Las Juntas de Compensación, a partir de ahora, tan sólo podrán reclamar a sus miembros los gastos de urbanización pendientes de pago mediante la vía de apremio

Juntas de Compensación

Las Juntas de Compensación, a partir de ahora, tan sólo podrán reclamar a sus miembros los gastos de urbanización pendientes de pago mediante la vía de apremio, sin que puedan acudir para ello a la Jurisdicción Civil

Hasta hace escasamente un año, era habitual que las Juntas de Compensación reclamasen las deudas pendientes de pago por gastos de urbanización, a sus propietarios, bien mediante el sistema recaudatorio público (vía ejecutiva), bien mediante la interposición de una demanda civil, al considerarse que la relación, en este caso, entre Entidad Urbanística y Justacompensante resultaba ser meramente privada.

Sin embargo, nuestro más alto Tribunal, en Sentencia de la Sala Primera de lo Civil, 26/2015, en un giro interpretativo de 360 grados, ofrece un criterio diferente, sentando la base de que, a partir de ahora, para reclamar tales deudas, tan sólo será posible y pertinente acudir a la vía ejecutiva, sin que, por tanto, tenga competencia para ello la Jurisdicción Civil.

Del tenor de esta última Sentencia, que trata un hecho tremendamente similar al aquí y ahora planteado (reclamación de deudas por parte de una Junta de Compensación a uno de sus miembros integrantes), se extraen, groso modo y a grandes rasgos, las conclusiones que siguen:

1º.-La ejecución de los planes urbanísticos incumbe al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales. Uno de los métodos de ejecución que puede elegir la Administración actuante, conforme al art. 119 Ley sobre Régimen del suelo y ordenación urbana es el de la junta de compensación. La ejecución se lleva a cabo directamente por los propietarios de los terrenos integrantes de la unidad de actuación, constituidos en Junta de Compensación, que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, con personalidad plena y capacidad jurídica, siendo sus actos recurribles en vía administrativa. Tales organismos cumplen primordialmente funciones administrativas de orden urbanístico. En este sentido, se mencionan las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de 1 de diciembre de 1980 y la de 29 de diciembre de 1987.

2º.-Abundando en la meritada naturaleza administrativa de las Juntas de Compensación, se pone igualmente de manifiesto, que el art. 26.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el RD 3288/1978, de 25 de agosto, destaca a las Juntas de Compensación como entes administrativos, colaboradores de la Administración pública, cuando actúan con las competencias que le son delegadas de la propia Administración, como son las correspondientes a la función urbanizadora, como servicio de interés público, en los expedientes de ejecución en la ordenación del suelo y en las actuaciones de transformación urbanística.

Tal actuación puramente pública se extrapola, más si cabe, a las tareas recaudatorias practicadas por dicha entidad urbanística, al objeto de recuperar las derramas adeudadas por cualquiera de sus miembros. Ello bajo el amparo y premisa de que, en realidad, el sustrato sobre el que se cimentan tales reclamaciones no es otro que el de una relación y acuerdo administrativo, revisable únicamente ante el Orden de lo Contencioso-Administrativo..

La Sala Primera, de lo Civil del Tribunal Supremo, declaró en la Sentencia 31 de enero de 2011, reiterando la doctrina contenida en la STS de 13 de diciembre de 2000, que cuando lo que constituye verdaderamente la controversia del proceso es una cuestión que, al margen del planteamiento jurídicos-privado efectuado por las partes, está sometida al Derecho administrativo y no al Derecho civil o mercantil, la competencia corresponde a los Órganos Judiciales del orden Contencioso-Administrativo.

3º.-Además, en el Auto de la misma Sala, de 30 de mayo de 2012, declara expresamente la falta de competencia de la Jurisdicción Civil, para conocer de una reclamación de cuotas efectuada por una Entidad Urbanística de Conservación contra una de las entidades que se integra en la misma, partiendo de que las características fundamentales de estas entidades, son equivalentes, mutatis mutandi, a las de las juntas de compensación. En definitiva, ambas, ex artículo 24.2 Reglamento de Gestión Urbanística, son calificadas como “Entidades Urbanísticas Colaboradoras”

Sentado cuanto antecede, y dado que la reclamación de deudas por gastos de urbanización, se encuentra enmarcada dentro de la función/obra pública urbanizadora que como Entidad Derecho Público le asiste y así tiene reconocido por mandato legal y reglamentario (que se hace extensible a las cuotas de urbanización y su gestión de cobro) carece cuanto menos de sentido sostener la competencia de la Jurisdicción Civil para declarar la existencia de una obligación de carácter administrativo.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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