El recurso de alzada: principales características

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Notas introductorias

En el presente artículo, se procede a analizar, a grandes rasgos, el recurso de alzada, que goza de suma importancia, al considerarse el recurso común en la Administración General del Estado, y de las Comunidades Autónomas con estructura jerárquica de dos o más niveles.

¿Qué entendemos por Recurso de alzada?

El recurso de alzada es una impugnación de carácter administrativo, ordinario y preceptivo por medio del cual se pretende que un órgano administrativo revise un acto dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de aquel, confirmando que el mismo se ajuste a derecho o, por el contrario, proceda a su revocación.

A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que en el seno de éstas actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos, y, en su defecto, del que haya nombrado al presidente.

Regulación

Este recurso se encuentra regulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015. El artículo 121 concretamente recoge el objeto del recurso de alzada, esto es las resoluciones y actos a los que se refiere el artículo 121.1 cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.

¿Ante quién podrá interponerse?

El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo (superior jerárquico). Si se interpone ante al órgano que dictó el acto impugnado este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será el responsable directo de lo previsto anteriormente.

Características

Con respecto al motivo de interposición, se configura como un recurso administrativo de ilegalidad. Es un recurso ordinario, pues procede contra todo acto salvo exclusión expresa, y fundado en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, frente a los extraordinarios, los cuales solo proceden en los casos concretos previstos en la Ley y deben fundarse en motivos legalmente tasados, como sucede en el caso del recurso de revisión.

El recurso de alzada, a diferencia del recurso de reposición que es potestativo, es obligatorio para que el acto o resolución no devenga firme, pues impide acudir a vía contenciosa-administrativa. Es decir, la no interposición del mismo, cierra la puerta a la jurisdicción.

Es un recurso jerárquico, dado que permite al órgano superior corregir la actuación de su inferior y determinar que el acto eventualmente recurrible ante la jurisdicción contenciosa lo es por haber agotado la vía administrativa.

Adicionalmente, es un recurso devolutivo, dado que debe ser resuelto por otro órgano administrativo de categoría superior al que resolvió inicialmente y no suspensivo, de modo que su interposición, en términos generales, no tiene carácter suspensivo de la ejecutividad del acto que se impugna, debiendo estarse a lo dispuesto por el artículo 117 Ley 39/2015 que establece que » la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado».

El denominado “recurso de alzada impropio”

El articulo 121.2 de la Ley 39/2015, dispone que el recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para su resolución. En este sentido, también existe el denominado recurso de alzada impropio, que se puede interponer frente a actos dictados por entidades dependientes o vinculadas a una Administración territorial, como pueden ser los organismos autónomos.

El recurso de alzada impropio se interpone y resuelve ante una Administración diferente de la que dicto el acto que se recurre, de modo que la relación entre los órganos es de tutela y no de naturaleza jerárquica.

Plazos: acto expreso vs acto presunto

Con respecto a los plazos, habrá de acudirse al artículo 122 de la Ley 30/2015, que dispone que el plazo para interponer el recurso de alzada será de 1 mes si el acto fuera expreso, al igual que el recurso de reposición. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

Por su parte, si el acto no fuera expreso, tanto el solicitante como otros posibles interesados, podrán interponer el recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Por otro lado, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses, a diferencia del recurso de reposición que deberá resolverse en el plazo de 1 mes. Transcurrido el plazo sin que se haya dictado resolución, se podrá entender desestimado, salvo en el caso previsto en el artículo 24.1 tercer párrafo de la Ley 39/2015, es decir, salvo que se haya interpuesto el recurso contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo legal, en cuyo caso se entiende estimado si el órgano competente para resolver no dictase resolución expresa llegado el plazo de resolución.

Contra la resolución de un recurso de alzada, no procede ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015. No obstante, si la resolución del recurso de alzada es expresa o presunta, podrá acudirse directamente a la vía jurisdiccional interponiendo un recurso contencioso-administrativo.

¿Qué resoluciones son recurribles en alzada?

El recurso de alzada puede interponerse frente a los mismos actos susceptibles de recurso potestativo de reposición, es decir contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, o en el caso de que se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad.

No obstante, en este caso, los actos recurribles, son aquéllos que aún no han puesto fin a la vía administrativa.

Cómputo de plazos: fecha a fecha

Al respecto del cómputo de plazos de fecha a fecha, la LPAC dispone que se cuentan a partir del día siguiente al día de la notificación de la resolución, pero vence el mismo día de la notificación del mes siguiente, salvo que el último día del plazo sea inhábil en cuyo caso, se entiende prorrogado al día hábil siguiente. Si, por ejemplo, me notifican el día 2, empieza a computar el plazo para recurrir el día el 3 y finaliza el 2 del mes siguiente antes de que empiece el 3, de modo que hasta las 23.59 del 2 del mes siguiente podríamos recurrir.

Si me notifican el 31 de enero, dispongo de 1 mes para interponer alzada, pero como en el mes de vencimiento, que es febrero, no hay día equivalente, tengo hasta el 28 de febrero, día en que finaliza el plazo de 1 mes, para interponer el recurso, dado que no tiene día 31.

A efectos prácticos, significar que lo correcto es computar de fecha a fecha. Si, por tanto, recibo la notificación el 2 de junio, el plazo venderá el próximo 2 de julio.

¿Para obtener la suspensión del acto recurrido hay que solicitarlo expresamente?

El recurso de alzada, al igual que el de reposición, es un recurso no suspensivo, de modo que no basta con la interposición del recurso para obtener la suspensión del acto recurrido.

A este respecto, es recomendable indicar que, cuando la intención del recurrente pasa por suspender la aplicación y efectos del acto recurrido, no le basta con la mera interposición del recurso puesto que se le exhorta a que solicite expresamente su suspensión, al objeto de que asimismo pueda entrar en aplicación directa la paralización cautelar expresamente contemplada en el artículo 117.3 de la LPAC, en los términos que siguen:

“La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. En estos casos no será de aplicación lo establecido en el artículo 21.4, segundo párrafo, de esta Ley”.

Sin perjuicio de lo anterior, en términos generales, la interposición del recurso de alzada suspende la ejecutividad del acto cuando nos encontremos ante actos de gravamen o desfavorables para el interesado. Por ejemplo, en materia sancionadora, ex artículo 98.6 LPAC.

Consideraciones finales

El recurso de alzada es un recurso administrativo de ilegalidad, ordinario, preceptivo, devolutivo y no suspensivo que procede frente a los mismos actos que el recurso de reposición siempre que no pongan fin a la vía administrativa. Este recurso sirve para agotar la vía administrativa respecto de los actos y resoluciones que por si mismas no la agoten.

Su marco legal se encuentra en los artículos 121 y 122 de la LPAC. El recurso se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Para dilucidar qué actos son recurribles en alzada, a sensu contrario, podemos acudir al artículo 114 LPAC apartados 1 y 2, dado que se enumeran los actos que agotan la vía administrativa.

En cuanto a los plazos, en la práctica, resulta fundamental distinguir si el acto recurrible es expreso o si se trata de un acto presunto, pues el plazo de interposición varía. Además, también procede tener especial cuidado con el cómputo de plazos de fecha a fecha pues el plazo se cuenta a partir del día siguiente al día de la notificación de la resolución, pero vence el mismo día de la notificación del mes siguiente, salvo que el último día del plazo sea inhábil o que en el mes de vencimiento no haya día equivalente.

Por último, hay que destacar que, no se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de alzada, siendo obligatoria la interposición de la alzada como requisito previo para poder acudir al juez o tribunal de lo contencioso.

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