El reintegro de subvenciones

I.- ¿En qué consiste el reintegro de subvenciones?

El reintegro de subvenciones es un mecanismo de Derecho Público por el cual la Administración exige a un beneficiario o entidad colaboradora la devolución de los fondos públicos percibidos de forma indebida o cuyos compromisos asociados se han incumplido. No es un mecanismo de carácter punitivo, cuya finalidad no es castigar al beneficiario, sino restablecer el equilibrio económico y garantizar que el dinero público regrese a las arcas del Estado si no se ha destinado al fin para el que fue otorgado.

En Administrativando Abogados contamos con experiencia en el asesoramiento jurídico sobre subvenciones y en la defensa frente a procedimientos de reintegro, analizando la causa invocada por la Administración, la justificación presentada, los plazos, la proporcionalidad del reintegro y las posibles vías de impugnación.

II.- Régimen jurídico del reintegro de subvenciones

El régimen jurídico del reintegro de subvenciones está regulado principalmente en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, (en lo sucesivo, LGS) y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en lo sucesivo, Reglamento General de Subvenciones).

III.- Causas que originan el reintegro de subvenciones

El deber de reintegrar los fondos recibidos -junto con los intereses de demora-, se origina conforme lo previsto en el artículo 37 de la LGS, por:

• Obtención falseada: Conseguir la subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubiesen impedido.
• Incumplimiento total o parcial: No alcanzar el objetivo, no realizar la actividad o no adoptar el comportamiento que fundamentó la concesión.
• Falta de justificación: Incumplir la obligación de justificar formalmente el destino de los fondos o presentar una justificación insuficiente.
• Incumplimiento de medidas de difusión: No adoptar las medidas de publicidad y visibilidad de la financiación pública establecidas en las bases reguladoras.
• Resistencia o desatención al control: Negativa, obstrucción o resistencia a las actuaciones de comprobación de la Administración concedente o de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado o del Tribunal de Cuentas.

Sobrefinanciación: Cuando el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, supere el coste de la actividad financiada –en este caso, procederá el reintegro del exceso.

IV.- ¿Cuál es la naturaleza del reintegro de las subvenciones?

Las cantidades por reintegrar tienen la consideración de ingresos de derecho público –conforme lo establecido en el artículo 38.1 de la LGS-, siendo así, su cobranza se rige por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lo que permite a la Administración acudir a la vía de apremio si no se produce el pago voluntario.

V.- ¿Quiénes están obligados a el reintegro de las subvenciones?

Conforme a lo previsto en el artículo 40 LGS, la obligación de reintegro se dirige principalmente contra quien ostenta la condición formal de obligado. Sin embargo, la ley prevé una estructura de responsabilidad muy estricta para garantizar que el dinero público regrese a la Administración, extendiendo la obligación a terceros en determinados supuestos, como son:

1. Los obligados principales, es decir, la persona física o jurídica (empresa, autónomo, asociación, etc.) que solicitó la ayuda y a cuyo favor se dictó el acto de concesión, o la entidad colaboradora, -si se utilizó esta figura-, si el motivo de la devolución es imputable a su gestión o si no entregó el dinero a los beneficiarios de forma correcta.
2. Responsables solidarios, a quienes la Administración puede exigir el 100% de la deuda por reintegro, sin necesidad de ir primero contra el beneficiario principal, como son:

1. Miembros de entidades sin personalidad jurídica, esto quiere decir, que, si la subvención se otorgó a agrupaciones de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles sin personalidad, todos sus miembros responderán solidariamente, ya que la Administración puede reclamar el total a cualquiera de ellos.
2. Responderán solidariamente los representantes legales del beneficiario cuando éste carezca de capacidad de obrar.
3. Aquellas personas que, por dolo o culpa grave, hayan causado o colaborado activamente en la ocultación o el falseamiento de datos que dieron lugar al reintegro indebido.

1. Responsables subsidiarios, cuando el beneficiario principal es una sociedad mercantil u otra persona jurídica y esta resulta declarada fallida tras el procedimiento de apremio (es decir, la Administración la investiga y no tiene bienes ni dinero para pagar), la deuda se deriva a los Administradores de la sociedad, en ese sentido, los administradores de hecho, o de derecho, de las personas jurídicas responderán subsidiariamente de las deudas por reintegro si

1. No hubiesen realizado los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones de la subvención.
2. Hubiesen consentido el incumplimiento por parte de quienes de ellos dependan.
3. Hubiesen adoptado acuerdos que facilitaran los incumplimientos o la falta de justificación.

Ahora bien, si el beneficiario fallece, la obligación de reintegro se transmite a sus herederos (causahabientes), quienes responderán de la deuda con las limitaciones que el derecho civil establece para la aceptación de herencias (como la aceptación a beneficio de inventario). Y si se trata de una empresa o asociación que se disuelve o liquida, las obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán a los socios, partícipes o cotitulares, quienes responderán de ellas solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les haya correspondido.