Recurso apelación contencioso – administrativo

Definición

El recurso de apelación contencioso – administrativo, es un recurso ordinario y de carácter devolutivo que se plantea contra aquellas sentencias de los Juzgados de lo contencioso–administrativo y de los Juzgados Centrales de lo contencioso–administrativo.

Regulación

El recurso de apelación se encuentra regulado en los artículos 81 a 85 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–administrativa (LJCA).

Sentencias recurribles:

  • Las que declaren la inadmisibilidad del recurso.
  • Las que hayan sido dictadas en materia de protección de derechos fundamentales.
  • Las que resuelvan litigios entre Administraciones Públicas.
  • Las referidas a impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

No obstante, no son susceptibles de ser recurridos en apelación las sentencias dictadas en asuntos donde la cuantía la cuantía del procedimiento no exceda de 30.000 euros y en las sentencias relativas a los procedimientos que aborden la materia electoral (impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral).

Substanciación del recurso

El procedimiento de este recurso viene establecido el artículo 85 de la LJCA, dentro del cual podemos destacar lo siguiente:

El recurso de apelación, se interpondrá dentro del plazo de quince días mediante escrito razonado con las alegaciones en las que se fundamente el recurso y en donde se podrá solicitar el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables (si no se interpone dentro del plazo señalado, o en su defecto, el recurso no cumple con los requisitos para su procedencia, el Letrado de la Administración de Justicia decretará la sentencia firme).

En caso de que proceda su admisión -previo estudio del Letrado de la Administración de Justicia-, éste será admisible en ambos efectos -salvo que la ley establezca alguna excepcionalidad-, y no cabrá recurso alguno contra su admisión, dando traslado a las partes para que en el plazo de quince días presenten escrito de oposición (la interposición del recurso no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida salvo que la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparación).

Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su práctica tendrá lugar con citación de las partes. Asimismo, las partes, en los escritos de interposición y de oposición al recurso, podrán solicitar que se celebre vista y que se presenten conclusiones, o bien que el pleito sea declarado concluso para sentencia.

Una vez que el litigio sea declarado concluso, la Sala dictará sentencia en el plazo de diez días.

Asesoría del abogado especialista.

Los abogados especialistas en contencioso – administrativo, deben de tener una amplia experiencia en esta clase de recursos que suelen presentar cierta complejidad técnica y en donde las posibilidades de éxito son restringidas. Resulta vital, centrarse en aquéllos aspectos clave que permitan rebatir la sentencia de instancia sin que, por tanto, se reitere o se reproduzca el escrito de demanda inicial.

Adela Merino León

Abogada

Tras su paso por otras firmas, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de expedientes relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública y recursos contenciosos de toda índole, entre otros. 

Asimismo, ha intervenido en la elaboración de cursos de experto en Derecho Administrativo.

José Cortés Bermúdez

Abogado

Durante más de una década de ejercicio profesional, ha formado parte de firmas reconocidas como el despacho Martínez Echevarría. Participa en todo tipo de asuntos de Derecho Administrativo con especial práctica e incidencia ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo.

María José Amo Gago

Asociada

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica. Asimismo, se ocupa de abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo e impugnaciones ante instancia supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Ha participado en la defensa de procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo interviniendo periódicamente ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo. 

Asimismo, puntualmente, imparte máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de infinidad de cursos de experto en Derecho Administrativo

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

 

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el contrato menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, ha participado en la sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando, impartiendo formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo.

Ostenta el cargo de Director Ejecutivo en Administrativando Business School.

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