Sistema LexNet Justicia: ¿en qué consiste y dónde se encuentra regulado?

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Compartimos novedoso artículo, que ha sido redactado por Dª. Victoria Hernández Turiel, abogada y politóloga. Especialista en derecho de nuevas tecnologías. Experta en protección de datos, comercio electrónico y propiedad intelectual e industrial.

La Administración de Justicia se ha visto sometida a un profundo proceso de modernización en los últimos tiempos sobre todo a raíz del empleo de medios telemáticos y electrónicos en las relaciones de los ciudadanos con la Administración, fruto de ello fue la creación del sistema LexNet Justicia.

 

¿En qué consiste el sistema LexNet Justicia?

 

LexNet Justicia, como es sabido, es el sistema de comunicación electrónica por el que desde el 1 de enero de 2016 se realizan de forma efectiva las comunicaciones y se entregan los documentos certificados con firma electrónica.

Concretamente, se trata de un sistema informático de telecomunicaciones implantado para, a través de él, proceder a la presentación de escritos y documentos judiciales, traslado de copias a las demás partes del procedimiento judicial, así como para la realización por medios telemáticos de actos de comunicación procesal, entre otras funcionalidades -las cuales vienen concretadas en el artículo 14 del Real Decreto 1065/2015, que se revisará a continuación-.

 

Regulación

 

LexNet fue insertado dentro de la Administración de Justicia de la mano del Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos; disposición actualmente derogada.

No obstante, no fue hasta el año 2015 cuando se aprobó su regulación con el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet Justicia; aunque su entrada en vigor se produjo en enero del año siguiente.

 

Finalidad del sistema  LexNet Justicia

 

La exposición de motivos del Real Decreto de 2015 explica con toda claridad cual es el objetivo del sistema LexNet:

“El sistema Lexnet ha cumplido de manera satisfactoria las necesidades de comunicación de la Administración de Justicia con los profesionales de la justicia, principalmente con los Procuradores de los Tribunales, y preferentemente para la realización de notificaciones enviadas desde los órganos y oficinas judiciales de todos los órdenes jurisdiccionales a estos profesionales”.

Por su parte, el Capítulo III está dedicado exclusivamente al Sistema LexNet. El artículo 13 lo define como un medio de transmisión seguro de información que garantiza la autenticidad del contenido de los escritos y documentos que se presentan, así como la precisión de las fechas en las que los documentos son “manipulados”; todo ello gracias al uso de técnicas criptográficas que actúan como garantía. Así mismo, el articulo describe las notas características del sistema, y lo clasifica como un sistema de entrega electrónica certificada conforme al marco europeo.

 

Utilidades

 

Entre sus ventajas podemos destacar las siguientes:

  • posibilita el intercambio seguro de información;
  • funciona 24 horas al día todos los días del año;
  • permite el uso de la firma electrónica reconocida;
  • se puede acceder al sistema vía web;
  • supone un ahorro enorme en papel; y
  • es un sistema que facilita la inmediatez en las comunicaciones, pues agiliza el trámite de intercambio y firma digital de documentos entre profesionales de la justicia (lo cual es de trascendental importancia).

 

Obligatoriedad del uso de los sistemas electrónicos

 

Al respecto de la obligación del empleo de medios telemáticos o electrónicos de la Administración de Justicia para la presentación de demandas, ello viene impuesto a los profesionales de la justicia enel artículo 273.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, el mismo artículo en su apartado cuarto establece una excepción, dado que el primer emplazamiento deberá enviarse en papel en los tres días siguientes, con las copias correspondientes tanto para el Tribunal como para las partes.

Artículo 273.4 “[…] Únicamente de los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se deberá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas sean las otras partes”.

Paralelamente, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, prevé la presentación telemática de los escritos por parte de los profesionales o su posterior digitalización (art. 36, apartados 2 y 3) y la necesidad de acompañar con un formulario normalizado debidamente cumplimentado a todo escrito iniciador de un procedimiento (art. 36, apartado 4).

La anterior norma fue desarrollada por el mencionado Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, en cuyo artículo 5 dispone que: “Todos los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados […] así como los Colegios de Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de actos de comunicación”.

El artículo 8 relativo a los canales electrónicos de presentación de escritos, designa a LexNet Justicia como uno de los medios electrónicos para presentar escritos y realizar comunicaciones y notificaciones, quedando a salvo la facultad de realizar dichas actuaciones por medio de la sede judicial electrónica correspondiente.

Además, el Real Decreto obliga a los profesionales de la justicia y a las oficinas judiciales a la remisión de escritos y documentos a través del sistema Lexnet (art. 9.1) e impone que la remisión se acompañe de un formulario normalizado, el cual incorporará determinados datos de identificación (art. 9.3).

 

¿Existen otros medios electrónicos permitidos aparte de LexNet?

 

Aunque en algunos casos el RD de 2015 se refiere expresamente al sistema LexNet, lo cierto es que existen otros canales electrónicos igualmente válidos para que los órganos y oficinas judiciales y fiscales realicen los oportunos actos de comunicación con las partes del proceso y terceros en el caso de que intervengan.

A este respecto, el artículo 11 del RD 1065/2015 señala además del sistema LexNet, a los siguientes canales electrónicos: la sede judicial electrónica, el Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana, añadiendo la posibilidad de otros sistemas electrónicos que puedan establecerse por ley; de modo que; el Real Decreto deja la puerta abierta a la regulación de nuevos calanes electrónicos para la comunicación con la Administración de Justicia.

En suma, LexNet se ha convertido en una herramienta de trabajo en el ámbito de las comunicaciones judiciales tan seguro como puede ser el correo electrónico, al permitir el envío telemático de escritos y documentos judiciales firmados electrónicamente con total seguridad e inmediatez.

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Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

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Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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