Abr 12

El acceso al expediente de contratación pública

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El acceso al expediente de contratación pública

Concretamente, en materia de contratación, la regulación de acceso a los expedientes de licitación pública, viene siendo resuelta por los Tribunales en el marco de lo establecido por el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el cual se regula el recurso especial en materia de contratación.

Dicho Texto Reglamentario, regula el derecho de acceso al expediente de contratación por parte de los interesados, tanto en la fase inicial previa a la interposición del recurso, como en el momento posterior en el que éste ya ha sido interpuesto.

En este sentido, los artículos 16 y 29 del meritado Texto Reglamentario, recogen la obligación del órgano de contratación de poner de manifiesto el expediente a los interesados que lo soliciten.

Artículo 16: “Acceso al expediente de contratación”.

“1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en los artículos 140 y 153 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Artículo 29 “Puesta de manifiesto del expediente y alegaciones”.

“1. La puesta de manifiesto del expediente a los restantes interesados comparecidos en el procedimiento de adjudicación para formular alegaciones, se hará por la Secretaría del Tribunal durante el plazo de cinco días hábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 105.3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

2. Los interesados podrán tomar cuantas notas necesiten para formular sus alegaciones y solicitar copia o certificado de aquellos documentos contenidos en el expediente que sean indispensables para ejercer su derecho de defensa, que se expedirán por la Secretaría siempre que los medios disponibles lo permitan y no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos”.

En definitiva, el Reglamento viene de este modo a positivizar la doctrina del TACRC sobre el derecho del recurrente y de los interesados a acceder a los documentos del expediente, teniendo siempre como límite, en materia de copia, no de vista o exhibición, el derecho a la confidencialidad de las ofertas previsto en los artículos 140 y 153 del TRLCSP y el respeto a la propiedad intelectual e industrial.

Así, dicha doctrina ha venido reiterándose en numerosas Resoluciones del TACRC e Informes de la Junta Estatal.

Partimos, por todos y “ad exemplum”, del Informe 46/2009 de la Junta Estatal, de 26 de febrero, que nos ilustra al respecto con las siguientes consideraciones:

“Si alguno de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda su extensión el contenido de las proposiciones, el órgano de contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la posibilidad de examinar el expediente e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser interpretado en el sentido de que se entregue copia de todo lo presentado por otros licitadores, especialmente si se trata de proyectos u otros documentos similares respecto de los cuales pueda existir un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor del licitador”.

De dicho Informe que, como seguidamente podremos comprobar, resulta ser la pieza angular sobre el que sustenta la doctrina científica y jurisprudencial existente al respecto, las siguientes dos conclusiones capitales se atisban:

1º.-El Órgano de Contratación tiene la OBLIGACIÓN (lo que no la facultad), de exhibir el expediente de contratación completo y sin restricción alguna, al licitador que lo solicite. Este último, podrá visualizarlo y tomar las notas que considere oportunas con total plenitud.

2º.-El Órgano de Contratación, podrá limitar la copia (lo que no la vista, insistimos), de determinada documentación sobre la que pueda existir un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor del licitador, como pueden ser los proyectos técnicos presentados.

Y es que, la restricción a la copia (lo que no a la vista o exhibición) de documentos sobre los que pueda existir un posible derecho de propiedad intelectual y/o industrial, tiene toda la lógica y el sentido común, tratando de evitar con ello, posibles reproducciones a una documental cuya creación está protegida por la norma, violación ésta que jamás se podrá producir con la mera exhibición y la toma de notas por parte de terceros que ostenten un interés legítimo en la misma.

“Ab abundantia”, resulta interesante señalar, que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, máximo exponente administrativo en materia de contratación Pública, viene manteniendo en sus Resoluciones como las nº 349/2016, 245/2016 y por todas y “ad exemplum” la 272/2011, sobre la base del Informe 40/1996 de la Junta Consultiva del Estado, que:

“Si bien es cierto que una correcta notificación puede hacer innecesario el acceso al expediente por parte de quienes tengan la condición de interesados en el procedimiento de licitación al objeto de interponer recurso especial suficientemente motivado, ello no exime de la obligación que incumbe al órgano de contratación de conceder a los interesados en el procedimiento el derecho de información del expediente el cual se encuentra amparado por el artículo 35 de la LRJPAC, que en su apartado a) reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos “a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

Concluye que:

“A la vista de lo anterior el órgano de contratación deberá conceder el correspondiente acceso al expediente a la empresa recurrente, si bien deberá tener en cuenta la obligación que incumbe al citado órgano de contratación de respetar la debida confidencialidad”.

Este criterio favorable a reconocer la obligación de dar vista del expediente a los licitadores, si así lo solicitan, se mantiene también por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (entre otras, Resolución nº 52/2011) y por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Resolución 5/2013 y Acuerdo 15/2012), así como por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, (Resolución 265/2016), con argumentaciones en todos los casos compartidas.

Así, en conclusión, El órgano de contratación, a mi juicio, está obligado a dar vista y copia de un expediente de contratación, si así se solicita por los interesados, trámite que debe ejercerse con las condiciones y límites recogidos en el cuerpo del presente escrito que pasan porque la Administración actuante, podrá restringir la copia de determinada documentación sobre la que pueda pechar un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor del licitador, como pueden ser los proyectos técnicos presentados, o en el que se considere de forma motivada y congruente, que la obtención de copia puede vulnerar el derecho a la confidencialidad.

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