¿Cómo reclamar funciones de superior categoría en la Administración?

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I. ¿Qué se entiende por funciones de superior categoría en la Administración?

Se entiende por funciones de superior categoría el desempeño efectivo de tareas, responsabilidades o cometidos propios de un grupo, categoría profesional o puesto de superior nivel al que el empleado público tiene formalmente reconocido en virtud de su nombramiento, contrato o clasificación profesional.

Esta situación puede producirse cuando un funcionario o trabajador público asume, de forma continuada o relevante, funciones correspondientes a un puesto con mayores exigencias de responsabilidad, cualificación técnica, complejidad o nivel profesional que las propias de su puesto de origen. Su eventual reconocimiento jurídico o económico dependerá del régimen aplicable, de la naturaleza de las funciones realmente desempeñadas y de las circunstancias concretas del caso.

¿Desempeña funciones de mayor responsabilidad sin el correspondiente reconocimiento? En Administrativando Abogados, despacho especializado en Derecho Administrativo y Empleo Público, analizamos la naturaleza de las funciones efectivamente realizadas y la viabilidad de reclamar, cuando proceda, las diferencias retributivas u otros efectos jurídicos derivados de su desempeño.

II. Elementos característicos de las funciones de superior categoría en la Administración

Dentro de los aspectos característicos de las funciones de superior categoría en la Administración, tenemos:

  1. Las funciones ejercidas deben estar formalmente adscritas a un puesto superior dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o plantilla de la entidad pública, el cual cuenta con un nivel de complemento de destino, complemento específico o grupo de clasificación superior.
  2. No se trata de una expectativa teórica, sino del ejercicio real, continuado y constatable de las tareas propias de ese otro puesto, por ejemplo, un auxiliar administrativo que asume las funciones de tramitación compleja propias de un negociado o un técnico superior, o un administrativo que ejerce tareas de jefatura de sección.
  3. Generalmente ocurre de manera transitoria debido a vacantes sin cubrir, bajas médicas prolongadas, licencias, comisiones de servicio no formalizadas o puntuales picos de trabajo no asumidos por los cauces ordinarios de provisión de puestos.

III. ¿Qué requisitos se deben acreditar para reclamar funciones de superior categoría en la Administración?

Para que una reclamación por desempeño de funciones de superior categoría en la Administración pueda prosperar, resulta fundamental acreditar, entre otros, los siguientes extremos:

Desempeño efectivo y suficientemente continuado, de modo que las funciones superiores no hayan sido meramente ocasionales, esporádicas o puntuales, sino asumidas de forma relevante durante un período determinado.

Atribución, conocimiento o consentimiento de la Administración, ya sea mediante una orden formal del superior jerárquico o mediante circunstancias que permitan acreditar que la Administración conocía y toleraba de forma efectiva el desempeño de esas funciones.

Correspondencia con un puesto o funciones de superior nivel, identificando, cuando sea posible, el puesto de referencia en la Relación de Puestos de Trabajo —RPT—, sus funciones, nivel y complementos, y acreditando que existe una correspondencia sustancial con las tareas realmente desarrolladas.

Prueba suficiente del desempeño, mediante documentos, instrucciones, correos electrónicos, expedientes tramitados, organigramas, certificados, testimonios u otros elementos que permitan demostrar la naturaleza y alcance de las funciones efectivamente realizadas.

¿Desempeña funciones superiores a las reconocidas en su puesto? En Administrativando Abogados, especialistas en Derecho Administrativo y Empleo Público, analizamos las funciones efectivamente desarrolladas, la RPT y la documentación disponible para determinar la viabilidad de reclamar las diferencias retributivas que, en su caso, correspondan.

IV. ¿Cómo reclamar funciones de superior categoría en la Administración?

Para reclamar funciones de superior categoría en la Administración, resulta conveniente seguir las siguientes fases:

1. Recopilación de pruebas: Antes de presentar la reclamación, debe reunirse toda la documentación que permita acreditar las funciones superiores efectivamente desempeñadas, entre ella:

  1. Partes de trabajo, informes, correos electrónicos, instrucciones u órdenes emitidas o recibidas en el ejercicio de funciones de superior responsabilidad.
  2. Resoluciones, encomiendas, cuadrantes de trabajo o documentos organizativos.
  3. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, cuando proceda, las fichas descriptivas de funciones del puesto formal y del puesto de referencia.
  4. Testimonios de compañeros o superiores, si resultan necesarios para acreditar la realidad del desempeño.

