¿Qué es la Ley de transparencia?

I. ¿Qué se entiende por Ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, también conocida como Ley de transparencia, es la ley que regula la obligación de las entidades públicas de publicar y difundir la información pública (transparencia activa), así como la obligación de garantizar el derecho de acceso a los contenidos o documentos que obran en poder de las Administraciones públicas (transparencia pasiva). En ese sentido, la Ley de transparencia tiene por objeto:

  1. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
  2. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
  3. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deban cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

En ese sentido, la Ley de transparencia, reconoce el derecho de la ciudadanía a solicitar cualquier información que obre en poder de las instituciones y organizaciones públicas como consecuencia del desarrollo de sus funciones.

II. ¿Cuál es el alcance de la Ley de transparencia?

La Ley de transparencia tiene un triple alcance, en el sentido que:

  1. Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas.
  2. Reconoce y garantiza el acceso a la información -regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo-.
  3. Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento -lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública-.

III. Estructura de la Ley de transparencia

La estructura de la Ley de transparencia, deja en evidencia que se trata de una ley breve, que consta de cuarenta artículos, que han sido agrupados en tres Títulos, desglosados de la manera siguiente:

  1. El título I de la Ley de transparencia, el cual ha sido denominado “Transparencia de la actividad pública” (dividido a su vez en tres capítulos), regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública.
  1. El título II denominado “Buen Gobierno” otorga rango de ley a los principios éticos y de actuación que deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. Igualmente, se clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, en consonancia con la responsabilidad a la que están sujetos. En ese sentido, en este título se prevén las infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico presupuestaria, así como las infracciones disciplinarias, regulándose, además, el órgano competente y el procedimiento para imponer dichas sanciones.
  1. Finalmente, en el título III de la Ley de transparencia, denominado “Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”, se crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

IV. Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de transparencia

El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de transparencia, es muy amplio e incluye a:

  1. Todas las Administraciones Públicas.
  2. Los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad.
  3. Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas.
  4. Las Corporaciones de Derecho Público, la Casa de Su Majestad el Rey, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Banco de España, Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.
  5. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Asimismo, se aplicará a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales y a todas las entidades privadas que perciban una determinada cantidad de ayudas o subvenciones públicas.

Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de la Ley de transparencia, siendo esta obligación igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.

V. Órganos creados a través de la Ley de transparencia

La Ley de transparencia en su Título III, no sólo crea, sino que a su vez regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como un órgano independiente al que se le otorgan competencias de:

  1. Promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública.
  2. Control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
  3. Garantía del derecho de acceso a la información pública.
  4. Observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Visto de ese modo, de conformidad con la Ley de transparencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar y cuenta con una estructura sencilla que, a la vez que garantiza su especialización y operatividad, evita crear grandes estructuras administrativas. La independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones vendrá garantizada, asimismo, por el respaldo parlamentario con el que deberá contar el nombramiento de su Presidente. Teniendo competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el Consejo.

VI. ¿Cómo se accede a la información de las Administraciones Públicas de conformidad con la Ley de transparencia?

La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada, así como su identificación y localización.

No obstante lo anterior, a los fines de que los ciudadanos puedan acceder a la información de las Administraciones Públicas, fue desarrollado de conformidad con el mandato contenido en la Ley de transparencia, un portal de la transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, a través del cual se facilita el acceso de los ciudadanos a toda la información que en el ámbito de sus competencias sea generada por las Administraciones Públicas, en cuanto a:

  1. Información institucional, organizativa y de planificación, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de transparencia.
  2. Información de relevancia jurídica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley de transparencia.
  3. Información económica, presupuestaria y estadística, conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley de transparencia.

VII. Cambios experimentados en las Administraciones Públicas tras la entrada en vigor de la Ley de transparencia

Tras la aprobación de la Ley de transparencia en diciembre de 2013, las Administraciones Públicas, se encontraban en la obligación de adaptar sus infraestructuras y recursos a las nuevas obligaciones contenidas en la referida norma, por lo cual tanto la transparencia como el derecho de acceso entraron en vigor un año más tarde. A la fecha, han transcurrido diez años desde la entrada en vigor de la Ley de transparencia, tiempo en el cual las Administraciones Públicas han concebido el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho ciudadano, que ha permitido que éstos tengan acceso a diversa información que les permita conocer la forma como estas Administraciones Públicas toman sus decisiones, especialmente aquéllas que pueden afectarlos.

En ese sentido, con la Ley de transparencia, se ha tratado de construir Administraciones Públicas más abiertas, claras y democráticas. Sin embargo, pasado diez años de la entrada en vigor de la misma, aún existen deficiencias que deben ser corregidas, como por ejemplo, los largos tiempos de respuestas, que tienen que esperar los ciudadanos para obtener la información los cuales pasan además por procesos administrativos difíciles y complejos, dificultando el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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