Sobre los requisitos exigidos para entender la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales y la posible derivación de responsabilidad solidaria entre ellas, por parte de la Administración Pública actuante (normalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social), conviene traer a colación, a efectos ilustrativos y tomando como referencia lo expuesto al respecto.

Los requisitos que han de ser cumplidos para la práctica de las notificaciones en el supuesto de que el interesado no se encuentre en su domicilio o éste último sea desconocido, quedan establecidos a grande rasgos, en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.

En aplicación de la normativa en materia de contratación pública, cuando una persona física o jurídica tiene un crédito contra una Administración Publica y lo cede a un tercero, simplemente bastará la comunicación fehaciente de dicha cesión a ésta última. Una vez cursada dicha comunicación, la Administración tendrá que proceder sin más (y sin discutir.

Imaginemos por un momento el siguiente escenario: a un administrativo le fue otorgada una determinas subvención o ayuda. Sin embargo, con posterioridad, la Administración competente, considera que, por las circunstancias que fuere (normalmente falta o insuficiente justificación de la misma o incumplimiento de sus obligaciones), no procede el pago de la misma (pérdida del derecho.

El artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas -TRLA-, reconoce el uso privativo de las aguas cuando procedan de manantiales situados en el interior de los predios y el correspondiente aprovechamiento en él de las aguas subterráneas, cuando.

Quizás parezca una obviedad pero, recientemente, he podido observar la interposición de un recurso contencioso – administrativo contra el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo sancionador. No está de más recordar, que tanto el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador como la propuesta de resolución del mismo, resultan ser actos de trámites no.

  Imaginemos el siguiente escenario, que se repite con más normalidad de la que pensamos: una Administración exige un reintegro de subvención a un administrado. Una vez se decreta el reintegro con la oportuna resolución administrativa, sin perjuicio de que ésta sea recurrida, se afronta el pago de la cantidad exigida. Con posterioridad, se obtiene.

Nuestro Tribunal Constitucional, al considerar que la notificación edictal resulta ser el último remedio de la notificación, exige, una cierta diligencia por parte de la Administración en la localización del verdadero domicilio del administrado, antes de acudir a este mecanismo excepcional, pues no deja de ser una ficción legal, debiendo de agotar otros medios para.

  El procedimiento de tasación pericial contradictoria, a mi entender y salvo mejor criterio, obedece a un método más a disposición del contribuyente para debatir las comprobaciones de valores realizadas por la Administración, pero no puede configurarse como un método obligatorio y único para debatir las valoraciones realizadas. Pudiendo optar el interesado por cualquier otro.