2. Presentación de la reclamación en vía administrativa: La reclamación debe dirigirse al órgano competente en materia de personal de la Administración correspondiente y contener:

  1. Identificación del empleado público y del puesto formalmente ocupado.
  2. Descripción detallada de las funciones superiores realizadas.
  3. Identificación, cuando sea posible, del puesto o nivel de referencia.
  4. Período durante el cual se desempeñaron dichas funciones.
  5. Fundamentación jurídica y documental.
  6. Petición concreta de reconocimiento de las diferencias retributivas que, en su caso, correspondan, con los efectos económicos legalmente procedentes.

3. Resolución administrativa: La Administración deberá tramitar y resolver la solicitud dentro del plazo que resulte aplicable conforme a la normativa específica y al procedimiento correspondiente. Si la reclamación es estimada, podrá reconocerse el abono de las diferencias retributivas procedentes. Si se desestima expresamente o se produce silencio administrativo, deberá analizarse el recurso que corresponda en función de la naturaleza del acto y del régimen aplicable.

4. Recursos administrativos y vía judicial: Frente a la resolución desestimatoria podrá interponerse:

  1. Recurso de alzada, cuando el acto no ponga fin a la vía administrativa.
  2. Recurso potestativo de reposición, cuando el acto ponga fin a la vía administrativa, pudiendo en este último caso acudirse directamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Agotada la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. Cuando exista resolución expresa, el plazo general es de dos meses desde el día siguiente a su notificación. En los supuestos de silencio administrativo negativo, deberá atenderse al régimen legal y jurisprudencial aplicable.

V. ¿Qué sucede si se gana la reclamación de funciones de superior categoría?

Si la reclamación es estimada, la Administración puede quedar obligada a reconocer y abonar las diferencias retributivas correspondientes al período en que se acreditó el desempeño efectivo de funciones de superior categoría o nivel, siempre dentro de los límites legales y de prescripción aplicables.

Además, la resolución administrativa o sentencia puede reconocer el pago de intereses sobre las cantidades adeudadas. El momento desde el que comienzan a devengarse dependerá de la naturaleza de la deuda, de cuándo resultó exigible y de lo establecido en la propia resolución, por lo que no existe una regla única aplicable a todos los casos.

La estimación no implica necesariamente el ascenso, reclasificación o consolidación automática del puesto superior, ya que el reconocimiento económico por funciones efectivamente desempeñadas y la promoción profesional son cuestiones jurídicamente distintas.

VI. ¿Qué conceptos retributivos exactos se deben incluir al calcular la diferencia?

La reclamación de funciones de superior categoría no debe limitarse al sueldo base, que viene determinado por el grupo o subgrupo de clasificación profesional. El cálculo debe centrarse, principalmente, en las retribuciones complementarias vinculadas objetivamente al puesto efectivamente desempeñado, como el complemento de destino y, cuando proceda, el complemento específico correspondiente a sus características de responsabilidad, dificultad técnica, dedicación o condiciones de trabajo.

También deberá valorarse la incidencia que dichas diferencias puedan tener sobre las pagas extraordinarias y, en su caso, sobre las cotizaciones sociales que legalmente correspondan. No obstante, conceptos ligados al rendimiento individual, productividad o servicios extraordinarios no se reconocen automáticamente por el mero desempeño de funciones superiores, sino únicamente cuando concurran sus requisitos específicos.

¿Desempeña funciones superiores sin el correspondiente reconocimiento retributivo? En Administrativando Abogados, despacho especializado en Derecho Administrativo y Empleo Público, analizamos la RPT, las funciones efectivamente realizadas y los conceptos salariales aplicables para determinar las diferencias económicas que, en su caso, puedan reclamarse.

Resumen

Las funciones de superior categoría en la Administración pública, se producen cuando un empleado público asume de forma real y continuada las tareas de un puesto superior no cubierto formalmente, debiendo estar adscritas a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Para reclamar funciones de superior categoría, con éxito las diferencias retributivas -incluyendo sueldo, complementos y pagas extras-, el trabajador debe recopilar pruebas documentales y presentar una solicitud formal ante Recursos Humanos, respetando los plazos de prescripción.

En caso de desestimación o silencio administrativo, el procedimiento continúa mediante los recursos pertinentes en vía contencioso-administrativa, diferenciándose del nombramiento legal por comisión de servicios al tratarse de un desempeño de hecho. Si la reclamación resulta favorable, se abonan las cantidades adeudadas junto con sus respectivos intereses legales.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía. 

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo. 

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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