Como es sabido, en base al principio de revisión propio de la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, las pretensiones (lo que se solicita), entre la vía administrativa y el recurso contencioso – administrativo, deben de ser la misma. En su defecto, se podría incurrir en lo que se conoce como “desviación procesal”, que conllevaría.

Vaya por delante, que la legislación local no contiene una previsión expresa sobre la posibilidad de que la representación y defensa en juicio de los miembros de las Corporaciones Locales deban de ser sufragados por parte de la Corporación. No obstante, nuestros Tribunales, han admitido dicha posibilidad, bajo el pretexto de los artículos 75.4 de.

Conviene indicar que dicha infracción, la de abandono de servicio, debe de ser interpretada con cautela y de forma restrictiva. Y ello, por la sencilla razón, de que  tal conducta suele venir calificada en las normativas sectoriales, como una infracción muy grave, lo que lleva aparejado unas consecuencias de envergadura tales como la separación del.

A la hora de plantear un procedimiento de responsabilidad patrimonial, hemos de cerciorarnos de que el daño o perjuicio que se invoca, trae causa en un derecho adquirido, perfeccionado, patrimonializado y no en una mera expectativa, habida cuenta que éstas últimas, no resultan ser indemnizables por medio del instituto de la responsabilidad patrimonial de la.

Actualmente, nos encontramos pendientes de que el Alto Tribunal se pronuncie sobre dicho extremo, tras haber considerado, mediante Auto de 19 Jun. 2017, Rec. 1372/2017 que la cuestión presenta interés casacional objetivo. Establece así el meritado Auto: “Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la entidad mercantil CENTRO MÉDICO MAESTRANZA S.A. contra.

Tal y como he tenido oportunidad de comentar en otros artículos, la ausencia de tramitación electrónica de una licitación pública, supondría su anulación. A modo de ejemplo, conviene recordar que la Resolución nº 632/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras muchas, revoca unos pliegos por admitir la presentación no electrónica de ofertas..

Tras la nueva regulación de los contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), existen dudas interpretativas sobre buena parte de su contenido. Analizamos seguidamente, a modo de pregunta – respuesta, aquellos extremos que resultan más controvertidos, intentado arrojar luz y claridad sobre los mismos. 1º.-¿Regulación de.

Publicamos interesante artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario Habilitado Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo.  Partir que, según la STS de 13 de febrero de 2019 (rec.1718/2017 (FD5), para la que “la atribución por el Estatuto de Autonomía de competencias exclusivas sobre una materia, no puede afectar a las competencias estatales concurrentes.

En materia de derivación de responsabilidad tributaria, concretamente en el supuesto en que aquella acaece como consecuencia de transmisión u ocultación de bienes tendentes al vaciamiento del patrimonio del deudor principal, hemos de indicar que el plazo de prescripción para exigir dicha responsabilidad tributaria, ha de empezar a contar desde que se pueda ejercitar la.

Publicamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario con Habilitación Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo.  Con carácter general, es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) la norma clave para acercarnos al recurso de apelación en sus aspectos prácticos y al que dedica sus artículos.