¿Qué es la Ley General Tributaria, Ley 58/2003?

I.- ¿Qué es la Ley General Tributaria?

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, Ley 58/2003 o Ley General Tributaria) es la norma básica del ordenamiento tributario español. Contiene los principios y normas jurídicas generales que regulan el sistema tributario y las relaciones entre la Administración tributaria y los obligados tributarios. Su ámbito se proyecta sobre las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, con el alcance previsto en la propia ley.

Su función principal es establecer el marco común aplicable a cuestiones esenciales como:

1. La aplicación de los tributos.
2. Los derechos, deberes y garantías de los obligados tributarios.
3. Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección y recaudación tributaria.
4. El régimen de infracciones y sanciones tributarias.
5. Las vías de revisión y reclamación frente a los actos de la Administración tributaria.

Asimismo, la Ley 58/2003 se integra con la normativa tributaria específica de cada impuesto, tasa o contribución especial, así como con la normativa europea, los tratados internacionales y los convenios para evitar la doble imposición cuando resulten aplicables.

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 II.- ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 58/2003?

El propósito fundamental de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme se consigna en la Exposición de Motivos de la norma, es el de equilibrar la potestad recaudadora del Estado con la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contribuyentes. Busca modernizar el derecho fiscal, adaptarlo a los mandatos de la Constitución Española y dotar a la Administración de herramientas eficaces frente al fraude, garantizando al mismo tiempo que los ciudadanos conozcan con claridad sus obligaciones y sus medios de defensa.

El carácter preconstitucional de su predecesora, la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la necesidad de regular los procedimientos de gestión tributaria actualmente utilizados, la excesiva dispersión de la normativa tributaria, la conveniencia de adecuar el funcionamiento de la Administración a las nuevas tecnologías y la necesidad de reducir la conflictividad en materia tributaria aconsejaban abordar definitivamente la promulgación de una nueva Ley General Tributaria.

III.- ¿Cómo se encuentra estructurada la Ley General Tributaria?

La Ley General Tributaria o Ley 58/2003, se encuentra estructurada de la manera siguiente:

• Título I. Disposiciones generales del ordenamiento tributario: contiene principios generales de aplicación del sistema tributario y preceptos relativos a las fuentes normativas y a la aplicación e interpretación de las normas tributarias, además, define los conceptos esenciales (tributo, impuestos, tasas, contribuciones especiales).
• Título II.  Los tributos: contiene disposiciones generales sobre la relación jurídico-tributaria y las diferentes obligaciones tributarias, así como normas relativas a los obligados tributarios, -contribuyentes, sustitutos, responsables solidarios y subsidiarios-, a sus derechos y garantías, y a las obligaciones y deberes de los entes públicos. Se regulan también los elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias, -base imponible, liquidable y tipo de gravamen-, dedicándose un capítulo a la deuda tributaria y de modo didáctico, se definen y clasifican las obligaciones, materiales y formales, que pueden surgir de la relación jurídico-tributaria.
• Título III. La aplicación de los tributos: Regula los procedimientos de gestión, inspección y recaudación, así como las normas comunes sobre actuaciones y procedimiento tributario. El título III se compone de cinco capítulos: el capítulo I, que consagra principios generales que deben informar la aplicación de los tributos; el capítulo II, que establece normas comunes aplicables a las actuaciones y procedimientos tributarios; el capítulo III, que bajo la rúbrica de «actuaciones y procedimientos de gestión tributaria» configura los procedimientos de gestión más comunes; el capítulo IV, que regula el procedimiento de inspección; y el capítulo V, relativo al procedimiento de recaudación.

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• Título IV. La potestad sancionadora: regula, a diferencia de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, la potestad sancionadora en materia tributaria de forma autónoma y separada de la deuda tributaria, tanto los aspectos materiales de tipificación de infracciones y sanciones como los procedimentales, estos últimos ausentes en dicha ley. A tales fines delimita cómo se castigan las infracciones tributarias bajo los principios de culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia.
• Título V. Revisión en vía administrativa:  regula las herramientas de defensa del contribuyente antes de acudir a los tribunales, es decir, todas las modalidades de revisión de actos en materia tributaria, establece una regulación más detallada de los procedimientos especiales de revisión y del recurso de reposición, incluye preceptos hasta este momento reglamentarios, e incorpora las principales normas de las reclamaciones económico-administrativas.

IV.- ¿A qué Administraciones Públicas se aplica la Ley General Tributaria?

En términos generales, la Ley General Tributaria, se aplica de forma directa o supletoria a todo el sector público con competencias tributarias en España. Esto abarca:

1. A la Administración General del Estado.
2. A las Comunidades Autónomas.
3. A las Entidades Locales (ayuntamientos, diputaciones y también a las mancomunidades).

V.- ¿A qué impuestos se aplica la Ley General Tributaria?

La Ley 58/2003 se aplica de forma supletoria o directa a todos los tributos que integran el sistema tributario español, esto incluye:

1. Tributos estatales (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF-, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto al Valor Agregado, -IVA-, etc.).
2. Tributos de las Comunidades Autónomas.
3. Tributos locales (como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles –IBI-, o la plusvalía municipal). Si una ley sectorial de un impuesto específico no regula un aspecto concreto (por ejemplo, cómo se calcula un plazo de prescripción o cómo se notifica un acto), se acude directamente a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Es importante, mencionar, que, su ámbito cubre no solo los impuestos, sino también las tasas y las contribuciones especiales, constituyendo el tronco común de la fiscalidad española.

VI.- ¿Por qué se denomina una “Ley General” y no se limita a un impuesto en concreto?

La Ley 58/2003, se denomina “Ley General”, porque su contenido no regula un tributo específico, sino que engloba las normas comunes aplicables a todos ellos. Mientras que, cada Ley sectorial define un impuesto en particular -quién paga, qué grava y qué tipo se aplica-, la Ley General Tributaria, unifica los procedimientos de gestión, las garantías del contribuyente, las reglas de prescripción y el régimen de responsabilidad, comunes para todo el sistema fiscal.

VI.- ¿Qué diferencia a la Ley General Tributaria de las leyes específicas

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es la norma básica y vertebradora del sistema tributario español. Establece el marco común, los principios generales, los procedimientos de aplicación de los tributos —gestión, inspección y recaudación— y las garantías jurídicas que rigen las relaciones entre las Administraciones tributarias —Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales— y los obligados tributarios. Su finalidad es ordenar el ejercicio de la potestad tributaria, garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos de los contribuyentes, sin perjuicio de la lucha contra el fraude fiscal.

A diferencia de las leyes reguladoras de cada tributo concreto, como el IRPF o el IVA, la Ley 58/2003 no crea por sí sola los impuestos, sino que actúa como norma general de organización, procedimiento, garantías, infracciones, sanciones y revisión administrativa. Se aplica al conjunto del sistema tributario —impuestos, tasas y contribuciones especiales—, salvo especialidades previstas en la normativa propia de cada tributo, y se estructura en títulos relativos a disposiciones generales, tributos, aplicación de los tributos, potestad sancionadora y revisión en vía administrativa.