Ene 18

Recurso de casación contencioso – administrativo

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Recurso de casación contencioso – administrativo

Recurso de Casación

 

En esta entrada del blog, se va a explicar, a muy grandes rasgos y en términos generales, en qué consiste el Recurso de Casación Contencioso-Administrativo. Nos asomaremos ligeramente a su regulación, competencia objetiva, tramitación, las sentencias y autos recurribles, las presunciones de interés casacional, el contenido de la sentencia y la condena en costas, entre otros aspectos relevantes.

El recurso de casación contencioso-administrativo, se encuentra normado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (artículos 86 a 93 LJCA).

Dentro de los órganos que componen la jurisdicción contencioso – administrativo, actúa como órgano de casación la Sala de lo contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, como se verá a continuación. Asimismo, los Tribunales Superiores de Justicia pueden ser órganos de casación dado que tienen atribuido el conocimiento del recurso de casación autonómico.

Con relación a la competencia objetiva, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación en los términos establecidos por la Ley de la Jurisdicción (art. 12.2 a) y de los recursos de casación contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento (art. 12.2 b).

La tramitación del recurso de casación contencioso – administrativo (art. 92 LJCA), viene compuesta de dos escritos. Por un lado, el escrito de preparación del recurso y, en caso de el mismo se admitido, se dará traslado al recurrente para que en el plazo de 30 días lo interponga.

En cuanto a los escritos susceptibles de recurso de casación, cabe su interposición frente a sentencias (art. 86 LJCA) y autos (siendo requisito necesario previo la interposición de recurso de súplica (actual recurso de reposición).

Por un lado, las sentencias que se pueden impugnar por medio del recurso de casación contencioso – administrativo, son las dictadas en tres supuestos.

En primer lugar, en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo (pero únicamente si contienen doctrina gravemente dañosa para los intereses generales y “sea susceptible de extensión de efectos”) art. 86.1 segundo párrafo.

En segundo lugar, las dictadas en única instancia o apelación por la Sala de lo Contencioso administrativo de la AN.

En tercer lugar, las dictadas por las mismas salas de lo contenciosas-administrativas de los TSJ (solamente si el recurso se funda en infracción de normas de Derecho estatal o de la UE, que sea determinante del caso y siempre que se hubiesen invocado o tenidas en cuenta por la Sala sentenciadora), art. 86.3 LJCA.

Un caso excepcional en que cabe recurso extraordinario de casación es frente a las sentencias dictadas en procedimientos de cuantía inferior a 30 mil euros, dado que no hay segunda instancia en procedimientos abreviados de cuantía inferior a la indicada, y frente a sus sentencias no cabe recurso de apelación.

Por otro lado, se puede interponer el recurso de casación contencioso administrativo, frente a autos dictados por la Sala Contenciosa-administrativa de la Audiencia Nacional y por las salas contenciosas-administrativas de los TSJ, pero para que se pueda iniciar la primera fase de tramitación del recurso, es decir la fase de preparación, es “requisito necesario interponer previamente el recurso de súplica (de reposición)”, como indica el art. 87.2. Además, las resoluciones del Tribunal de Cuentas dictadas en materia de resolución contable, también son recurribles en los casos mencionados en su Ley de Funcionamiento (Art 81 ley de funcionamiento del tribunal de cuentas ley 7/1988).

Por lo tanto, son susceptibles de recurso de casación contencioso – administrativo, los siguientes autos (art. 87.1) LJCA):

“a) Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
b) Los que pongan término a la pieza separada de suspensión o de otras medidas cautelares.
c) Los recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta.
d) Los dictados en el caso previsto en el artículo 91.
e) Los dictados en aplicación de los artículos 110 y 111”.

En el caso de que se quiera recurrir un auto en casación, por ejemplo, el que resuelve la excepción procesal de falta de jurisdicción de modo que declara inadmisible el recurso (art. 87.1 a), de forma previa a la interposición del recurso de casación contencioso – administrativo, es procedente la interposición de recurso de súplica (ahora reposición) si el auto procede de un órgano colegiado, y recurso de apelación si el auto es de un órgano unipersonal.

A la hora de plantearnos presentar un escrito de preparación de un recurso de casación contencioso – administrativo, es necesario que verifiquemos que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (sobre todo en materia de condena en costas), pues solo será admitido a trámite el recurso si la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima que el recurso presenta dicho interés (art. 88.1 LJCA), aunque también puede el TS apreciar dicho interés casacional objetivo y motivarlo de forma expresa en el auto de admisión del recurso (art. 88.2 LJCA).

Por su parte, el art. 88.3 establece una serie de presunciones de existencia de interés casacional objetivo: cuando se decide en base a normas sobre las que no hay jurisprudencia, cuando la resolución no aplica la jurisprudencia por considerarla errónea, en caso de que la sentencia recurrida declare nula una disposición trascendente de carácter general, cuando el asunto corresponde a la Sala Contenciosa-administrativa de la AN (por ser actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión) pero es resuelto por toro órgano, y, cuando se recurre un acto o disposición del gobierno o de los Consejos de gobierno de las CCAA.

