Guía integral del Impuesto sobre sucesiones y donaciones en España

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España

I. ¿En qué consiste el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones consiste en un tributo de naturaleza directa, personal, subjetiva, progresiva e instantánea, cuya finalidad principal es gravar los incrementos patrimoniales obtenidos por las personas físicas a título lucrativo, es decir, de forma gratuita, ya sea por causa de muerte o mediante actos inter vivos.

Un aspecto jurídico especialmente relevante en su relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en lo sucesivo, IRPF). La normativa establece una regla de incompatibilidad entre ambos tributos, de manera que los incrementos patrimoniales sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no quedan sometidos al IRPF. Con ello se evita que un mismo enriquecimiento patrimonial gratuito tribute dos veces dentro del ámbito de la imposición directa sobre la renta o el patrimonio de las personas físicas.

II. ¿Cuál es el marco normativo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

El régimen legal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se apoya, principalmente, en dos normas estatales:

  1. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en lo sucesivo, Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
  2. Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

No obstante, en la actualidad se trata de un tributo cedido a las Comunidades Autónomas, tanto en lo relativo a su rendimiento como al ejercicio de amplias competencias normativas, conforme a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Por ello, aunque el impuesto conserva una base estatal común, su aplicación práctica depende en gran medida de la normativa autonómica correspondiente, que puede introducir reducciones propias, modificar determinados aspectos de la tarifa, regular coeficientes multiplicadores y aprobar bonificaciones en la cuota.

Esta configuración explica las importantes diferencias territoriales existentes en materia de sucesiones y donaciones, especialmente en ámbitos como las adquisiciones entre familiares, la vivienda habitual, la empresa familiar o determinadas bonificaciones autonómicas. Por ello, el análisis del impuesto exige atender conjuntamente a la normativa básica estatal y a la regulación específica de la Comunidad Autónoma competente.

Dada la complejidad técnica del tributo y sus notables diferencias territoriales, en Administrativando Abogados abordamos estos asuntos desde una perspectiva tributaria y administrativa integral, tanto en la planificación de herencias y donaciones como en la presentación de autoliquidaciones, solicitud de prórrogas, comprobaciones de valores, recursos y defensa frente a la Administración tributaria.

III. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

La naturaleza jurídica del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, viene determinada por sus siguientes características:

  1. Es un tributo de naturaleza impositiva, por lo que, no exige una contraprestación directa por parte del Estado -como ocurriría con una tasa-, sino que se fundamenta exclusivamente en la manifestación de capacidad económica sobrevenida del contribuyente, derivada de actos inter vivos o transmisiones mortis causa.
  2. Es directo: Grava una manifestación inmediata y directa de la capacidad contributiva: la adquisición o incremento del patrimonio neto de la persona receptora.
  3. Es personal y subjetivo: El hecho imponible está ligado de forma indisoluble a una persona física determinada (el sujeto pasivo/adquirente). Además, la cuantía final a pagar varía según las circunstancias personales del tributante (grado de parentesco con el causante/donante, patrimonio preexistente y reducciones familiares).
  4. Es progresivo: La cuota tributaria aumenta de forma más que proporcional a medida que incrementa la base liquidable (el valor neto de lo heredado o recibido).
  5. Es instantáneo: A diferencia de los impuestos periódicos (como el IRPF), éste se devenga en un momento puntual: el día del fallecimiento del causante en las sucesiones, o el día en que se formaliza el acto o contrato en las donaciones.

IV. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones?

El hecho imponible en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, lo constituye los incrementos patrimoniales netos obtenidos por personas físicas a título gratuito. En ese sentido, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el hecho imponible se materializa en tres supuestos fundamentales:

  1. Adquisiciones Mortis Causa

Comprende la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio derivado del fallecimiento de una persona (el causante). Esto incluye tanto la transmisión de la propiedad como la de otros derechos reales o facultades jurídicas transmisibles.

  1. Adquisiciones Inter Vivos

Engloba los incrementos patrimoniales obtenidos mediante transmisiones gratuitas realizadas entre personas vivas. Siendo la figura jurídica por excelencia la donación, aunque también abarca contratos asimilados o negocios jurídicos gratuitos.

  1. Percepción de Seguros de Vida

Aplica cuando el beneficiario de un contrato de seguro sobre la vida percibe las cantidades estipuladas, siempre que el contratante de la póliza sea una persona distinta del beneficiario, con las salvedades dispuestas en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

V. Requisitos esenciales para que se configure el hecho imponible en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Para que el hecho imponible se entienda válidamente realizado y nazca la obligación tributaria, deben concurrir los siguientes elementos fundamentales:

