Sanciones en materia de telecomunicaciones

I. Sanciones en materia de telecomunicaciones

Las sanciones en materia de telecomunicaciones son el medio coercitivo que se impone a una persona física o jurídica por el incumplimiento de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (Ley General de Telecomunicaciones), en cuanto a la comisión de conductas tipificadas en la misma, como infracciones muy graves, graves y leves. Por tanto, las sanciones en materia de telecomunicaciones aparecen como consecuencia directa de la comisión de infracciones expresamente tipificadas en la Ley.

II. ¿Cuáles son las sanciones en materia de telecomunicaciones?

Por la comisión de infracciones tipificadas en la Ley General de Telecomunicaciones como muy graves, graves y leves, se impondrán las siguientes sanciones en materia de telecomunicaciones:

  1. Hasta veinte millones de euros, por infracciones muy graves. Estas infracciones a su vez podrán dar lugar a sanciones en materia de telecomunicaciones como la inhabilitación hasta cinco años del operador para el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. También podrá dar lugar a la inhabilitación hasta cinco años para el ejercicio de la actividad de instalador.
  2. Hasta dos millones de euros por infracciones graves.
  3. Hasta cien mil euros por infracciones leves.

Es de destacar que, la cuantía de la sanción en materia de telecomunicaciones, se graduará siguiendo los criterios que a tales fines establece el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015).

III. ¿Cuáles son las sanciones en materia de telecomunicaciones que se imponen de manera accesoria?

Las sanciones en materia de telecomunicaciones llevarán aparejada, como sanción accesoria, en tanto no se disponga del título habilitante que resulte necesario para el ejercicio de la actividad realizada por el infractor, o teniendo dicho título, mientras se efectúen emisiones radioeléctricas con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas:

  1. El cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas, ya sea por carecer de título habilitante o por efectuarse con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas.
  2. El ajuste de las emisiones radioeléctricas a los parámetros y características técnicas autorizadas.
  3. El precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación.
  4. La clausura de las instalaciones.
  5. La retirada o recuperación del mercado de los de equipos de telecomunicación que no cumplan los requisitos para su comercialización o la prohibición o restricción de su comercialización, hasta que se produzca el cumplimiento de dichos requisitos.
  6. Orden de imposibilidad de uso del número o números a través de los cuales se ha producido la vulneración de las condiciones establecidas para la utilización de la numeración, por un período máximo de dos años.

Además de la sanción en materia de telecomunicaciones que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, por un monto de:

  1. Hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves.
  2. Hasta 30.000 euros en el caso de las infracciones graves
  3. Hasta 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

IV. Las multas coercitivas como sanción en materia de telecomunicaciones

Para asegurar el cumplimiento de las resoluciones o requerimientos de información que dicten el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, podrán imponer multas coercitivas como sanción en materia de telecomunicaciones, por importe diario de 125 hasta 30.000 euros. Estas multas serán independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.

V. ¿Cuál es el órgano competente para imponer sanciones en materia de telecomunicaciones?

La competencia para imponer sanciones en materia de telecomunicaciones, corresponderá a:

1.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el ámbito material de su actuación, en los siguientes casos: de la Ley General de Telecomunicaciones.

  • Infracciones muy graves tipificadas en los apartados 3, 10, 11 y 14 del artículo 106 de la Ley General de Telecomunicaciones.
  • Infracciones graves tipificadas en los apartados 19, 20, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 39 y 41 del artículo 107 de la Ley General de Telecomunicaciones.
  • Infracciones leves tipificadas en los apartados 6 y 12 del artículo 108 de la Ley General de Telecomunicaciones.

2.-La Agencia Española de Protección de Datos, en el caso de que se trate de:

  • Las infracciones graves del artículo 107.30 de la Ley General de Telecomunicaciones.
  • Las infracciones leves del artículo 108.11, cuando se vulneren los derechos de los usuarios finales sobre protección de datos y privacidad.

3.- La persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el resto de los casos.

VI. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para imponer sanciones en materia de telecomunicaciones?

