El Ministerio de Hacienda prevé aprobar próximamente el reglamento que establecerá la obligatoriedad de informar sobre las operaciones realizadas con criptomonedas. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha avanzado que el desarrollo reglamentario se aprobará “en las próximas semanas”.
La obligación de informar anualmente a la Agencia Tributaria sobre el saldo de monedas virtuales y las operaciones realizadas a lo largo del ejercicio, recogida en la Ley de Lucha contra el Fraude, estaba prevista para este año. En junio de 2022, Hacienda presentaba en su portal de audiencia pública sus propuestas para los modelos de declaración sobre saldos y operaciones en España y la tenencia de criptoactivos en el extranjero. Sin embargo, a final de año, ya asumía que la reglamentación no estaría aprobada antes de final de año.
Los modelos no estuvieron publicados a tiempo y esto ha implicado que las nuevas obligaciones para declarar saldos y actividades se tuviera que retrasar a 2024, aunque afectará a los saldos y movimientos correspondientes a 2023.
En estos momentos, Hacienda está ultimando las reglas que marcarán la forma de actuar de los propietarios de criptomonedas. «Hemos avanzado en nuestra legislación interna y ya tenemos una obligación legal establecida por la ley 11/2021 pendiente de desarrollo reglamentario, que espero que se pueda aprobar en las próximas semanas», ha señalado el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Según los datos de la Agencia Tributaria, en la campaña de la Renta de 2021, ya mostró datos sobre los importes que mueven las criptomonedas en España. Casi 35.200 declaraciones incorporaron ganancias derivadas de operaciones con monedas virtuales, por un importe de más de 759 millones de euros. Adicionalmente, en el impuesto sobre el patrimonio, un total de 1.275 declarantes incorporaron 911,9 millones de euros como saldo de sus carteras de criptomonedas a cierre de año.
Prioridad de Hacienda
Con respecto a las monedas virtuales, la Agencia Tributaria lleva tiempo apuntando que quiere poner el foco en la persecución de las criptomonedas, a lo que ha señalado como un “tema prioritario”. Hacienda pretende reforzar especialmente las actuaciones en relación a los pagos virtuales y, específicamente, las referidas al empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales.
La intención de Hacienda es detectar los posibles fraudes fiscales, siguiendo el rastro de las criptomonedas, llegando a embargarlas si es necesario. El proceso sería parecido al embargo de las acciones. Por otra parte, también se pondrá el foco en la detección de elementos patrimoniales cuyo origen pueda estar vinculado a actividades criminales, lo que supone vigilar de cerca los trasvases de monedas virtuales entre países.
Un debate a nivel comunitario
En cualquier caso, la vigilancia de las monedas virtuales no es un asunto exclusivamente nacional. La obligación de informar sobre las criptomonedas es uno de los debates fiscales abiertos a nivel comunitario. En este sentido, Gascón ha indicado como causa del retraso en la puesta en marcha del reglamento la dificultad de establecer obligaciones de información “cuando ni siquiera existe uniformidad en los países europeos sobre qué se considera criptoactivos”.
El secretario de Estado de Hacienda ha anunciado que la normativa podría complementarse en el futuro con una directiva europea centrada en la obligación de informar sobre las criptomonedas. “En este punto, los avances a nivel europeo serían muy bienvenidos”, ha señalado Gascón
El secretario de Estado de Hacienda, también ha confirmado que “hay grades expectativas con la presidencia española de la UE, en la segunda mitad de año, que se ve como la oportunidad de rematar todos los expedientes que durante la legislatura europea se han ido avanzando”, si bien ha apuntado que «es bastante impredecible saber qué se puede aprobar durante la presidencia teniendo en cuenta que en el ámbito tributario rige la regla de la unanimidad, y conseguir consensos y acuerdos entre 27 países no es precisamente sencillo».
Otros asuntos abiertos
Uno de los asuntos abiertos en los que se espera avanzar es el denominado pilar 1, que hace referencia al reparto de una parte de la tributación de las grandes corporaciones en los países donde aperan. Si se alcanza un acuerdo internacional, la UE tendrá que decidir si los fondos son un recurso propio o no lo son. Y si no hay consenso general, los países europeos tendrán que explorar otras opciones.
Además de este asunto, también hay otros pendientes, como el proyecto de armonizaciones del impuesto de sociedades, el de intermediarios fiscales, el de sociedades pantalla, de IVA digital, de certificados para no residentes, de plataformas de intermediación, las nuevas reglas fiscales o la reforma de las aduanas.
