¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana?

I. Apuntes iniciales

En España desde que las competencias sobre ordenación territorial fueron delegadas a las Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978, éstas se han dedicado a legislar y desarrollar su propia normativa en materia de ordenación territorial, lo que ha dado lugar a que cada una de las Comunidades Autónomas tenga su propia ley de ordenación territorial.

Cada una de dichas leyes de ordenación territorial establece el instrumento que debe desarrollarse en cada Comunidad Autónoma, es decir, si son instrumentos regionales, sectoriales, etc. Como consecuencia de lo anterior, existe una gran heterogeneidad de instrumentos de ordenación territorial.

Sin embargo, en este artículo nos vamos a centrar en un tipo de instrumento de ordenación territorial conocido como el Plan General de Ordenación Urbana.

II. ¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana?

El Plan de Ordenación Urbanística es, a nivel municipal, el instrumento más importante de ordenación territorial que existe porque su contenido engloba la totalidad del municipio. Básicamente todas las ciudades y la inmensa mayoría de municipios tienen un Plan General de Ordenación Urbana en el que se recogen todas las medidas para diseñar, organizar, planificar y ordenar el territorio determinado, que normalmente se suele realizar a nivel municipal.

Se trata de un instrumento básico en el que se realiza la planificación del terreno mediante la clasificación del suelo, el régimen urbanístico aplicable a cada clase de suelo y se recogen los elementos esenciales de los sistemas de equipamientos y servicios municipales. Es decir, se emplea como base legal para la edificación y urbanización del municipio.

III. Naturaleza normativa del Plan General de Ordenación Urbanística

Tal y como hemo señalado anteriormente, un Plan General de Ordenación Urbana, tanto si es general para todo el territorio municipal, como parcial para un sector determinado del municipio, es un reglamento, esto es, una norma, con las correspondientes consecuencias que eso conlleva.

En primer lugar, el Plan General de Ordenación Urbanística dota de contenido las facultades dominicales de los propietarios de un terreno o suelo. Es decir, en el mismo se establece el uso que puede darse a cada parcela, indicando si es posible la construcción de algún inmueble en él y bajo qué condiciones.

En segundo lugar, tiene las características propias de las normas: contenido abstracto y general, sujeto al principio de publicidad y con efectos erga omnes.

No existe duda en la doctrina jurídica de la fuerza normativa del Plan General de Ordenación Urbana y la necesidad imperiosa de que el mismo sea estrictamente cumplido.

IV. Competencia para dictar un Plan General de Ordenación Urbana

Actualmente la competencia para dictar este tipo de instrumento urbanístico pertenece a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, son los municipios quienes finalmente desarrollan su Plan de Ordenación Urbana en función de sus propios intereses.

Obviamente, el precitado plan no debe contradecir la legislación de mayor rango aplicable, ya sea regional, autonómica o estatal.

Asimismo, y dada la importancia que tiene este instrumento en la ordenación integral de un municipio, la aprobación definitiva del plan corresponde a la Administración Autonómica correspondiente. Es por ello que la aprobación inicial y provisional del Plan General de Ordenación Urbana es competencia del Pleno del Ayuntamiento conforme a lo establecido en los artículos 22.2 c), 47.2 y 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la aprobación definitiva corresponde al órgano administrativo autonómico que la normativa aplicable determine.

Reproducir vídeo

V. Características comunes del Plan General de Ordenación Urbana

Teniendo en cuenta todo lo establecido sobre el Plan General de Ordenación Urbanística , sus características generales, son las siguientes:

(i) El Plan General de Ordenación Urbana contempla la ordenación integral del territorio, es decir, la intención del mismo es incidir sobre la totalidad del municipio tanto desde un punto de vista territorial como desde un punto de vista funcional.

(ii) El ámbito territorial del mismo puede ser de dos tipos dependiendo de la Comunidad Autónoma: en primer lugar, se encuentran aquellas Comunidades Autónomas que contemplan el Plan General de Ordenación Urbana como un instrumento de ordenación urbanística aplicable únicamente a un municipio, y, en segundo lugar, tenemos aquellas Comunidades Autónomas que consideran que los planes generales son aplicables a uno o varios términos municipales completos.

(iii) La obligatoriedad de su existencia de acuerdo con lo establecido en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana del 2015 que establece que cada municipio debe tener un planeamiento general. Esto dio lugar a una disyuntiva entre un Plan General y las distintas normas de planeamiento subsidiarias aplicables, que fue resuelto por cada una de las Comunidades Autónomas en su normativa autonómica.

