La regulación de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo de la LRJCA, se integra por un sistema general (artículo 129 a 134) y dos supuestos especiales (artículo 135 y 136), y viene caracterizado por una serie de notas que han puesto de manifiesto

¿De qué plazo dispone la Administración Pública contratante para iniciar y resolver un expediente de penalización al contratista por incumplimiento del contrato en cuestión?. La respuesta, a mi parecer, es clara y evidente: tres meses desde que el incumplimiento se produjo. El conocido Informe 8/12,

Comparto artículo publicado hoy en CONFILEGAL en coautoría con D. José Enrique Candela Talavero, Secretario – Interventor de la Administración Local y, actualmente, Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).  El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, no conforme con el contenido de la

Se requiere al licitador para que aporte la oportuna garantía provisional o definitiva. Sin embargo, la misma se constituye en cuantía inferior a la que corresponde. Habiendo transcurrido el preceptivo plazo para su aportación sin que se repare dicho error, cabe preguntarse, ¿nos hallamos ante

A la pregunta ¿cómo ha actuado la Administración Pública, desde el punto de vista jurídico, frente a la ciudadanía, en el contexto de crisis económica cuyos estragos aún seguimos padeciendo?, la respuesta, que resulta ser rotunda y sin reservas, no se hace esperar: desplegando con

Comparto con todos vosotros, entrevista que me ha realizado el Diario Córdoba y que ha sido publicada en el día de hoy:

Conviene traer a colación, la interpretación reiterada que sobre el instituto de la caducidad y sobre los efectos que puede comportar en procedimientos posteriores de gravámen, se viene efectuando por la jurisprudencia contencioso-administrativa (entre otras, en SSTS/III 24-febrero-2004 -casación 3754/2001, 5-octubre-2010 -casación 412/2008, 21-noviembre-2012 -casación

Las Federaciones deportivas, pese a que no han sido expresamente citadas en las diferentes normativas sobre contratación pública, sí que han sido consideradas como Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). Sobre este particular, resulta muy ilustrativo el trabajo realizado al respecto por D. José Antonio

En ciertas ocasiones, principalmente en los pequeños municipios, se desconoce si un terreno determinado (normalmente camino o acceso), resulta ser de titularidad pública o privada. En tales casos, si existan evidencias de que tales terrenos pueden ser públicos, la Administración Local competente, debe de investigar

Para lo bueno y para lo malo, los Pliegos rectores de la licitación vinculan a las partes (tanto a la Administración Contratante como al licitador). Pudiera pensarse, que es una afirmación lógica, más que asentada y que resulta ser conocida. Sin embargo, muchos recurrentes no

Resulta frecuente, principalmente en términos municipales con escasa población, que terrenos que pertenecen al dominio público, sean parcialmente invadidos, cercados o cortados, por algún que otro ciudadano que quiere apoderarse de los mismos, aprovecharse de situaciones en los que no está clara su titularidad o

Con cierta regularidad, en Derecho Administrativo, nos encontramos con procedimientos de concurrencia competitiva que finalmente son declarados nulos o anulables por los Tribunales de Justicia pero que ya han sido ejecutados sin que, por tanto, sea posible retrotraer el procedimiento y realizar la oportunidad concesión

Tenemos nuevamente el placer de «escuchar», a través de este artículo, a nuestro colaborador José Enrique Candela Talavero, Secretario-Interventor de la Administración Local. Un problema que con frecuencia puede presentarse en los ayuntamientos, relacionado con la titularidad de la licencia de actividad, se produce cuando al ayuntamiento

El artículo 149.1 16 de nuestra Constitución Española, establece expresamente: “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”. Hemos de reparar, por tanto, en lo que se ha entender

Os presentamos interesante artículo de nuestro colaborador Antonio Jesús Pérez Valderrama, abogado especialista en Derecho Administrativo. El arrendamiento, es la figura jurídica más común a la hora de utilizar y gestionar los bienes patrimoniales por parte de los Entidades Locales. Debemos definir dicha figura, como

Ocurre con cierta regularidad en los municipios, que la prestación de un servicio público no es prestado directamente por el mismo, sino por una empresa externa por medio del oportuno título concesional. Sin embargo, a veces, cambios políticos, cambios de estrategia, de mentalidad…hacen que el

Conviene señalar algunas consideraciones que pueden resultar de interés a la hora de tener que justificar una oferta anormal o desproporcionada en un procedimiento de licitación pública: 1º.-Siguiendo el artículo 149.4 de la nueva LCSP (que entrará en vigor, como sabemos, el próximo 9 de

Presentamos interesante artículo de nuestro colaborador D. José Enrique Candela Talavero, Director de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).  Interpuesto recurso con base en cierto conflicto planteado de naturaleza competencial ante el Tribunal Constitucional por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos :(4, 5, 6,

Cuando a un administrado le es notificado un reintegro de subvención (en caso de haber recibido la cantidad económica previamente reconocida) o, en su caso, una pérdida al derecho al cobro de dicha cantidad (en el supuesto de no haber sido aún liquidada), cuenta con