Adela Merino

¿De qué plazo dispone la Administración Pública contratante para iniciar y resolver un expediente de penalización al contratista por incumplimiento del contrato en cuestión?. La respuesta, a mi parecer, es clara y evidente: tres meses desde que el incumplimiento se produjo. El conocido Informe 8/12,

Se requiere al licitador para que aporte la oportuna garantía provisional o definitiva. Sin embargo, la misma se constituye en cuantía inferior a la que corresponde. Habiendo transcurrido el preceptivo plazo para su aportación sin que se repare dicho error, cabe preguntarse, ¿nos hallamos ante

Las Federaciones deportivas, pese a que no han sido expresamente citadas en las diferentes normativas sobre contratación pública, sí que han sido consideradas como Poder Adjudicador No Administración Pública (PANAP). Sobre este particular, resulta muy ilustrativo el trabajo realizado al respecto por D. José Antonio

Para lo bueno y para lo malo, los Pliegos rectores de la licitación vinculan a las partes (tanto a la Administración Contratante como al licitador). Pudiera pensarse, que es una afirmación lógica, más que asentada y que resulta ser conocida. Sin embargo, muchos recurrentes no

Conviene señalar algunas consideraciones que pueden resultar de interés a la hora de tener que justificar una oferta anormal o desproporcionada en un procedimiento de licitación pública: 1º.-Siguiendo el artículo 149.4 de la nueva LCSP (que entrará en vigor, como sabemos, el próximo 9 de

Concesión Administrativa   Tanto el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, artículo 114 y siguientes, como la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su

Increíble pero cierto. Aún cuando la nueva norma en materia de contratación pública, no ha entrado en vigor -Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público- la misma ya ha sido modificada junto al TRLCSP, la Ley 31/2007 (Sectores Especiales) y la

Resulta frecuente, que los Órganos de Contratación excluyan determinadas ofertas presentadas por licitadores, al considerar que las mismas han incurrido en errores de cálculo habiendo sido presentadas incorrectamente. En este punto, conviene apuntar, que los meros defectos aritméticos o los desajustes en la presentación de

Para ofrecer cumplida respuesta a la cuestión que formulamos, hemos de partir, de lo dispuesto en el artículo 63 del TRLCSP (actualmente en vigor, hasta tanto no surta efecto la nueva LCSP): «Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá

Frecuente resulta, que un licitador que ha concurrido a un concurso público, no se encuentre conforme con la valoración ofrecida por la Mesa de Contratación o por el Organismo técnico independiente (Comité de Expertos, u órgano especializado a los que hace referencia el artículo 150.2