Letrados de Administrativando Abogados que defienden este proceso judicial.
Las demandas colectivas presentadas por Administrativando Abogados en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona pone de manifiesto una problemática de alcance general y creciente preocupación en el seno de la Administración catalana: la PRESUNTA falta de transparencia y equidad en los concursos de méritos convocados para la provisión de puestos estables en la Generalitat de Catalunya.
Las resoluciones PRE/2224/2025, de 13 de junio, y PRE/909/2025, de 13 de marzo, han motivado la impugnación judicial por más de sesenta funcionarios que, agrupados por este despacho jurídico especialista en función pública, alegan haber sido presuntamente discriminados, viéndose privados de su legítimo derecho de acceso a la fase preferente de adjudicación de plazas, a pesar de ostentar la condición de funcionario de carrera por la vía de la promoción interna especial.
Esta modalidad de promoción fue creada por el legislador para responder a la necesidad de corregir la temporalidad endémica y abrir vías realistas de desarrollo profesional ante situaciones de estancamiento.
No obstante, según se expone en los recursos, la Administración ha interpretado de forma restrictiva y contraria al espíritu de la norma tanto el alcance de los beneficiarios de la fase preferente como la composición del catálogo de vacantes ofertadas.
El principal reproche estriba en que las bases permiten acceder a las mejores plazas únicamente a funcionarios que ya eran titulares de un cuerpo específico antes del proceso de estabilización, excluyendo así a quienes, legítimamente, han alcanzado su estatus como funcionarios de carrera todos ellos de la Generalitat antes de dicha estabilización, aunque por cuerpos o escalas diferentes.
La dicotomía resultante introduce una presunta discriminación injustificable a nivel jurídico y social y perpetúa el desequilibrio que el legislador pretendía corregir.
Junto a esa discriminación formal, las demandas enfatizan la omisión de plazas vacantes disponibles, varias de ellas históricamente ocupadas de forma provisional y ahora suprimidas de la convocatoria sin explicación sustantiva.
Tal actuación, según recalca Administrativando Abogados en los escritos presentados, contraviene tanto la seguridad jurídica de los empleados afectados como la confianza legítima en el funcionamiento regular de la Administración, pilares básicos de toda democracia avanzada.
El equipo jurídico subraya que el perjuicio no es sólo individual, sino estructural, pues genera un precedente peligroso para cientos de procesos futuros y para la motivación del personal público, apartando a profesionales cualificados de puestos a los que legalmente podrían acceder, con incidencia negativa en la eficiencia administrativa y en la satisfacción laboral.
Desde una óptica sustantiva, la demanda hace hincapié en la posible vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, reiterando que el acceso y la carrera interna en la función pública deben regirse por criterios objetivos, no por arbitrariedades administrativas ni por interpretaciones regresivas de la normativa vigente.
El socio-director y fundador del despacho, Antonio Benítez Ostos, recuerda que “la garantía de legalidad en la Administración no es solo una exigencia de los destinatarios de los servicios públicos, sino que constituye un deber ético y jurídico de todos los que ejercen la función pública y de quienes defienden sus derechos”.
Bajo esa premisa, Administrativando Abogados anuncia que continuará su trabajo en defensa de un sistema de mérito, capacidad y legalidad, y muestra su esperanza en que los tribunales catalanes restauren los derechos vulnerados y sienten las bases de concursos públicos mejor regulados, más justos y exentos de toda sombra de posible discriminación.
