Tribunal Económico-Administrativo (TEA-TEAC): Qué es, competencias y cómo recurrir ante él

tribunal economico administrativo

I. ¿Qué es el Tribunal Económico Administrativo?

Los Tribunales Económico-Administrativos (TEA) son órganos administrativos especializados encargados de resolver las reclamaciones que los ciudadanos, empresas y demás obligados tributarios interponen frente a determinados actos dictados por la Administración Tributaria y otros órganos económico-administrativos.

Aunque se denominan “tribunales”, no forman parte del Poder Judicial, sino de la propia Administración. Actúan con independencia funcional respecto de los órganos que dictaron el acto impugnado y constituyen una vía de revisión administrativa especializada en materia tributaria y económico-administrativa.

La reclamación económico-administrativa permite discutir liquidaciones, sanciones, providencias de apremio, embargos, devoluciones tributarias, derivaciones de responsabilidad u otros actos administrativos de contenido económico, sin acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. En muchos casos, esta vía económico-administrativa es previa y obligatoria antes de poder interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados y Tribunales competentes.

II. Estructura Orgánica de los Tribunales Económico-Administrativos y ámbito competencial

La estructura orgánica de los Tribunales Económico-Administrativos se presenta de la manera siguiente:

  1. Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC): Con sede en Madrid, conoce en única o segunda instancia de las reclamaciones de mayor cuantía o trascendencia, fija doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria y resuelve los recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio o de doctrina.
  2. Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR) y Locales (TEAL): Con sede en las capitales de Comunidad Autónoma y en Ceuta y Melilla, conocen en primera o única instancia de las reclamaciones iniciadas en sus respectivos ámbitos territoriales.
  3. Tribunales Económico-Administrativos Locales (Municipios de Gran Población): Órganos especializados creados en el marco del régimen especial regulado en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para los ayuntamientos de gran dimensión.

 III. ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Económico Administrativo?

En términos generales, y conforme a lo previsto en el artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los Tribunales Económicos Administrativos, conocen de las reclamaciones económico-administrativas frente a los actos dictados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería General de la Seguridad Social o las Administraciones tributarias locales y autonómicas (según los convenios o materias). En ese sentido, sus principales competencias abarcan:

  1. Gestión e impugnación de liquidaciones tributarias (IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, etc.).
  2. Impugnación de imposición de multas o sanciones tributarias.
  3. Embargos, providencias de apremio y derivaciones de responsabilidad.
  4. Reclamación entre particulares, es decir, disconformidades por repercusión de impuestos -como el IVA-, o retenciones entre obligados tributarios.

IV. ¿Cómo recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo?

Para interponer un Recurso Económico-Administrativo ante el Tribunal Económico-Administrativo, debe seguirse el siguiente procedimiento:

  1. Si el recurso se dirige ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) o el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la vía se inicia mediante la reclamación económico-administrativa.
  2. Debe presentarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo impugnado (liquidación, sanción, resolución de recurso de reposición, etc.) o desde la producción del silencio administrativo.
  3. El escrito se dirige al órgano administrativo que dictó el acto que se desea impugnar (no directamente al TEA), el cual se encargará de remitirlo al Tribunal junto con el expediente administrativo. En este caso, la presentación debe realizarse a través de la sede electrónica del organismo correspondiente -como la Agencia Estatal de Administración Tributaria-.
  4. El escrito de interposición debe contener:
    1. Identificación: Datos del reclamante y, en su caso, del representante.
    2. Acto impugnado: Identificación precisa del acto administrativo o resolución objeto de la reclamación y órgano que lo dictó.
    3. Órgano al que se dirige: Indicar el Tribunal Económico-Administrativo competente (Regional o Central).
    4. Domicilio a efectos de notificaciones.
  1. Una vez recibido el expediente en el Tribunal Económico-Administrativo, éste lo pondrá de manifiesto al interesado para que, en el plazo de 1 mes, presente el escrito de alegaciones acompañado de los medios de prueba que estime oportunos.
  2. El Tribunal dicta resolución estimando total o parcialmente la reclamación, desestimando o declarando su inadmisibilidad. El plazo legal para resolver es de 1 año, -transcurrido el cual cabe entender desestimada por silencio-.

