Retribuciones de los funcionarios en prácticas

I. ¿Quiénes son denominados funcionarios en prácticas?

Se denominan funcionarios en prácticas a aquellas personas que han superado un proceso de selección y han obtenido la plaza ofertada, pero que, con anterioridad a su incorporación en la función pública, se encuentran en periodo de prácticas (periodo de pruebas) o desarrollando algún curso selectivo, a los fines de demostrar que cuentan con la preparación suficiente para ocupar el puesto de trabajo.

En ese sentido, durante ese periodo (que suele durar entre tres y cuatro meses), el funcionario en cuestión llevará a cabo una serie de funciones, que aun estando en prácticas, corresponderán o se asemejarán a las que ocupará con posterioridad a su nombramiento como funcionario de carrera. Por tal motivo, este periodo de práctica no podrá considerarse como un periodo de formación sino como un periodo en el cual el funcionario pueda mostrar su capacitación.

No obstante, por tratarse de funcionarios que aún no ostentan la condición de funcionarios de carrera, el periodo como funcionario en prácticas tiene una regulación expresa que lleva aparejado unas particularidades retributivas respecto a los funcionarios de carrera, que puede generar controversia cuando se desempeñan funciones similares a estos últimos, por lo que es importante determinar cuál es el régimen de retribuciones de los funcionarios en prácticas y cuáles son dichas retribuciones.

II. Regulación normativa de las retribuciones de los funcionarios en prácticas

La regulación normativa de las retribuciones de los funcionarios en prácticas se encuentra estipulada en:

  1. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, (EBEP), específicamente en su artículo 26.

  1. Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas (RD 456/1986).

III. ¿Qué retribuciones perciben los funcionarios en prácticas?

En líneas generales y de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se entiende por retribuciones de los funcionarios públicos «cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional».

En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del EBEP, las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspire a ingresar.

En ese sentido, el RD 456/1986, establece como retribuciones de los funcionarios en prácticas:

  1. Una retribución equivalente al sueldo.
  2. Pagas extraordinarias.

Ambas retribuciones corresponderán al grupo en el que esté clasificado el cuerpo o escala en el que aspiren ingresar.

No obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones resultantes serán abonadas por el Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.

IV. Retribuciones de los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración

De conformidad con lo previsto en el RD 456/1986, las retribuciones de los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo por percibir, (con cargo al Departamento ministerial u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen), las siguientes retribuciones:

  1. Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos.

  1. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas, a las que hemos hecho referencia en párrafos anteriores, además de los trienios reconocidos. No obstante, si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas, el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.

V. Retribuciones de los funcionarios en prácticas una vez nombrados en el cargo de carrera

Para determinar las retribuciones de los funcionarios en prácticas una vez nombrados en el cargo de carrera, se observan los siguientes supuestos:

  1. Los funcionarios en prácticas que sean nombrados funcionarios de carrera al haber superado el período de prácticas o el curso selectivo, continuarán percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de realización de las prácticas o del curso selectivo.

  1. Aquellos otros funcionarios que, habiendo superado todos los requisitos del proceso selectivo, queden en expectativa de nombramiento, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna como funcionarios en prácticas.

  1. La no superación del curso selectivo determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones, sin perjuicio de su reanudación al producirse, en su caso la incorporación del aspirante a un nuevo curso selectivo.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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