Cuando nos enfrentamos a la defensa de un expediente sancionador en materia de derecho administrativo, hemos de ser conscientes, de que no existe un plazo de caducidad específico para que la Administración en cuestión, desde que tiene conocimientos de los supuestos y presuntos hechos infractores

Con cierta regularidad, nos encontramos con que el órgano de contratación en cuestión, en el seno de una licitación, publica una nota de aclaraciones o rectificación de errores materiales, en virtud de la cual modifica los pliegos rectores de la licitación en los extremos que

Con cierta regularidad, se alega por aspirantes que hayan participado en procesos selectivos, que el Tribunal calificador ha tenido un trato de favor respecto de uno o varios candidatos. Sin embargo, hemos de señalar que tal afirmación, deberá de estar suficientemente probada. Las meras conjeturas

Imaginemos que somos interesados en un procedimiento administrativo. Sin embargo, la Administración actuante, ha practicado una notificación defectuosa de la resolución que ponía fin a dicho expediente. Tal defecto puede ser, por ejemplo, porque lo haya comunicado a otro domicilio que no se corresponde con

¿Qué entendemos por incompetencia en el ámbito del Derecho Administrativo?   Podríamos definirla como la ausencia de atribución legal de una determinada competencia a favor del órgano jurisdiccional administrativo, por lo que éste no puede ejercerla, ya que, de hacerlo, podrá conllevar la nulidad o

¿Puede una Administración contratante imponer penalidades al contratista una vez que el contrato ha sido ejecutado y recepcionado sin reservas?. Aún cuando la cuestión no está exenta de discusión y existen posturas encontradas al respecto, hemos de indicar que la corriente más asentada, pasa por

La regulación de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo de la LRJCA, se integra por un sistema general (artículo 129 a 134) y dos supuestos especiales (artículo 135 y 136), y viene caracterizado por una serie de notas que han puesto de manifiesto

¿De qué plazo dispone la Administración Pública contratante para iniciar y resolver un expediente de penalización al contratista por incumplimiento del contrato en cuestión?. La respuesta, a mi parecer, es clara y evidente: tres meses desde que el incumplimiento se produjo. El conocido Informe 8/12,

Comparto artículo publicado hoy en CONFILEGAL en coautoría con D. José Enrique Candela Talavero, Secretario – Interventor de la Administración Local y, actualmente, Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).  El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, no conforme con el contenido de la

Se requiere al licitador para que aporte la oportuna garantía provisional o definitiva. Sin embargo, la misma se constituye en cuantía inferior a la que corresponde. Habiendo transcurrido el preceptivo plazo para su aportación sin que se repare dicho error, cabe preguntarse, ¿nos hallamos ante

A la pregunta ¿cómo ha actuado la Administración Pública, desde el punto de vista jurídico, frente a la ciudadanía, en el contexto de crisis económica cuyos estragos aún seguimos padeciendo?, la respuesta, que resulta ser rotunda y sin reservas, no se hace esperar: desplegando con

Comparto con todos vosotros, entrevista que me ha realizado el Diario Córdoba y que ha sido publicada en el día de hoy:

Conviene traer a colación, la interpretación reiterada que sobre el instituto de la caducidad y sobre los efectos que puede comportar en procedimientos posteriores de gravámen, se viene efectuando por la jurisprudencia contencioso-administrativa (entre otras, en SSTS/III 24-febrero-2004 -casación 3754/2001, 5-octubre-2010 -casación 412/2008, 21-noviembre-2012 -casación

Tal y como nos hemos referido en otras entradas, cuando hablamos de “Derecho Administrativo”, extendiendo dicho concepto a la esfera judicial “Contencioso Administrativo”, nos hallamos inmersos en una disciplina de contenido y especialización sencillamente ilimitada. Enumeramos algunos ejemplos de las innumerables áreas de práctica que configuran

Las Federaciones deportivas, pese a que no han sido expresamente citadas en las diferentes normativas sobre contratación pública, sí que han sido consideradas como Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). Sobre este particular, resulta muy ilustrativo el trabajo realizado al respecto por D. José Antonio

En ciertas ocasiones, principalmente en los pequeños municipios, se desconoce si un terreno determinado (normalmente camino o acceso), resulta ser de titularidad pública o privada. En tales casos, si existan evidencias de que tales terrenos pueden ser públicos, la Administración Local competente, debe de investigar

Para lo bueno y para lo malo, los Pliegos rectores de la licitación vinculan a las partes (tanto a la Administración Contratante como al licitador). Pudiera pensarse, que es una afirmación lógica, más que asentada y que resulta ser conocida. Sin embargo, muchos recurrentes no

Resulta frecuente, principalmente en términos municipales con escasa población, que terrenos que pertenecen al dominio público, sean parcialmente invadidos, cercados o cortados, por algún que otro ciudadano que quiere apoderarse de los mismos, aprovecharse de situaciones en los que no está clara su titularidad o

Con cierta regularidad, en Derecho Administrativo, nos encontramos con procedimientos de concurrencia competitiva que finalmente son declarados nulos o anulables por los Tribunales de Justicia pero que ya han sido ejecutados sin que, por tanto, sea posible retrotraer el procedimiento y realizar la oportunidad concesión

Tenemos nuevamente el placer de «escuchar», a través de este artículo, a nuestro colaborador José Enrique Candela Talavero, Secretario-Interventor de la Administración Local. Un problema que con frecuencia puede presentarse en los ayuntamientos, relacionado con la titularidad de la licencia de actividad, se produce cuando al ayuntamiento