Los negocios con cobro en metálico, en el punto de mira de Hacienda

Hacienda va a aumentar la vigilancia de los negocios que realizan el cobro en metálico. Su intención es intensificar las inspecciones en algunos sectores de autónomos que utilizan esta forma de pago, aunque el Banco de España confirma que es el método de pago preferido entre la población.

Hacienda lo ha dejado claro en su último Plan de Control Tributario: se intensificará la vigilancia del cobro en metálico. En concreto, se apunta que esta fórmula es “objeto de control por parte de la Administración”. Esto significa que numerosos sectores de autónomos, especialmente los que trabajan de cara al público, corren el riesgo de recibir una inspección de Hacienda.

El motivo por el que la Agencia Tributaria quiere incrementar la vigilancia del cobro en metálico es evitar la economía sumergida. En este sentido, el Plan de Control de la Agencia Tributaria señala que “el control del dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida”.

Los españoles pagan en metálico

A pesar de ello, y según un reciente estudio del Banco de España, los españoles preferimos pagar en metálico por artículos y servicios. En concreto, el 64% por ciento de la población utiliza a diario este método de pago, frente al 32% que prefiere la tarjeta.

Por tramos de edad, el pago en metálico es especialmente utilizado a partir de los 45 años. Siete de cada diez personas, a partir de esta edad, prefieren pagar con dinero en metálico. Por el contrario, solo un 43% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, y un 53% de entre 25 y 34 años lo utiliza a diario, frente al 32% y al 48% que usa una tarjeta bancaria, respectivamente.

En el pequeño comercio y la hostelería, un 46% de los cobros se realizaron en metálico, una cifra que asciende hasta el 56% en los municipios que no cuentan con una oficina bancaria.

En cuanto a las operaciones de negocios, entre el 50% y el 75% del total, también se realizan con dinero en metálico, según apunta el último informe sobre el uso del efectivo el Banco de España. Ocho de cada diez personas están a favor de preponderar el cobro en metálico ya que, en opinión de los ciudadanos, es una fórmula que garantiza su privacidad.

Para la hostelería y el pequeño comercio, el dinero en efectivo es clave, sobre todo si están situados en municipios sin oficina financiera. De hecho, existen negocios que no permiten pagar con tarjeta o realizar un pago digital ya sea por su ubicación, por su actividad o simplemente por costumbre.

Investigaciones de Hacienda

Las investigaciones de Hacienda suelen centrarse en aquellos negocios que están orientados al consumidor final, ya que, en muchos casos, la información contable que sus propietarios presentan a la Agencia Tributaria no coincide. Solo aparecen en ellas las transacciones realizadas con tarjeta bancaria, pero no las que utilizan dinero en efectivo. Estos son los comportamientos que suelen despertar el interés de los inspectores y que, en ocasiones, pueden ser determinantes para que se fije una Inspección de Trabajo.

Los pequeños comercios son, según el Plan de Control de la Agencia Tributaria, los que tienen más posibilidades de recibir una inspección, o al menos recibir una vigilancia más estrecha, especialmente si pertenecen al comercio, la hostelería, la agricultura, el sector de las reformas y arreglos, la construcción y las actividades inmobiliarias.

Para detectar si en un negocio se está defraudando a Hacienda con el uso del dinero en efectivo, la Agencia Tributaria suele estudiar el comportamiento de distintos tipos de negocio en la zona, de manera que pueda localizar los que tiene una actividad sospechosa o, al menos, llamativa.

Tipos de inspección

En estos casos, se suele actuar con dos tipos de inspección. Por un lado, está la que trata de determinar que el negocio no incluye el dinero metálico en su contabilidad. Este tipo de comercios son detectados porque su actividad no coincide con lo que ocurre en otros locales de la zona.

Los ratios que comprueban los inspectores pueden ser desde la relación del volumen de negocio con los empleados que tiene contratados, hasta el margen bruto de las compras, entre otros factores.

Otra posibilidad, es que los establecimientos solo incluyan el dinero metálico en su contabilidad. Son los comercios que argumentan que la instalación de un datáfono no les compensa por el pago de comisiones bancarias, por lo que imponen el pago de dinero en efectivo a los clientes.

En este tipo de casos, los inspectores analizarán, por ejemplo, si el negocio compra más material o productos de los que después declara vender. La respuesta que suelen recibir los inspectores cuando se les pregunta por el stock es que el género se ha estropeado.

Otra opción posible para Hacienda, es analizar si el autónomo ha adquirido vehículos o inmuebles, cómo son sus vacaciones o qué gastos ha tenido con su tarjeta de crédito, que llevarían a determinar si el negocio está funcionando y, por tanto, se está produciendo un fraude en la declaración.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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