Seguidamente, artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario Habilitado Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo. Previsto en la Constitución que la propiedad privada no es un derecho absoluto sino que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente.

El supuesto que planteo, resulta ser bien sencillo, aunque no por ello exento de dudas en la práctica: Administración condenada por sentencia de un Juzgado o Tribunal del orden de lo contencioso – administrativo, que acuerda ejecutar dicha resolución judicial. Sin embargo, el interesado considera que la ejecución no se ha llevado a cabo conforme.

Presentamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario Habilitado y Doctorando en Derecho Administrativo. El Patrimonio de las Administraciones Públicas es el “conjunto de bienes y derechos que pueden estar sujetos a un doble régimen: de carácter jurídico público, los bienes y derechos demaniales, y de carácter jurídico privado, los patrimoniales”. Encuentra.

Presentamos interesante artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario con Habilitación Nacional y Doctorando en Derecho Administrativo y que versa sobre las cuestiones más importantes que hemos de conocer acerca de la solvencia económica que puede ser exigida a los licitadores.  Para poder contratar con la Administración pública, los aspirantes han de.

Publicamos artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario de Habilitación Nacional y doctorando en Derecho Administrativo.  La Exposición de Motivos de la LCSP 2017, reconoce “objetivos que inspiran la nueva regulación, como lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio”. Para ello que, en su art..

Artículo sobre las cuestiones más importantes del instituto de la Responsabilidad Patrimonial y que ha sido redactado por parte de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter Nacional y doctorando en Derecho Administrativo. Nuestra Constitución garantiza la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en su artículo 9.3.

Imaginemos por un momento, que la parte recurrente no alega ni en vía administrativa ni tampoco en fase judicial (al tiempo de formalizar la oportuna demanda contencioso – administrativa), la caducidad del procedimiento administrativo. En tal caso, me pregunto, ¿podría apreciarla de oficio el Juzgado o Tribunal de lo Contencioso Administrativo que esté conociendo del.

Una vez que a nivel estatal, entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP2017), legitimada por la competencia estatal que la Constitución en su artículo 149.1.18, atribuye de manera exclusiva al Estado, y con ella transpuestas por fin, a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas del Parlamento Europeo.

Como es sabido, la Mesa de Contratación, al objeto de valorar aquellos criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de valor, podrá valerse de cuantos Informes técnicos considere oportunos y necesarios. En ciertas ocasiones, la intervención de tales técnicos resulta necesaria por disposición legal, por el artículo 146.2 a) LCSP. Concretamente, en los procedimientos de.

Quería compartir con vosotros, la satisfacción que supone para mí, que administrativando forme parte de los 42 blogs jurídicos que han sido más ovacionados en el pasado 2018, reconocimiento éste que viene realizando anualmente  el Sr. D. José Ramón Chaves García, Magistrado de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.