¿Cuánto gana un abogado en derecho de telecomunicaciones?

I. ¿Qué regula el derecho de telecomunicaciones?

El derecho de telecomunicaciones es el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la transmisión, recepción y emisión de información. En España se regula mediante la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, la cual tiene por objeto la regulación de las telecomunicaciones y que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación.

II. ¿Cuáles son las funciones de un abogado de derecho de telecomunicaciones?

Un abogado de derecho de telecomunicaciones se ocupará, entre otras funciones, de negociar las condiciones contractuales con las compañías que prestan servicios de telecomunicaciones y las empresas proveedoras. Al mismo tiempo, es experto en el asesoramiento para la redacción de contratos para los usuarios (tanto condiciones generales, como particulares de prestación de servicios) que garanticen que se cumpla la legislación en materia de telecomunicaciones con el fin de garantizar su protección.

Asimismo, se ocupará de reclamar, en el caso de que se produzca un incumplimiento contractual, la inclusión en ficheros de morosos o que su cliente haya recibido reclamaciones de impago, teniendo, además como funciones la tramitación de expedientes ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por lo que, su experiencia se convierte en un valor añadido a la hora de realizar notificaciones en todo tipo de servicios específico del establecimiento de redes de comunicación y comunicaciones electrónicas, siendo precisamente la experiencia, uno de los aspectos a tomar en consideración para saber: ¿cuánto gana un abogado de derecho de telecomunicaciones?

Por otra parte, pueden encargarse de los trámites oportunos para el despliegue de redes y para obtener licencias de obras en instalación de antenas, negociación con comunidades de propietarios o despliegue de infraestructuras. De igual manera, se consolidan como expertos en asesoría y negociación de conflictos centrados en reventa o prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, interoperabilidad, acceso indirecto y compartición de infraestructuras.

En materia de asesoría jurídica, su actividad también se centra en la numeración. También pueden realizar las oportunas notificaciones a Telefónica en nombre del operador, en cuanto a aplicación de precios mayoristas detallados en servicios regulados, referido a ofertas mayoristas OIR; NEBA; ORLA; OBA; MARCo; y AMLT.

Por último, un abogado especialista en esta vertiente legal puede elaborar planes de negocios para el despliegue de infraestructura de servicios de comunicaciones, y realizar las gestiones oportunas de ayudas públicas y privadas, acompañando a sus clientes con la asesoría en procesos de licitación o ayudándoles en la gestión de multas, tasas y sanciones.

III. ¿Cuáles son los aspectos característicos que presenta un abogado de derecho de telecomunicaciones a nivel profesional?

Un abogado de derecho de telecomunicaciones cuenta con la especialización necesaria para centrarse en cualquier problemática relacionada con las telecomunicaciones, sin importar su complejidad. Su experiencia le capacita para afrontar los conflictos que puedan surgir con operadoras de telecomunicación y empresas, defendiendo los intereses tanto de usuarios y consumidores, como de las propias operadoras, aspectos estos que son claves para determinar cuánto gana un abogado de derecho de telecomunicaciones

Su compromiso, además, le permite ofrecer un servicio integral, con un asesoramiento global centrado en cualquiera de los ámbitos expertos, y todo ello con la garantía de ofrecer a sus clientes un servicio cercano a la excelencia, incluso en asuntos caracterizados por la máxima complejidad, lo que sin duda aporta un gran valor añadido al cliente, que se muestra seguro de recibir un servicio de calidad, 100% personalizado y rentable.

Los aspectos antes mencionados, evidencian la importancia de contar con un abogado especializado en este campo para garantizar el cumplimiento de las normativas legales, proteger los intereses de la empresa y asegurar una competencia justa en el mercado.

IV. ¿Cuánto gana un abogado de derecho de telecomunicaciones?

En España, el salario de un abogado en derecho de telecomunicaciones puede variar significativamente, dependiendo de varios factores, como la experiencia, la especialización, conocimiento, la dedicación, el lugar de trabajo y el tipo de despacho o empresa, para la que preste el servicio, por lo que, se debe tener presente que los valores que se muestran a continuación son valores promedios que se tienen como referencia del estudio efectuado del mercado laboral para esta profesión en detalle a través de diversos enlaces externos, sitios web, entre otros.

En general, un abogado junior en este campo puede ganar entre 25.000 y 40.000 euros al año. Con algunos años de experiencia, el salario puede aumentar a un rango de 40.000 a 70.000 euros anuales. Mientras que, los abogados con más experiencia o aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en grandes firmas pueden ganar más de 70.000 euros al año. Además, trabajar en empresas tecnológicas o en el sector público también puede influir en el salario.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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