Deslinde administrativo: ¿Qué es? y ¿cómo se tramita?

I. ¿Qué es el deslinde administrativo?

El deslinde administrativo es el procedimiento mediante el cual la Administración determina, de forma unilateral, declarativa y ejecutiva, los límites físicos de sus bienes de dominio público frente a las propiedades colindantes de los particulares.

A diferencia del deslinde civil, en el que los propietarios colindantes acuden ante los tribunales en posición de igualdad, en el deslinde administrativo la Administración ejerce su potestad de autotutela. Es decir, instruye, resuelve y, en su caso, ejecuta el deslinde sin necesidad de acudir previamente a la jurisdicción civil. Su finalidad principal no es adquirir nuevos terrenos, sino concretar materialmente el alcance espacial de una titularidad pública ya existente, delimitando con precisión hasta dónde llega el bien de dominio público y dónde comienzan las propiedades privadas colindantes.

Dada la intensidad de esta prerrogativa administrativa y su posible incidencia sobre el derecho de propiedad de los particulares, resulta imprescindible contar con asesoramiento técnico y jurídico especializado. En Administrativando Abogados, firma de referencia nacional en Derecho Administrativo, prestamos defensa especializada para proteger los derechos e intereses patrimoniales de los propietarios afectados por expedientes de deslinde.

II. Marco normativo del deslinde administrativo

El régimen jurídico general del deslinde administrativo se encuentra regulado en los artículos 50 a 54 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), así como en los artículos 61 a 67 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003 (en adelante, Reglamento General de la LPAP).

Estas normas establecen la potestad de las Administraciones Públicas para deslindar sus bienes, especialmente los de dominio público, cuando existan dudas, imprecisiones o controversias sobre sus límites con propiedades colindantes. Asimismo, regulan el procedimiento administrativo aplicable, la intervención de los interesados, la práctica de operaciones técnicas, la resolución del expediente y los efectos jurídicos del deslinde aprobado.

III. Aspectos característicos del deslinde administrativo

Entre los aspectos característicos del deslinde administrativo se puede resumir lo siguiente:

1. Conforme a la potestad de autotutela, la Administración no necesita acudir previamente a los tribunales ordinarios para deslindar sus bienes, sino que puede tramitar y resolver el procedimiento por sí misma.
2. El deslinde administrativo tiene carácter declarativo. Por tanto, no atribuye una nueva propiedad a la Administración, sino que declara y concreta los límites físicos de un bien público cuya titularidad ya existe.
3. Una vez firme el acuerdo de deslinde, puede acceder al Registro de la Propiedad y prevalecer frente a los asientos registrales anteriores que resulten contradictorios, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan corresponder a los particulares afectados.

IV. ¿Cómo se tramita el deslinde administrativo?

Conforme a lo previsto en la LPAP y en el Reglamento General de la Ley 33/2003, el procedimiento de deslinde administrativo se tramita, con carácter general, a través de las siguientes fases:

1. Inicio del procedimiento: El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por iniciativa de la propia Administración, o a instancia de los propietarios colindantes. En este último caso, los gastos que se generen podrán ser a cargo del solicitante, siempre que conste en el expediente su conformidad expresa. Para su cobro, la Administración podrá acudir, en su caso, a la vía de apremio.
2. Elaboración de la memoria previa: Antes de acordar el inicio del procedimiento, deberá elaborarse una memoria justificativa que comprenda, al menos, los siguientes extremos:
   1. Justificación de la conveniencia del deslinde propuesto.
   2. Descripción de la finca o fincas objeto del deslinde, con expresión de sus linderos generales, enclaves, colindancias y extensión perimetral y superficial.
   3. Título de propiedad y, en su caso, certificación registral, información sobre los incidentes relativos a la propiedad, posesión o disfrute, así como certificación catastral.
   4. Presupuesto de gastos del deslinde, con la conformidad del propietario colindante cuando el procedimiento haya sido promovido por este.
3. Anotación en el Registro de la Propiedad: El acuerdo de iniciación se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, a fin de que se haga constar la incoación del procedimiento mediante nota marginal. Si el deslinde afecta a una finca no inmatriculada, se procederá previamente a la inscripción del título adquisitivo o, en su defecto, de la certificación administrativa correspondiente, sin que ello suspenda la tramitación del expediente.
4. Publicación y notificación del inicio: El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal radique el inmueble, sin perjuicio de que puedan emplearse otros medios adicionales de difusión.
5. Audiencia a los interesados y fase de alegaciones: El acuerdo de iniciación deberá notificarse a quienes conste que ostentan derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el deslinde. Estos podrán presentar alegaciones y aportar los documentos que estimen oportunos para la defensa de sus derechos dentro del plazo señalado en la publicación del acuerdo de incoación, que finalizará necesariamente veinte días antes del inicio del apeo.
   El apeo consiste en la operación material y técnica dirigida a fijar con precisión los linderos de la finca objeto del deslinde.

Desde Administrativando Abogados recomendamos la intervención letrada desde esta fase inicial, a fin de formular alegaciones sólidas y coordinar las pruebas periciales, topográficas o registrales necesarias para evitar una delimitación perjudicial de la parcela afectada.

6. Acta de apeo, plano y nuevo trámite de audiencia: Concluido el apeo, se incorporarán al expediente el acta o actas levantadas y un plano a escala de la finca deslindada. Finalizado este trámite, el expediente se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en el plazo de diez días, aleguen lo que estimen conveniente en defensa de su derecho.
7. Resolución del procedimiento: La resolución que apruebe el deslinde deberá dictarse previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano de asesoramiento jurídico que corresponda. Dicha resolución constituye título suficiente para proceder, en su caso, a la rectificación de las inscripciones registrales contradictorias en el Registro de la Propiedad, así como para practicar el amojonamiento físico sobre el terreno; y deberá notificarse a los afectados y publicarse en los términos legalmente previstos
8. Amojonamiento, inscripción registral y comunicación catastral: Una vez firme el acuerdo resolutorio del deslinde, y si resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con intervención de los interesados que lo soliciten. Posteriormente, el deslinde se inscribirá en el Registro de la Propiedad correspondiente y se comunicará conforme a la normativa catastral aplicable.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento y deberá acordarse el archivo de las actuaciones.

V. Medios de impugnación en caso de no estar de acuerdo con el deslinde aprobado

Cuando un particular no esté conforme con el deslinde administrativo aprobado, la vía de impugnación dependerá del motivo concreto de la discrepancia: