Costas en el recurso de casación contencioso – administrativo

Costas en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo

A la hora de decidir sobre la preparación de un recurso de casación contencioso – administrativo, no sólo hay que valorar la viabilidad de que el mismo pudiera o no prosperar, esto es, que se reconozca por parte de la Sala de lo contencioso – administrativo del Tribunal Supremo, la existencia o no de interés casacional objetivo, sino, además, la posibilidad de condena en costas, a consecuencia de la inadmisión del recurso y el importe al que ascenderían las mismas.

Tras analizar varios autos recientes de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Alto Tribunal, se puede concluir, que el importe de la condena en costas, a diferencia de las precedentes instancias, no suele ser significativo. Normalmente y de forma aproximada, asciende a la cantidad de 1.000€ ó 2.000€, dependiendo de si junto a la personación, la parte contraria, se ha opuesto (2.000€) o no (1.000€) al escrito de preparación del recurso de casación.

Asimismo, conviene apuntar que, por del artículo 90.8 de la LJCA, en aquellos supuestos de inadmisión a trámite del recurso de casación, las costas podrán imponerse a una de las partes o limitarlas.

Como botón de muestra de lo expuesto, traemos a colación algunos autos recientes del Alto Tribunal:

1.-Auto de 22 de marzo de 2019, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 1ª (nº rec. 6837/2018).

Como hecho cuarto se indica que: «Se ha personado, asimismo, como parte recurrida el Sr. Abogado del Estado, quien se opone a la admisión del recurso

Y como fundamento jurídico cuarto: «Procede, por tanto, declarar la inadmisión del recurso y, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero de la Ley de esta Jurisdicción, la inadmisión debe comportar la imposición de las costas a la parte recurrente, para lo que la Sala, conforme al artículo 90.8 de la Ley Jurisdiccional, establece una cantidad máxima de mil euros (2.000 €) a favor del Abogado del Estado por su personación y oposición al recurso

2.- Auto de 18 de marzo de 2019, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 1ª (nº rec. 5939/2018).

En el hecho quinto se indica que: «Por medio de escritos presentados el 29 de octubre y el 21 de septiembre de 2018 interesan su personación ante esta Sala las representaciones procesales de la mercantil DEHESA DE JANDÍA S.A y de la Comunidad Autónoma de Canarias.«

En el apartado segundo del fallo se señala: «Conforme al artículo 90.8 LJCA se imponen las costas procesales a la parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo, por todos los conceptos, se fija en 1.000 € a favor de la parte recurrida y personada (Comunidad Autónoma de Canarias).«

3.-Auto de 15 de marzo de 2019, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 1ª (nº rec. 7840/2018).

En el hecho cuarto se reseña expresamente que: «Se ha personado ante esta Sala en tiempo y forma la mercantil Transports Ciutat Comptal, S.A., representada por el procurador D. Jordi Fontquerni Bas, en concepto de parte recurrida.»

Y en el fundamento jurídico tercero: «Procede, por tanto, declarar la inadmisión del recurso y, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1, párrafo primero de la Ley de esta Jurisdicción , la inadmisión debe comportar la imposición de las costasa la parte recurrente.

A este respecto, la Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra máxima de mil euros (1.000 €) la cantidad que, por todos los conceptos, ha de satisfacer cada una de las partes recurrentes.«

4.-Auto de 25 de febrero de 2019, Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 1ª (nº rec. 7507/2018).

En el hecho tercero, se espeta que: «[…] el emplazamiento de las partes y la remisión de los autos a esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante el que se personaron, en forma y plazo, el recurrente y, como recurrida, el Gobierno de Navarra, que presenta escrito de oposición al recurso de casación.«

Y en el fundamento jurídico segundo, se puede leer: «En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 en relación con artículo 90.4.b) y en el 90.4.d) en relación con el artículo 87 bis.1 LJCA , procede inadmitir este recurso de casación, y, en aplicación del art. 90.8, se condena en costas al Ayuntamiento recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo -por todos los conceptos- queda limitado a 2.000 € en favor del Gobierno de Navarra, parte personada que formuló escrito de oposición a la admisión del recurso«.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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