Ley 39/2015 Nociones básicas

Nuestra colaboradora Dª. Victoria Hernández Turiel, nos habla hoy de cuestiones básica que giran en torno a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Aún cuando se trata de cuestiones elementales, es importante tenerlas siempre muy en cuenta, habida cuenta que es la esencia del derecho administrativo.

En el ámbito de las funciones públicas, ya sean estas legislativas, administrativas o jurisdiccionales; se requiere para su realización de un procedimiento especial; el cual será distinto según la función que se persiga.

Este procedimiento se denomina “procedimiento administrativo” cuando se trata de una función administrativa, y viene regulado en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), así como en la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (LRJSP).

 

¿En qué consiste el procedimiento administrativo?

 

La exposición de motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo -LPAC- define el procedimiento de la siguiente manera:

“Conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración”.

 

¿Cuáles son los objetivos del procedimiento administrativo?

 

La LPACregula el procedimiento administrativo para dar satisfacción a los dos objetivos básicos de dicho procedimiento que son:

  • constituir una garantía de los derechos de los administrados.
  • asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general.

Esta segunda finalidad u objetivo del procedimiento administrativo viene recogida de forma expresa así mismo en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público (LRJSP), ley que se introducirá en una entrada posterior.

Conviene precisar que, desde el 2 de octubre de 2016, con la entrada en vigor de la LPAC, por la que se derogó expresamente la Ley 30/1992 o LRJPAC -Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-; el procedimiento administrativo ha quedado regulado en la misma, además de en la LRJSP.

No obstante lo anterior, las previsiones de la Ley 39/2015, relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico comenzaron a producir efectos a partir del 2 de octubre de 2018, es decir, justo dos años más tarde de la fecha de entrada en vigor de la ley.

 

¿Dónde se encuentra estructurado el procedimiento administrativo?

 

La Ley 39/2015, regula en el Titulo IV la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración. Frente a los procedimientos especiales vigentes que se rigen por normas específicas, como los procedimientos administrativos en materia tributaria (regulados por la LGT, o Ley General Tributaria), o el procedimiento expropiatorio (regido por la LEF, es decir, la Ley de Expropiación Forzosa).

Así mismo, con la Ley 39/2015, los procedimientos especiales quedaron estructurados e integrados en el propio procedimiento administrativo común y no en títulos separados como sí hacía la anterior y ya derogada LRJPAC.

 

¿Qué sucede con las reclamaciones previas en vía civil y laboral contempladas en la LRJPAC?

 

En este aspecto, la Ley 39/2015, deja claro en su exposición de motivos V que no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, pues entiende que son una carga para los administrados y gozan de escasa utilidad pública.

Además, la LPAC declara en su disposición derogatoria que están expresamente en vigor las normas que regulan procedimientos administrativos de las Administraciones Públicas en lo que no contradigan, o se opongan, a lo dispuesto en ella. Adicionalmente, también se prevé la adecuación a los principios de la Ley 39/2015 de las normas que rigen los procedimientos especiales.

 

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 39/2015?

 

En cuanto al ámbito de aplicación de la LPAC (artículo 2), este es coincidente con el de la LRJSP(también recogido en su artículo 2).

Dicho ámbito abarca a todas las Administraciones Públicas, entendiendo por tales las siguientes: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades que integran la Administración Local.

Además, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedará sujetas a lo dispuesto en las normas de la LPAC y la LRJSP que especialmente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas (art. 2.2 b LPAC y 2.2 b LRJSP).

En definitiva, la Ley 39/2015, así como la Ley 40/2015, resultan de aplicación general a todas las Administraciones Públicas incluida la Administración Institucional, a excepción de las integrantes de la Administración corporativa (como es el caso de los Colegios Profesionales o las Cámaras oficiales de Comercio), pues su actuación se ajustará a su regulación específica salvo cuando actúen en virtud de una atribución específica directamente realizada por la Ley, o al amparo de ésta, por una Administración Pública.

 

¿En dónde encuadra la Ley 39/2015 lo referente a la potestad sancionadora?

 

Al respecto de la potestad sancionadora, desde octubre de 2016 la misma ha quedado regulada dentro del ámbito de aplicación de la de la LRJSP (artículos 25 a 31) y no de la LPAC.

Por último, tanto lamulticitada Ley 39/2015, como la Ley 40/2015, hacen suyas las normas que regulan el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y consagran la relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas como un derecho de los ciudadanos y una correlativa obligación para todas las Administraciones. En este punto, regulan aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa.

Accede al contenido íntegro de la Ley utilizando este enlace.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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