  1. Naturaleza personal (Sujeción de personas físicas): El incremento de patrimonio debe ser obtenido necesariamente por una persona física. Las adquisiciones a título gratuito realizadas por personas jurídicas quedan fuera del ámbito de este impuesto.
  2. Adquisición a título lucrativo (Ausencia de contraprestación): El desplazamiento patrimonial debe realizarse de forma gratuita o a título lucrativo, sin que exista una contraprestación onerosa por parte del beneficiario. Este requisito engloba los tres supuestos de sujeción: las adquisiciones mortis causa (herencia o legado), las donaciones inter vivos y la percepción de seguros de vida cuando el contratante es una persona distinta del beneficiario.
  3. Incremento patrimonial real y efectivo (Enriquecimiento neto): El tributo se fundamenta en el gravamen de una capacidad económica manifestada a través de un enriquecimiento del sujeto pasivo. Para determinar este enriquecimiento de forma precisa, la base imponible se calcula sobre el valor neto de la adquisición individual; esto significa que al valor real de los bienes y derechos se le deben restar las cargas, deudas y gastos deducibles que la ley permite, como las deudas del fallecido o los gastos de última enfermedad y entierro.
  4. Existencia de un título jurídico válido: La adquisición debe traer causa de un título sucesorio (testamento o sucesión legítima) o de un negocio jurídico gratuito debidamente formalizado, entendiéndose el devengo en la fecha del fallecimiento del causante o en la de celebración del acto o contrato, respectivamente.

VI. ¿Quiénes están obligados a liquidar el Impuesto sobre sucesiones y donaciones?

Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las personas físicas que se benefician del aumento de patrimonio a título gratuito. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en una compraventa -donde paga quien transmite o quien adquiere según el contrato-, en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la obligación tributaria recae siempre y de forma exclusiva en quien recibe los bienes o derechos, ya sea, ostentando la condición de heredero, legatario, beneficiario de seguro o donatario.

VII. ¿Cuál es el plazo legal para declarar y pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

El plazo para declarar y pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es:

  1. En el caso de sucesiones (Mortis causa), seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento del causante.

También será el plazo de 6 meses cuando el impuesto traiga causa en la consolidación del dominio en el nudo propietario por el fallecimiento del usufructuario, aunque la desmembración del dominio se realice mediante actos inter vivos.

  1. En el caso de donaciones (transmisiones inter vivos) el plazo es de treinta días desde la fecha en que se formalice el acto o contrato (habitualmente mediante escritura pública ante notario). No obstante, este plazo puede verse alterado dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que tengamos que liquidar el tributo analizado.

En los supuestos de adquisiciones mortis causa en los que el transmitente no haya fallecido, sino que se han articulado mediante pactos sucesorios, el plazo será de un mes a contar desde que se formalice el acto o contrato.

Una de las cuestiones que más dudas suscita es la posibilidad de prórroga del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto. Tal y como establece el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las autoridades competentes para la recepción de la documentación podrán otorgar un plazo igual al señalado (6 meses) en el caso de las adquisiciones por herencia (mortis causa) y deberá efectuarse en los cinco primeros meses del plazo.

VIII. ¿Dónde se debe tributar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

El lugar donde se debe tributar Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, va a depender del tipo de transmisión:

  1. En caso de Sucesiones (mortis causa): Se tributa en la Comunidad Autónoma donde el fallecido (causante) haya tenido su residencia habitual durante los últimos 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento, al margen de la ubicación de los bienes o de la residencia del heredero.
  2. En caso de Donaciones (inter vivos):
    1. Si se trata de bienes inmuebles, en la Comunidad Autónoma donde radique el inmueble. Si los bienes se encontrasen en diferentes Comunidades Autónomas, el impuesto deberá declararse en la Comunidad donde se halle el bien de mayor valor y en el caso de que tuvieran el mismo valor, sería indiferente la Comunidad Autónoma elegida.
    2. Si se trata de bienes muebles o dinero, en la Comunidad Autónoma donde el donatario, es decir, quien recibe, haya tenido su residencia habitual en los últimos 5 años.

En el caso de ser varios los donatarios y con distinta residencia cada uno, la autoridad competente será la de la Comunidad Autónoma donde resida el donatario de bienes de mayor valor. Si sucediera que todos los bienes tienen el mismo valor, sería indiferente la Comunidad Autónoma donde se presente la declaración.

En ambos casos, si el bien donado o el donatario estuvieran en el extranjero, la autoliquidación deberá ser presentada en la Delegación de Hacienda de Madrid.

Por último, en el caso de que la donación haya consistido en bienes de ambas naturalezas, si el bien de mayor valor es el bien mueble, se tributa en la Comunidad Autónoma de tu residencia habitual. Si no, en donde radique el bien inmueble.

IX. ¿Cuándo prescribe la deuda tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones?

La prescripción de la deuda tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prescribe a los 4 años. El cómputo para la prescripción del impuesto comienza formalmente cuando finaliza el lapso de declaración voluntaria, salvo que la Administración Tributaria interrumpa el plazo mediante actos de fiscalización:

  1. En Sucesiones (mortis causa): Transcurridos 4 años y 6 meses desde el fallecimiento.
  2. En Donaciones (inter vivos): Transcurridos 4 años y 30 días hábiles desde la formalización del acto (este plazo también puede verse alterado en algunas comunidades autónomas).

En el siguiente video, nuestra socia en Administrativando Abogados, María José amo Gago, aborda algunas de las principales características del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, te pueden interesar los siguientes artículos que desde Administrativando Abogados hemos preparado:

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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