Tal y como nos hemos referido en otras entradas, cuando hablamos de “Derecho Administrativo”, extendiendo dicho concepto a la esfera judicial “Contencioso Administrativo”, nos hallamos inmersos en una disciplina de contenido y especialización sencillamente ilimitada. Enumeramos algunos ejemplos de las innumerables áreas de práctica que configuran esta disciplina, así como una mera pincelada de las posibles actuaciones a realizar en cada una de ellas:
• Expropiación forzosa y valoraciones.
Tramitaciones de expedientes expropiatorios, asistencia a actas previas y de ocupación, hojas de aprecio, alegaciones, recursos, intereses de demora, así como todos los asuntos relaciones con procedimientos de reversión.
• Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Se interviene tanto en la gestión del patrimonio de las Administraciones, como en la adquisición y privatización de sociedades públicas.
• Ordenación del territorio y urbanismo.
Redacción de planeamiento, así como en los procedimientos relacionados con su ejecución, gestión y disciplina urbanística. Juntas de compensación y entidades urbanísticas de colaboración.
• Contratación Pública.
Asesoramiento en licitaciones públicas. Elaboración y revisión de pliegos. Redacción de informes jurídicos. Solicitud de aclaraciones y recursos. Resoluciones de contratos, reclamación de pago del precio, intereses moratorios, asistencia a mesas de contratación…
• Función Pública.
Defensa de los derechos que correspondan a los funcionarios o empleados públicos.
• Procedimientos tributarios.
Orientación de cualquier procedimiento tributario que afecte a nuestros clientes, en cualquier fase del procedimiento (alegaciones, recursos de reposición, reclamaciones ante Tribunales Económicos).
• Sectores regulados.
Asesoramiento en relación a las distintas materias reguladas, tanto en aquellas de corte tradicional: derecho de aguas, minas, costas, puertos, turismo, transporte, farmacia, estancos…), como en las de mayor actualidad tales como telecomunicaciones, energía o juego.
• Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Redacción de informes y ejecución de actuaciones tendentes a la exigencia de tal responsabilidad por daños y perjuicios causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un Organismo de naturaleza pública.
• Procedimientos sancionadores.
Intervención en la defensa de los mismos, con independencia del ámbito de actuación de que se trate.
• Subvenciones y ayudas.
Asesoramiento, tanto en su tramitación, como en los procedimientos instados por la Administración encaminados a su reintegro.
• Nacionalidad y extranjería.
Reconocimiento de situaciones administrativas en materia de nacional y extranjería, así como la impugnación de actos desfavorables en dichas materias para el administrado.
• Contencioso-Administrativo.
Una vez se ponga fin a la vía administrativa y siempre y cuando el acto administrativo en cuestión, afecte, ya sea total o parcialmente, a los intereses del ciudadano en cuestión, queda expedita la vía jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, al objeto de que los Tribunales revisen el actuar de la Administración actuante y determinen su procedencia o improcedencia, de acuerdo con las pretensiones en su caso instadas por el recurrente.
