I.- ¿Qué recursos caben frente a una liquidación de catastro?
Frente a una liquidación de catastro o acto catastral desfavorable, el interesado puede utilizar distintos mecanismos de impugnación, aunque conviene distinguir previamente entre los actos de gestión catastral —como la valoración catastral, la alteración de la descripción del inmueble, la titularidad o la superficie— y las liquidaciones tributarias que puedan derivarse de esos datos, como el IBI, cuya gestión corresponde normalmente al Ayuntamiento.
En fin, los recursos que caben frente a una liquidación de catastro son los siguientes:
1.- Recursos en vía administrativa.
- Recurso potestativo de reposición. Cuando lo que se impugna es un acto dictado por la Dirección General del Catastro o por la Gerencia del Catastro correspondiente, el interesado puede interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes desde su notificación. Este recurso permite solicitar la revisión del acto catastral aportando los documentos, informes técnicos, escrituras, planos o pruebas que acrediten el error en la valoración, superficie, uso, titularidad o descripción del inmueble.
- Reclamación Económico-Administrativa. Como alternativa al recurso de reposición, el interesado puede presentar directamente una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo competente, también en el plazo de un mes desde la notificación. No es posible interponer simultáneamente recurso de reposición y reclamación económico-administrativa; si se opta por la reposición, habrá que esperar a su resolución expresa o presunta para acudir después a la vía económico-administrativa, de carácter obligatorio.
2.- Recurso en vía judicial frente a una liquidación de catastro.
Si la vía económico-administrativa desestima las pretensiones del interesado, quedará agotada la vía administrativa y se abrirá la posibilidad de acudir a la vía judicial ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Para ello, el plazo general será de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo competente.
En esta fase resulta especialmente importante contar con asesoramiento jurídico especializado, ya que el recurso contencioso-administrativo exige una argumentación técnica sólida, tanto desde el punto de vista jurídico como, en muchos casos, desde la perspectiva catastral, urbanística o pericial. Además, la intervención de abogado será preceptiva y la de procurador dependerá del órgano judicial competente ante el que se tramite el recurso.
Por ello, la vía judicial suele reservarse para supuestos en los que la controversia tenga una relevancia económica suficiente, exista un criterio técnico-jurídico consistente o la resolución administrativa haya incurrido en errores relevantes en la valoración, descripción, titularidad o efectos tributarios del inmueble.
II.- ¿Qué se entiende por liquidación de catastro?
Aunque suele emplearse el término liquidación de catastro, desde un punto de vista técnico y legal este acto no existe como tal, ya que el Catastro no liquida impuestos; solo valora inmuebles. Lo que realmente ocurre bajo esa expresión es una liquidación tributaria emitida por un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma cuyo importe se calcula utilizando los datos o valores del Catastro.
Para entender lo que es una liquidación de catastro debemos acudir a las fases y organismos que intervienen en este proceso, en ese sentido, tenemos:
- Fase 1: La Valoración, para ello, la Dirección General del Catastro -dependiente del Ministerio de Hacienda-, se encarga de definir los datos físicos y económicos de su propiedad. Determinando:
- La superficie exacta (metros cuadrados).
- El uso del suelo (residencial, comercial, rústico).
- El Valor Catastral o el Valor de Referencia del inmueble.
- Fase 2: La Liquidación, donde el Ayuntamiento o la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente cogen ese valor que ha fijado el Catastro, le aplican un porcentaje (tipo de impositivo) y emiten la liquidación, que es la reclamación de pago final (el recibo o la deuda).
Si la valoración catastral de tu inmueble no es correcta, desde Administrativando Abogados defendemos tus intereses frente a la actuación del Catastro o frente a las liquidaciones tributarias derivadas de dicha valoración. Nuestro equipo de especialistas analiza tu caso para determinar la vía de impugnación más adecuada, ya sea mediante recurso de reposición, reclamación económico-administrativa o, cuando proceda, recurso contencioso-administrativo, acompañando durante todo el proceso para combatir valoraciones incorrectas, errores materiales o efectos tributarios desproporcionados, con el objetivo de que la carga fiscal se ajuste a la realidad jurídica y económica del inmueble.
III.- ¿A qué hacemos referencia cuando se habla de liquidación de catastro?
Cuando se habla de una liquidación de Catastro, normalmente se hace referencia, de forma amplia, a alguno de estos tres escenarios:
- Liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Puede tratarse de una liquidación del IBI, emitida por el Ayuntamiento, que es el impuesto anual asociado a la titularidad de un inmueble. Si el Catastro actualiza al alza el valor catastral —por ejemplo, tras detectar una piscina, una ampliación o una reforma no declarada—, el Ayuntamiento puede girar una liquidación complementaria exigiendo la diferencia correspondiente a los ejercicios no prescritos (últimos 4 años).
