado de éste a la contraparte para que pueda oponerse en un plazo de treinta días. Consecuentemente, se acordará la celebración de la vista, o dar por concluso el recurso, quedando pendiente para votación y fallo.

En los diez días siguientes a la deliberación para votación y fallo se dictará sentencia, la cual precisará la interpretación de las normas que en el auto de admisión a trámite se consideró necesaria su interpretación, resolviendo las cuestiones alegadas en el proceso.

El pronunciamiento de la sentencia podrá:

  • Confirmar la sentencia o auto.
  • Anular la sentencia o auto -ya sea en todo o en parte-.

 

Adela Merino León

Abogada

Tras su paso por otras firmas, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de expedientes relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública y recursos contenciosos de toda índole, entre otros. 

Asimismo, ha intervenido en la elaboración de cursos de experto en Derecho Administrativo.

José Cortés Bermúdez

Abogado

Durante más de una década de ejercicio profesional, ha formado parte de firmas reconocidas como el despacho Martínez Echevarría. Participa en todo tipo de asuntos de Derecho Administrativo con especial práctica e incidencia ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo.

María José Amo Gago

Asociada

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica. Asimismo, se ocupa de abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo e impugnaciones ante instancia supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Ha participado en la defensa de procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo interviniendo periódicamente ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo. 

Asimismo, puntualmente, imparte máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de infinidad de cursos de experto en Derecho Administrativo

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

 

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el contrato menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, ha participado en la sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando, impartiendo formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo.

Ostenta el cargo de Director Ejecutivo en Administrativando Business School.

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