(iv) Y por último, su naturaleza de norma con las correspondientes consecuencias que eso conlleva: publicidad, abstracción y efectos erga omnes.

VI. Principios inspiradores del Plan General de Ordenación Urbana

Al tratarse de una competencia otorgada a las Comunidades Autónomas, la regulación de estos instrumentos de ordenación urbanística resulta muy dispar. Es más, algunas Comunidades Autónomas han recogido en su normativa principios que deben regir y ser respetados por los planes de ordenación formulados por los poderes públicos.

Todos estos principios van orientados a que la planificación urbana respete unos estándares mínimos de ordenación y sostenibilidad, evitando el uso abusivo que conlleve a la desvirtualización del modelo de ciudad existente hoy en día.

Dichos principios, que también son aplicables al urbanismo en general pueden ser sintetizados en:

(i) La racionalidad que debe estar presente en la ordenación y del desarrollo de las políticas públicas.

(ii) El urbanismo debe ser sostenible, es decir, se debe planificar y diseñar las ciudades teniendo en cuenta los medios naturales que lo rodean.

(iii) Conservación del patrimonio y del medio ambiente.

(iv) Subordinación al interés general.

(v) La equidistribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios del suelo afectado por los instrumentos de ordenación territorial.

(vi) Los principios de transparencia, eficacia y eficiencia que deben estar presentes en toda actuación pública.

VII. Documentación necesaria para realizar un Plan General de Ordenación Urbana

Tal y como indicamos, la competencia de regulación sobre la ordenación territorial corresponde a las Comunidades Autónomas, por lo que la legislación aplicable es muy diversa. Sin embargo, a grandes rasgos, se suele pedir la siguiente documentación para la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbanístico:

(i) Memoria del Plan General en el que se recoja la situación existente y los cambios que se pretenden realizar y su justificación.

(ii) Planos cartográficos del territorio.

(iii) Deberá señalar las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

(iv) Un estudio económico-financiero donde se incluyan los costes que implica la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana propuesto y los medios financieros que se disponen para ello.

(v) Programa de actuación que debe contener el plan de desarrollo del territorio a largo plazo.

(vi) Resumen ejecutivo en el que delimiten los cambios que se van a producir en la ordenación actual, con su plano de situación y el alcance de las alteraciones, así como aquellos ámbitos que quedan suspendidos.

(vii) Informe de sostenibilidad con un mapa de los riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación, así como de la sostenibilidad económica, indicando el impacto que tendrá el Plan de Ordenación Urbanística sobre las Haciendas Públicas y las infraestructuras.

VIII. Contenido del Plan General de Ordenación Urbana

En relación con el contenido del Plan General de Ordenación Urbana, nos encontramos con dos tipos: uno general y común independientemente de la clasificación del suelo (determinaciones genéricas) y otro específico para cada una de las clasificaciones del suelo (determinaciones específicas).

De un lado, dentro de las determinaciones genéricas del Plan General de Ordenación Urbana nos encontramos con la clasificación del suelo, el destino urbanístico de cada clase de suelo, la medidas de protección medioambientales, las previsiones de revisión del Plan de Ordenación, los terrenos reservados para las dotaciones y equipamientos públicos, etc.

De otro lado, cuando hablamos de las determinaciones específicas estamos haciendo referencia a las disposiciones que se encargan de determinar cuál será el modelo de ocupación del suelo, las disposiciones de cuidado y preservación del suelo, los requisitos y demandas que deben cumplir las construcciones que tenga planeado crear en ese suelo concreto, etc.

IX. Conclusiones

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento de diseño y planificación de uno o varios municipios. Con carácter general la normativa establece que cada municipio debe contar con su propio Plan General de Ordenación Urbana, si bien cada normativa autonómica regula circunstancias excepcionales que permiten que haya municipios exentos de dicha obligación.

La aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana corresponde a los Plenos de los Ayuntamientos, mientras que la aprobación final y definitiva de cada uno de ellos, queda otorgada al órgano autonómico correspondiente.

Por último, se debe tener en cuenta que los creadores del Plan General de Ordenación Urbanística deben diseñar el modelo urbano teniendo en cuenta y respetando los estándares, normas y principios urbanísticos aplicables.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Newsletter

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Call Now Button