En definitiva, el art. 88 LJCA es muy relevante. El apartado 2 recoge los casos en que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (si el tribunal aprecia que existe interés casacional admitirá el recurso por medio de resolución que tendrá forma de auto sin necesidad de que sea motivado, y si inadmite, de providencia). Y el apartado 3, establece los supuestos en que se presume que hay interés casacional (y en este caso si inadmite el órgano competente lo hará por auto motivado).

La admisión o inadmisión a trámite del recurso de casación contencioso – administrativo, se recoge en el art. 90, cuyo apartado primero establece que la Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo puede acordar excepcionalmente oír a las partes en un plazo común de 30 días sobre la concurrencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el recurso.

En este punto, es importante destacar que contra las providencias y autos de admisión o inadmisión no cabe recurso (art. 90.5 LJCA), y que, la inadmisión a trámite supone la condena en costas a la parte recurrente (art. 90.8 LJCA).

En lo fase de preparación del recurso de casación contencioso – administrativo, las partes favorecidas por la sentencia recurrida, podrán instar su ejecución provisional (art. 91 LJCA) si la misma les puede generar perjuicios, así como solicitar la adopción de medidas de seguridad o medidas cautelares o provisionales para paliar los perjuicios (arts. 129-136 LJCA medidas cautelares del orden contencioso-administrativo). Pudiendo exigirse la presentación de caución o garantía para responder de los perjuicios (art. 91.1), la cual puede constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho (133.2 LJCA).

Una vez el recurso es admitid,o el Letrado dicta diligencia de ordenación y remite las actuaciones a la Sección de la sala contenciosa del TS competente para su tramitación y decisión, y se concede a la recurrente un plazo de 30 días desde la notificación de la diligencia para presentar el escrito de interposición del recurso de casación contencioso – administrativo. No obstante, si transcurre el plazo sin que se presente escrito de interposición, el Letrado declara el recurso desierto (contra dicha declaración solo se pueden interponer los recursos previstos en el art. 102 bis LJCA, es decir, recurso de reposición y recurso directo de revisión), como indica el art. 92 LJCA.

En cuanto al contenido del escrito de interposición del recurso de casación contencioso – administrativo, el art. 92.3 LJCA establece los apartados que debe contener el escrito, e indica que se debe exponer el motivo de infracción de las normas o jurisprudencia identificada en el escrito de preparación, analizarse las sentencias del TS expresivas de dicha jurisprudencia, y precisar las pretensiones y el petitum.

Si hay defectos de contenido y tras una audiencia se confirman se dictará sentencia de inadmisión del recurso de casación contencioso – administrativo (art. 92.4), en caso contrario dará traslado del escrito a la contraparte para que pueda presentar escrito de oposición en 30 días, con el cual de ningún modo se puede pretender la inadmisión del recurso de casación contencioso – administrativo (art. 92.5).

Tras el plazo de oposición mencionado (art. 92.5) pueden acordarse dos cosas, o la celebración de una vista, o dar por concluso el recurso de casación contencioso – administrativo, quedando el mismo pendiente de votación y fallo (art. 92.6). Finalmente, dictará sentencia (art. 92.8) en los 10 días siguientes a la deliberación para votación y fallo, la sección competente de la sala contenciosa del TS o el Pleno de la Sala (art. 92.7), si resulta procedente por la naturaleza del asunto (esto será acordado por el Presidente de la Sala, de oficio, o, a petición de la mayoría de magistrados de la sección).

El contenido de la sentencia viene establecido en el art. 93 LJCA. La sentencia fijará la interpretación de las normas que en el auto de admisión a trámite se consideró necesaria su interpretación, y a la luz de la interpretación que efectúe resolverá las cuestiones aducidas en el proceso. El pronunciamiento puede ser confirmatorio, o por el contrario puede anular la sentencia o auto recurrido, ya sea en todo o en parte. Por ejemplo, anulará la resolución recurrida si aprecia que el orden contencioso – administrativo no es competente para conocer de las pretensiones (en cuyo caso indicará el orden jurisdiccional que considere competente) o que no era competente el órgano de instancia (remitiendo las actuaciones al órgano que debió conocer de ellas). Además, en la sentencia también se puede acordar la retroacción de las actuaciones a un momento concreto del procedimiento de instancia, continuando desde entonces desde allí las actuaciones.

En materia de costas del recurso de casación contencioso – administrativo, cada vez con más frecuencia, en caso de inadmisión del recurso, se impondrán las costas al recurrente. En el supuesto de que el mismo finalmente sea interpuesto y desestimado, la condena en costas suele ser menos habitual, habida cuenta que previamente se constató la existencia de interés casacional objetivo.

Para concluir, resulta trascendental el Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial publicado en el BOE de 6 de julio de 2016 por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación Contencioso – Administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En materia de normas para los escritos, establece que los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacios (unos 25 folios); y, por su parte, los escritos de preparación y oposición deben tener como máximo 35.000 caracteres con espacios (unos 15 folios).

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