Para la imposición de sanciones en materia de telecomunicaciones será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador, previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), con la salvedad que, en el caso del trámite de audiencia, el plazo de alegaciones será como mínimo de quince días hábiles y el plazo de resolución del mismo será de un año.

VII. ¿Cuáles son las medidas previas que deben llevarse a cabo antes del inicio del procedimiento sancionador?

Previamente al inicio del procedimiento para la imposición de una sanción en materia de telecomunicaciones, el órgano competente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, (mediante resolución motivada sin audiencia previa), podrá ordenar el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia, tales como:

  1. Amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
  2. Amenaza inmediata y grave para la salud pública.
  3. Cuando de la supuesta actividad infractora puedan producirse perjuicios graves al funcionamiento de los servicios de seguridad pública, protección civil y de emergencias.
  4. Interferencia grave a otros servicios o redes de comunicaciones electrónicas.
  5. Cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del dominio público radioeléctrico.

En los supuestos en los que la imposición de la medida previa y excepcional de cese de actividad pudiera afectar a una señal radioeléctrica, redes de comunicaciones electrónicas o sitio web, tal medida deberá en todo caso ser conocida por los usuarios de dichos servicios afectados debiendo quedar reflejado al acceder a la señal radioeléctrica mediante imagen visualizada o anuncio sonoro, o al acceder al sitio web, en el que se informe que el mismo ha sido bloqueado y la información relevante sobre dicha circunstancia, información que deberá incluir la base legal para el bloqueo, la fecha y el número de la decisión de bloqueo, el organismo emisor, así como el texto de la decisión de bloqueo, incluyendo las razones de la misma, y las vías de recurso, debiendo quedar reflejada esta información por espacio temporal de un mes.

VIII. ¿Cuáles son las medidas cautelares previstas en el procedimiento para imponer una sanción en materia de telecomunicaciones?

Una vez incoado el procedimiento para imponer una sanción en materia de telecomunicaciones, las infracciones muy graves, graves y leves, a las que se refieren los artículos 106, 107 y 108 de la Ley General de Telecomunicaciones, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares:

1.- Ordenar el cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas.

2.- Ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora. Entre ellas:

3.- Poner fin a la prestación de un servicio o de una serie de servicios, o aplazarla cuando dicha prestación pudiera tener como resultado perjudicar seriamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones específicas impuestas a raíz de un análisis de mercado. Esta medida, junto con las razones en que se basa, se comunicará al operador afectado sin demora, fijando un plazo razonable para que la empresa cumpla con la misma.

  • Impedir que un operador siga suministrando redes o servicios de comunicaciones electrónicas o suspender o retirarle sus derechos de uso, en caso de incumplimiento grave y reiterado de las condiciones establecidas para la prestación de servicios o el suministro de redes o para el otorgamiento de derechos de uso o de las obligaciones específicas que se hubieran impuesto, cuando hubieran fracasado las medidas destinadas a exigir el cese de la infracción.
  • Confirmar o modificar las medidas provisionales de urgencia adoptadas. Estas medidas provisionales serán válidas durante tres meses como máximo, prorrogables por otro período de hasta tres meses.
  • Ordenar el ajuste y la adecuación de las emisiones a los parámetros y condiciones técnicas autorizadas.
  • Ordenar el precintado de los equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor.
  • Ordenar la retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación que presuntamente no hayan evaluado su conformidad de acuerdo con la normativa aplicable.
  • La suspensión provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las instalaciones, por un plazo máximo de seis meses.

Sin perjuicio de los supuestos en los que este precepto fija un plazo máximo de duración, las medidas cautelares podrán mantenerse hasta la resolución del procedimiento sancionador, siempre que se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. Como excepción, la medida cautelar de retirada o su recuperación del mercado de los equipos de telecomunicación cuya conformidad no haya sido evaluada presuntamente de acuerdo con la normativa aplicable deberá levantarse cuando se acredite la realización de la evaluación de la conformidad de los equipos de telecomunicación afectados.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Newsletter

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Call Now Button