- Liquidación por Impuesto de Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones o el propio IRPF. Por ejemplo, a la compra una vivienda (siempre que no sea de obra nueva, pues en ese caso se devengaría IVA) o se recibe un inmueble por herencia. En estos casos, la Administración Tributaria puede revisar en base al valor de referencia de Catastro cuando el valor declarado en la escritura sea inferior al de mercado o de referencia.
- El Procedimiento de Regularización Catastral. El procedimiento de regularización catastral, tramitado por el propio Catastro. En sentido estricto, no se trata de una liquidación de un impuesto, sino de una actuación dirigida a corregir la descripción del inmueble y, en su caso, a notificar la tasa de regularización y la nueva valoración catastral. Esta modificación puede desencadenar posteriormente liquidaciones tributarias por parte de otras Administraciones.
IV.- ¿La liquidación de catastro se debe pagar, aunque se haya recurrido?
Por regla general, la liquidación de catastro debe pagarse aunque se haya recurrido. La interposición de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa no suspende automáticamente la obligación de pago. Por tanto, si no se abona la deuda en el período voluntario indicado en la notificación, ésta puede entrar en vía de apremio, con los recargos e intereses que correspondan.
No obstante, existe la posibilidad de solicitar la suspensión del pago al interponer el recurso o la reclamación. Para que la suspensión sea concedida, normalmente será necesario aportar garantía suficiente, como aval bancario, seguro de caución, fianza u otra garantía admitida en Derecho, que cubra el importe de la deuda, los intereses y los recargos que pudieran proceder. En determinados supuestos excepcionales, también puede solicitarse la suspensión sin garantías, pero deberá justificarse debidamente conforme a la normativa aplicable.
V.- Si se gana un recurso frente a una liquidación de catastro ¿se devuelve el dinero con intereses?
Sí. Si se gana un recurso frente a una liquidación vinculada al Catastro y la deuda ya había sido pagada, la Administración deberá devolver las cantidades ingresadas indebidamente. Esto puede ocurrir cuando el Tribunal Económico-Administrativo o la jurisdicción contencioso-administrativa estiman total o parcialmente las pretensiones del interesado.
En estos casos, procederá la devolución del importe pagado de más, junto con los intereses de demora correspondientes, calculados, con carácter general, desde la fecha en que se realizó el ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene la devolución. Todo ello sin perjuicio de que la cuantía concreta dependa del alcance de la estimación y de los efectos reconocidos en la resolución administrativa o judicial.
VI.- ¿Existe algún riesgo de que al recurrir suban aún más el valor del inmueble?
La respuesta es NO. En el Derecho Administrativo español rige el principio de prohibición de la reformatio in peius o reforma peyorativa, lo que significa que la resolución de un recurso no puede empeorar la situación jurídica inicial del recurrente cuando solo él ha impugnado el acto.
Por tanto, si se recurre una valoración catastral o una liquidación concreta, el órgano que resuelve el recurso no debería aprovechar esa impugnación para incrementar el valor o agravar la liquidación dentro del mismo expediente. Lo ordinario será que estime total o parcialmente el recurso, o que lo desestime y mantenga el acto recurrido.
No obstante, esta garantía no impide que la Administración pueda iniciar, en su caso, procedimientos distintos de comprobación, regularización o revisión si aprecia errores no analizados en el recurso y cuenta con cobertura legal para ello. Por eso, antes de recurrir conviene analizar el expediente, la documentación catastral y los posibles efectos tributarios asociados.
VII.- ¿Qué es el silencio administrativo en los recursos de Catastro y qué efectos tiene?
Cuando se presenta un recurso frente a una actuación catastral o una liquidación de catastro, la Administración tiene un plazo legal para resolver: un mes en el recurso de reposición y un año en la reclamación económico-administrativa. Si transcurre ese plazo sin respuesta, se produce el silencio administrativo negativo, lo que permite continuar con la siguiente vía de impugnación: acudir al Tribunal Económico-Administrativo si se esperaba la resolución de la reposición, o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si se esperaba la resolución del TEA.
Este silencio no significa que la Administración haya analizado el fondo del asunto, ni la libera de su obligación de resolver; simplemente evita que el interesado quede bloqueado por la falta de contestación.
VIII.- ¿La Administración puede imponer una sanción económica por el simple hecho de perder el recurso?
No. El ejercicio del derecho a recurrir y a defender los propios intereses frente a la Administración no puede ser sancionado. Si se desestima el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, la consecuencia será mantener la liquidación impugnada y, en su caso, abonar los intereses de demora devengados, especialmente si se solicitó la suspensión del pago.
Solo podría existir sanción si la Administración acredita una infracción tributaria independiente, como ocultación, falseamiento de datos, fraude o incumplimiento de obligaciones fiscales. Pero nunca por el simple hecho de utilizar las vías legales de recurso.
En definitiva, recurrir una liquidación de catastro puede ser necesario cuando exista una valoración errónea o desproporcionada. En Administrativando Abogados, como especialistas en Derecho Administrativo y tributario, analizamos cada caso y diseñamos la estrategia de defensa más adecuada para proteger los derechos del contribuyente frente a la Administración.
