El despacho Administrativando Abogados, especializado en Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando la vulneración de principios esenciales que deben regir cualquier convocatoria pública.
La firma defiende que el tribunal calificador modificó presuntamente los criterios de corrección y fijó un sistema de corte distinto al recogido en las bases, sin que tal alteración fuera dada a conocer a los aspirantes de manera clara y previa.
La oposición en cuestión había despertado un interés extraordinario. No en vano, se trataba de la primera gran oferta de plazas para este cuerpo en más de tres décadas. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de junio de 2024, ofertaba 2.500 plazas, atrayendo a más de 60.000 candidatos, de los cuales finalmente se presentaron unos 32.000.
El esfuerzo de los opositores, que dedicaron meses o incluso años a su preparación, contrasta con la sensación de arbitrariedad que muchos de ellos denuncian. “El cambio de reglas a mitad de camino no solo perjudica a quienes quedaron fuera de la lista de aprobados, sino que mina la confianza de los ciudadanos en que la Administración actúa con objetividad”, señalan desde el despacho recurrente.
El socio-director y fundador de la firma, Antonio Benítez Ostos, sostiene que las actuaciones del tribunal son contrarias a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en particular a su artículo 55.2, que obliga a que los procesos selectivos se ajusten a los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Dicho precepto prohíbe expresamente que se introduzcan cambios durante la celebración de las pruebas que alteren las condiciones previamente fijadas.
Lo más llamativo, apuntan los recurrentes, es que la aplicación de los nuevos cortes y criterios habría provocado que candidatos con calificaciones objetivamente más altas quedaran relegados frente a otros con notas inferiores, lo cual evidencia la arbitrariedad de las decisiones tomadas.
La frustración se refleja en los testimonios de opositores que, tras meses de dedicación exclusiva, han visto cómo su esfuerzo no encontraba un reconocimiento justo.
La defensa liderada por Administrativando Abogados, solicita la nulidad de la Resolución de 20 de mayo de 2025, por la que se aprobó la relación definitiva de aspirantes que superaron el proceso. El despacho considera que dicha resolución no se ajusta a derecho y que resulta lesiva para los intereses legítimos de sus representados.
La pretensión principal es que se reconozca como aptos a los opositores perjudicados, aplicando los criterios previstos en las bases originales de la convocatoria, lo que permitiría restituir los principios de legalidad y transparencia vulnerados.