V. ¿Qué recursos caben contra una resolución de un Tribunal Económico Administrativo?

Las resoluciones dictadas por los Tribunales Económico-Administrativos, agotan la vía administrativa tributaria. Contra ellas pueden interponerse distintos recursos en función del órgano que haya dictado la resolución -un Tribunal Regional o el Central-, de la cuantía del procedimiento o del perfil del recurrente (obligado tributario o la propia Administración). En ese sentido, tenemos:

  1. Si la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo perjudica los intereses del contribuyente, existen dos vías principales de impugnación:
    1. Recurso Ordinario de Alzada, ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, siempre que se trate de resoluciones dictadas en instancia por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales. Para ello, es necesario que la cuantía de la reclamación supere los límites legales, por ejemplo, 150.000 euros de cuantía del acto impugnado (o de la deuda tributaria), o 1.800.000 euros si la reclamación se refiere a la fijación de bases o rendimientos.

En este caso, se cuenta con un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional.

    1. Recurso Contencioso-Administrativo (Vía Judicial), el cual se interpone ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si la resolución agota la vía administrativa o la cuantía no permite la alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, para ello se tendrá un plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del TEA -o de 6 meses en caso de silencio administrativo desestimatorio-.
  1. No obstante, tanto para el contribuyente como, en su caso, para la Administración, existen cauces extraordinarios, como:
    1. El Recurso Extraordinario de Revisión, el cual se interpone ante el Tribunal Económico Administrativo Central, en el plazo de 3 meses cuando aparezcan documentos recobrados de valor esencial, se ponga de manifiesto falsedad documental o de testimonios, o exista prevaricación o delito declarado por sentencia judicial firme.
    2. El Recurso de Anulación, el cual, se presenta ante el mismo Tribunal Económico Administrativo, que dictó la resolución en el plazo de 15 días cuando se haya omitido el trámite de alegaciones, se declare la indefensión por error en notificaciones o exista incongruencia omisiva manifiesta.

VI. ¿Se necesita abogado y procurador para interponer una reclamación económico-administrativa?

No es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador para actuar ante los Tribunales Económico-Administrativos, aunque la complejidad técnica de la materia tributaria aconseja contar con asesoramiento especializado en derecho administrativo y tributario.

VII. Asesoramiento Especializado con Administrativando Abogados

Dada la trascendencia de las resoluciones emitidas por los Tribunales Económico-Administrativos y el impacto económico que conllevan las liquidaciones y sanciones tributarias, contar con una estrategia jurídica rigurosa desde la primera fase procedimental resulta determinante para el éxito de la impugnación.

En Administrativando Abogados, firma de referencia a nivel nacional en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo letrado de máxima especialización. Ofrecemos una cobertura integral que abarca desde la preparación e interposición de la reclamación económico-administrativa y la formulación del escrito de alegaciones, hasta la solicitud de suspensión cautelar de actos impugnados, la interposición de recursos de alzada ante el TEAC y la posterior representación técnica ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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Resumen

Los Tribunales Económico-Administrativos (TEA), estructurados en órganos centrales (TEAC), regionales (TEAR) y locales, son entidades administrativas especializadas encargadas de resolver las reclamaciones previas y obligatorias frente a actos tributarios como liquidaciones, sanciones o embargos. El procedimiento se inicia en el plazo de un mes desde la notificación del acto mediante escrito dirigido al órgano emisor, otorgando posteriormente un mes para alegaciones antes de la resolución del tribunal, que cuenta con un plazo legal de un año.

Al agotar la vía administrativa, sus resoluciones pueden impugnarse ante el TEAC mediante recurso de alzada (en función de la cuantía), acudir a la vía judicial contencioso-administrativa en dos meses o utilizar recursos extraordinarios de anulación o revisión. Dada la complejidad técnica del proceso, resulta fundamental disponer del apoyo letrado especializado de Administrativando Abogados para estructurar una defensa sólida tanto en la vía económico-administrativa como en la judicial.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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