El recurso de amparo

I. ¿Qué es el recurso de amparo?

El recurso de amparo es una vía de protección jurisdiccional frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales y libertades públicas, que se originen por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

La única pretensión que puede hacerse valer a través del recurso de amparo es la del restablecimiento o preservación de los derechos o libertades fundamentales que han sido vulnerados.

En ese sentido, el recurso de amparo se interpondrá cuando:

  1. Se haya lesionado un derecho fundamental o una libertad pública, siempre y cuando se trate de los derechos consagrados en los artículos que van del 14 al 29 de la Constitución Española, más la objeción de conciencia prevista en el artículo 30 del mismo texto constitucional.
  2. Se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para obtener su restablecimiento.
  3. Se haya invocado la vulneración del derecho fundamental o libertad pública.

II. ¿Qué actos son recurribles a través del recurso de amparo?

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, serán recurribles a través del recurso de amparo debido al origen del acto del poder público al que se le imputa la vulneración de los derechos y libertades fundamentales, los siguientes actos:

  1. Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos.
  2. Las decisiones gubernativas y administrativas.
  3. Las decisiones judiciales.

Asimismo, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, serán recurribles a través del recurso de amparo:

  1. Los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de candidatos y candidaturas.
  2. Los Acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de presidentes de las Corporaciones locales.

III. ¿Quiénes están legitimados para interponer un recurso de amparo?

La legitimación para interponer un recurso de amparo la tiene toda persona natural o jurídica siempre que invoque un interés legítimo, el cual se identifica con la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio en el supuesto de que prospere el recurso.

De igual manera, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, están legitimados para interponer un recurso de amparo.

IV. ¿Qué se requiere para interponer el recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales?

Para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas y contra decisiones judiciales, se requiere haber agotado con anterioridad la vía judicial previa, así como haber invocado en ésta, tan pronto como fuera posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.

V. Plazos para interponer el recurso de amparo

Los plazos para la interposición del recurso de amparo, serán los siguientes:

  1. Treinta días, para la interposición del recurso de amparo contra decisiones judiciales.
  2. Veinte días para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o administrativas.
  3. Tres meses para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias.
  4. Dos días -siguientes al de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo-, para la interposición del recurso de amparo contra los acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de candidatos y candidaturas.
  5. Tres días -siguientes al de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo-, para la interposición del recurso de amparo contra los acuerdos sobre proclamación de electos y de presidentes de las Corporaciones Locales.

VI. ¿Cómo se computan los plazos para interponer el recurso de amparo?

Para el cómputo del plazo para la presentación del recurso de amparo, se deben tomar en consideración los siguientes aspectos:

  1. En el caso de la interposición del recurso de amparo contra disposiciones o actos administrativos y resoluciones judiciales, el mismo comienza a computarse a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo.
  2. En el caso de la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias, el lapso comenzará a computarse el día siguiente al de la notificación de las decisiones o actos parlamentarios que sean firmes por no ser susceptibles de revisión en vía intraparlamentaria.
  3. En el cómputo de los plazos para interponer el recurso de amparo, se excluyen los días inhábiles, entendiéndose por tales, los días sábados, domingos y la totalidad del mes de agosto.
  4. En el caso, de que el último día del plazo resulte inhábil por ser día domingo o festivo, el plazo será prorrogado hasta el día siguiente hábil.

VII. ¿Cómo se interpone el recurso de amparo?

El recurso de amparo, se interpone de la manera siguiente:

  1. El recurso de amparo, se inicia mediante la interposición de demanda dirigida al Tribunal Constitucional, en la cual se determinen los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales infringidos, y se señale con precisión el amparo que se solicita para restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado.
  2. El demandante ha de comparecer representado por Procurador del Colegio de Madrid y asistido por Letrado de cualquier Colegio de España.
  3. La demanda ha de ser objeto de una decisión de admisión por parte de las Secciones o de las Salas, mientras que las decisiones de inadmisión adoptadas por las Secciones o las Salas deben especificar el requisito incumplido y sólo pueden ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal.
  4. La Sentencia dictada al conocer del fondo del recurso otorgará o denegará el recurso de amparo Si se admite la demanda y se otorga el amparo, el mismo contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
    • Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución impugnado.
    • Reconocimiento del derecho o libertad pública vulnerado.
    • Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación.
  1. Si el recurso de amparo hubiera de ser estimado porque a juicio del órgano que conoce del mismo la ley aplicada lesiona derechos fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno del Tribunal, con suspensión del plazo para dictar sentencia en el proceso de amparo, hasta que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicada.

VIII. ¿Puede suspenderse la resolución recurrida en recurso de amparo?

Con carácter general la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos del acto, disposición, decisión o resolución impugnada. No obstante, cuando la ejecución del acto, o disposición impugnada produjera un perjuicio irremediable, que pudiera hacer perder el objeto del recurso de amparo, el Tribunal podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de otra persona.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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