¿Puede el contencioso – administrativo acordar la procedencia de una solicitud de revocación presentada por un particular contra un acto de aplicación de un tributo?

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
revocacion-agencia-tributaria

Compartimos artículo de nuestro colaborador D. Raúl C. Cancio Fernández, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Doctor en Derecho y Letrado del Tribunal Supremo.

Será la sentencia del año, créanme. Entre el piélago litigioso generado por el dichoso asunto de las plusvalías, la Sección de Admisión ha sabido espigar lo verdaderamente mollar, jurídicamente hablando, y en este sentido, el pasado 11 de abril de 2019, ha dictado un auto admitiendo un recurso de casación, en el que la respuesta que dé la Sección de Enjuiciamiento a la cuestión planteada puede suponer una verdadera revolución en el escenario administrativo.

En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU), muchos contribuyentes han tenido conocimiento de la posibilidad de recuperar el gravamen indebidamente satisfecho, con motivo de una transmisión en la que no hubo incremento de valor, y no han podido reclamar, al devenir firme la liquidación, lo que les impedía interponer tanto el recurso de reposición, como solicitar la devolución de ingresos indebidos.

Llegados a este punto, los únicos mecanismos de que dispone el contribuyente para ese fin son los de revisión de actos nulos de pleno derecho, revocación, rectificación de errores (artículos 219, 217 y 220 de la Ley General Tributaria [LGT], respectivamente) y el recurso extraordinario de revisión (artículo 244 de la misma norma). Y de los referidos procedimientos, son inidóneos tanto el de rectificación de errores como el extraordinario de revisión, al no concurrir los requisitos previstos, respectivamente, en los artículos 220 y 244 LGT.
De los dos restantes, el auto que aquí se comenta, se detiene en la viabilidad del procedimiento de revocación como medio para la recuperación del importe liquidado.

Recuérdese que el artículo 219.1 LGT atribuye a la Administración la potestad para «revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados».

Es decir, únicamente la Administración está capacitada para iniciar el procedimiento, tal y como además lo prescribe el artículo 10 del Real Decreto 520/2005, de manera que los contribuyentes sólo disponen de la capacidad de promoción del inicio del procedimiento, a lo que, con frecuencia, los consistorios ni contestan, más allá de acusar recibo de la solicitud.

Pues bien, el pasado 12 de septiembre de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Valencia, perfectamente consciente que la Administración tiene la facultad de iniciar de oficio el procedimiento de revocación de conformidad con lo previsto en el artículo 219 LGT, recuerda que «esta actuación puede ser provocada por los particulares, sin que ello suponga que la Administración ostente un poder completamente discrecional para dilucidar la procedencia o no de Incoar el procedimiento de revocación, sino que tal potestad contiene elementos reglados cuyo examen Incumbe a este Orden, contencioso administrativo.»

Frente a esta resolución, el Ayuntamiento liquidador preparó recurso de casación, considerando la Sección de la Admisión que el recurso atesoraba interés casacional objetivo, y en particular, determinar «si el órgano judicial puede sustituir a la Administración competente, en sentencia, acordando la procedencia de una solicitud de revocación -y accediendo a ésta-, presentada por un particular contra un acto de aplicación de un tributo, o si por el contrario debe limitarse, caso de considerar disconforme a derecho la decisión recurrida, por ser atribución exclusiva de aquella la incoación de oficio y decisión del procedimiento de revocación».

Nótese por tanto como, de una respuesta en un sentido u otro, va a depender la posibilidad o no de que, ante la pasividad de la Administración, pueda atribuirse a un órgano judicial la facultad de decidir sobre la procedencia o no de la activación del procedimiento de revocación, hasta ahora, un itinerario reservado en exclusividad a la decisión de la referida Administración.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.