Una sentencia anula el proceso de estabilización de 400 trabajadores del Ayuntamiento de Elche

Un juez ha anulado todo el proceso de estabilización de 400 trabajadores del Ayuntamiento de Elche, tras el recurso de una trabajadora. La sentencia considera que el proceso incumple el artículo 14 de la Constitución y vulnera el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza.

La sentencia nº 46-23 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Elche, publicada el pasado 27 de enero y dictada tras el recurso de una trabajadora, ha dado al traste con el proceso de estabilización que había comenzado el Consistorio para que trabajadores que entraron en su día a través de la bolsa, por acceso a través de Labora, o incluso sin pasar por una prueba selectiva, pudieran acceder a la función pública. La valoración del empleado estaba prevista en función de su antigüedad en el puesto, entre otros méritos, teniendo en cuenta que algunos trabajadores llevaban años en el mismo.

El objetivo de este proceso que había iniciado el Ayuntamiento era dar estabilidad a la plantilla. Pero se daba la circunstancia de que el Consistorio valoraba hasta cuatro veces más la puntuación de una persona que solicitara la plaza siendo empleado municipal sobre otra que intentara acceder al puesto desde otras Administraciones.

La estabilización de los más de 400 trabajadores la anunció en su día Ramón Abad, concejal de Recursos Humanos, haciendo alusión a que el proceso estaba consensuado con los sindicatos, pero la sentencia anula todo el proceso, si bien el Ayuntamiento puede recurrir la sentencia.

Condiciones de igualdad

La sentencia hace referencia a un recurso planteado -sin que se descarte que existan más en marcha- por una aspirante a una de las dos plazas de Técnico de la Administración General (TAG). Con ella se paralizan todos los procesos selectivos de estabilización del Consistorio porque en todos ellos se considera que se vulnera el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier plaza y por cualquier persona, tal y como establece el artículo 14 de la Constitución.

Así, en la sentencia, el magistrado señala que «la actuación administrativa es contraria al derecho de igualdad -artículo 14 de la Constitución- y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. En concreto, la Base 6.2, experiencia profesional, apartado B) de las Bases Generales y la Base Sexta, experiencia profesional, apartado B), de las Bases Específicas, en lo referido a la menor valoración de la experiencia profesional en otras Administraciones Públicas».

Con estas premisas, el juez entiende que a la persona recurrente se le debe reconocer “como situación jurídica individualizada, el derecho a que se le valore la experiencia adquirida en plazas del cuerpo, escala o categoría convocadas, con la misma puntuación que al resto de los aspirantes, con independencia de que dicha experiencia se haya adquirido en el Ayuntamiento de Elche o en cualquier otra Administración Pública».

Además de anular y declarar no ajustada a derecho la actuación administrativa, el juez ordena que “se declaren nulos por ser contrarias al derecho de igualdad -artículo 14 de la Constitución- y al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes -artículo 23.2 de la Constitución en relación con lo dispuesto en el artículo 103.3 de la misma-, la Base 6.2, otros méritos, apartado B de las Bases Generales y la Base Sexta, otros méritos, apartado B, de las Bases Específicas, en lo que se refiere a la valoración en exclusiva de la superación de procesos selectivos del Ayuntamiento de Elche».

Paralización del proceso

De esta manera, el magistrado ordena que “se reconozca, como situación jurídica individualizada, el derecho de la demandante a que se le valore la superación de procesos selectivos con la misma puntuación que al resto de los aspirantes, con independencia de que dicho proceso selectivo haya tenido lugar en el Ayuntamiento de Elche o en cualquier otra Administración Pública».

Por último, determina que «se declare nula o anule la expresión ‘plazas de igual o análoga denominación’ contenida en la base 6.2, experiencia profesional, apartado B) de las Bases generales y base sexta, experiencia profesional, apartado B) de las Bases específicas».

Por tanto, con esta sentencia se anula el proceso de estabilización de más de 400 trabajadores del Ayuntamiento de Elche, si bien se establece un margen de 15 días para interponer recurso de apelación en el Juzgado, contados desde el día siguiente a su notificación.

El portavoz de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha señalado que desde el Consistorio se estudiará la sentencia y que próximamente se confirmará si se decide presentar un recurso.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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