La interinidad en Educación supera el 40% en algunas Comunidades

En el sistema educativo español, uno de cada tres profesores tiene un contrato temporal y la interinidad supera el 40% en algunas Comunidades, aunque existe el compromiso de rebajar esta cifra al 8%. Los docentes se quejan de la incertidumbre que supone trabajar en estas condiciones, en las que se vuelve muy difícil hacer planes de futuro.

La interinidad supone acostumbrarte continuamente a un nuevo puesto, con lo que ello conlleva: nuevo ambiente, distintas herramientas, compañeros y superiores desconocidos… Es el día a día de muchos docentes, que ven cómo se tienen que adaptar al funcionamiento de un nuevo centro año tras año, para terminar abandonándolo cuando acaba el curso escolar.

Y eso en el mejor de los casos, cuando los interinos se encuentran en la parte superior de la bolsa y pueden acceder a plazas que duran todo el curso, porque hay otros docentes, con un puesto más abajo en las listas, que solo consiguen acceder a sustituciones breves, distanciadas en el tiempo unas de otras. Esto provoca que los profesores interinos se desanimen, busquen trabajo fuera del sector o se planteen incluso irse a trabajar fuera de España.

En España, el 32% de lo docentes son interinos y uno de cada tres profesores no universitarios perteneciente al sistema educativo público tiene un trabajo temporal. El sector educativo soporta el doble de temporalidad que el mercado laboral español, en el que la temporalidad se encuentra en torno al 15%.

Un periodo de incertidumbre

Muchos docentes viven la interinidad como un periodo de gran incertidumbre, ya que no conocen cuándo les van a llamar para trabajar ni a qué centro van a tener que ir. Esto se traduce en precariedad y peores condiciones en los centros educativos, ya que los profesores no pueden establecer un proyecto con cierta continuidad, ni les da tiempo a conocer a su alumnado y las peculiaridades específicas de cada alumno. Muchos docentes aseguran, por estos motivos, que los grandes perjudicados por la interinidad son los alumnos.

En el área de la Educación pública, un 55% del personal es funcionario de carrera, un 26% interino, un 18% personal laboral y un 1% se encuentra en la categoría de “otro personal”. Es una práctica habitual que se llame a los docentes para concederles un destino con el curso ya comenzado. En este sentido, los docentes interinos se quejan de que hay años escolares que trabajan unos meses y en otros el puesto corresponde a un curso entero. En otras ocasiones, en un mismo año escolar, pueden llegar a tener hasta cinco o seis destinos. Una situación que califican de “insostenible”.

Asimismo, renunciar a una plaza porque, por ejemplo, te pille muy lejos de tu domicilio, no es una opción porque “te expulsan sin paro ni prestación por desempleo. Es como irte de una empresa voluntariamente”, apuntan los docentes que se encuentran en esta tesitura. La situación de tener que desplazarse a un puesto que se encuentra a dos o tres horas de tu domicilio es habitual en algunas ciudades, lo que supone que el docente tenga que plantearse cambiar de domicilio para estar más cerca del centro de trabajo, ya que no resulta viable realizar desplazamientos de cuatro o cinco horas diarias.

Una situación mantenida en el tiempo

La alta temporalidad es una situación que se ha enquistado con el paso del tiempo. Los docentes incluso denuncian que ha ido a peor en los últimos años. En 2006 se consiguió rebajar el número de interinos al 8% y el empleo temporal se redujo en España al 10%. En 2008 se prohibió convocar oposiciones y sustituir las jubilaciones, y se echó mano de los interinos. Pero con la crisis se dejaron de convocar oposiciones y la interinidad volvió a ascender. En 2014 rozaba el 16% y hoy, casi una década más tarde, es del 32%, lo que significa que se ha duplicado en solo una década.

Estas cifras han hecho que Europa obligue a reducir la interinidad, lo que ha tenido como consecuencia que España esté inmersa en un proceso de estabilización en el sector. El Ministerio ha dividido las plazas a estabilizar en dos grupos. Por un lado, las que llevaban más de cinco años ocupadas por interinos, que se repartirán por concurso de méritos. Se calcula que en tres años deberían convocarse unos 125.000 puestos por este método. Y por otro lado, están las plazas que llevan entre tres y cinco años con un docente interino, que saldrán por concurso oposición.

El problema que observan los sindicatos es que el concurso es de libre concurrencia y cualquier interino tiene opción a ocupar un puesto, lo que reduce las oportunidades a los interinos que llevan incluso décadas trabajado para la Administración. Por este motivo, Educación ha primado la experiencia sobre la formación. De los 15 puntos que se pueden conseguir, la experiencia tiene un peso de casi la mitad de ellos, mientras que el resto es para la formación y otros méritos.

Al extenderse este sistema también al concurso oposición, los docentes con menos experiencia protestan al ver que no es viable acceder a una plaza por ninguna de las dos fórmulas previstas.

Objetivo: reducir la interinidad

En cualquier caso, los sindicatos han calculado que para reducir la interinidad al 8% habría que sacar 125.113 plazas en tres años, a cubrir entre oposiciones y concurso de méritos. Y no todas las Comunidades tienen el mismo número de interinos.

En el País Vaco, Navarra, Canarias, La Rioja y Aragón la interinidad se sitúa por encima del 40%, mientras que Extremadura, Andalucía o Madrid se encuentra por debajo del 30%.

En cuanto a la decisión de despedir a los profesores a final de curso para no pagarles el verano, algunos interinos han decidido lucharlo en los tribunales, como también están peleando la consideración de los trienios y sexenios como derecho exclusivo de los funcionarios de carrera.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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