Procedimientos de concurrencia revocados una vez que los mismos han sido ejecutados

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Con cierta regularidad, en Derecho Administrativo, nos encontramos con procedimientos de concurrencia competitiva que finalmente son declarados nulos o anulables por los Tribunales de Justicia pero que ya han sido ejecutados sin que, por tanto, sea posible retrotraer el procedimiento y realizar la oportunidad concesión o adjudicación en los términos finalmente establecidos por el Juez.

Un simple ejemplo nos puede servir para ilustrarnos sobre la situación que planteo. Se desarrolla un procedimiento de concurrencia para el otorgamiento de una subvención, sin embargo uno de los candidatos a la misma, resulta ser excluido. Se impugna dicho acto administrativo y finalmente en sede administrativa o en vía judicial se revoca dicha decisión de exclusión considerando que procedía el otorgamiento de la subvención al beneficiario recurrente. Sin embargo, el objeto de la subvención ya se ha ejecutado..

En dicho supuesto, ¿correspondería al recurrente, la totalidad de la ayuda solicitada y que no le fue otorgada al haberse producido una irregularidad por la Administración actuante, cuando no ha incurrido en los gastos propios del objeto pretendido por la subvención?.

La respuesta es negativa. Normalmente, los Tribunales, en la misma línea expositiva que vienen utilizando en contratación pública, suelen conceder en tales situaciones el beneficio industrial, que tiende a ser cifrado aproximadamente en el 6% del presupuesto de ejecución industrial.

Extrapolando dicho escenario al supuesto fáctico que hemos planteado, del lado del sentir de la Jurisprudencia mayoritaria, se podría otorgar un máximo de un 10% del objeto de la ayuda, lo que no, insisto, la totalidad de la misma, al no haberse incurrido en los gastos propios del proyecto objeto de subvención. Si existe, además, un perjuicio económico constatable, podría ser también solicitado como indemnización.

A este respecto, resulta ilustrativo el Dictamen nº. 37/2014, de 5 de febrero del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha, en cuya Consideración Jurídica VI, in fine que, para un supuesto tremendamente similar al ejemplo que hemos reseñado, mutatis mutandi, se puede leer expresamente:

“(…) No obstante, dada la naturaleza de las actividades de gestión objeto de subvención, más cercanas a las prestaciones subsumibles en la categoría del contrato de servicios, cabría elevar el importe de la indemnización al 10% de la suma previamente determinada como módulo de referencia -47.957,20 euros-, mediante una proyección analógica de las previsiones establecidas para los supuestos de desistimiento en este tipo de contratos y dirigidas a compensar al afectado el beneficio dejado de obtener, reflejadas hoy en día en el artículo 309.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. De tal modo, la indemnización a calcular con arreglo a los expresados criterios por el concepto mencionado ascendería al importe de 4.759,72€”.

Finaliza exponiendo el citado Consejo:

“Que apreciándose relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios del Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha y los perjuicios soportados por la Asociación K, a consecuencia de la errónea exclusión de dicha entidad en un procedimiento de concesión de subvenciones convocado por Resolución de dicho organismo autónomo, de 30 de diciembre de 2011, procede reconocer el derecho de la reclamante a la percepción de una indemnización en los términos expuestos en la consideración VI”.

Sentado cuanto antecede, cabe concluir, que en aquellos procedimientos de concurrencia competitiva que son finalmente revocados pero que ya han sido ejecutados y en los que el recurrente, por mandato judicial, ha sido reconocido como el verdadero beneficiario de la subvención, adjudicatario del concurso público,…), no le corresponde  el importe en que se basaba el objeto propio de la concurrencia, sino una parte simbólica del mismo que, por ejemplo en contratación pública, suele ser el beneficio industrial y que en materia de subvenciones suele ceñirse al 10% como máximo del importe de la ayuda en cuestión. 

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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