El mecanismo de las presunciones en el recurso de casación contencioso – administrativo

Presentamos nuevo e interesante artículo de nuestro colaborador D. Raúl C. Cancio Fernández, Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Doctor en Derecho y Letrado del Tribunal Supremo.

La presunción no es un medio de prueba. Es, por el contrario, un medio de valoración de la prueba practicada, basado en el enlace lógico entre el hecho demostrado e incontestable y aquel que se trata de probar, y que permite considerar probado un hecho relevante para la resolución del litigio (hecho presumido) carente de prueba directa a través de otro plenamente acreditado (hecho base) y respecto del cual aquél se presenta como consecuencia lógica.

Este mecanismo, aplicado al régimen del recurso de casación contencioso-administrativo, permite a la Sección de Admisión, cuando se prepara un recurso de casación al socaire de alguna de las presunciones contempladas en el artículo 88.3 LJCA, considerar acreditado el interés casacional objetivo (hecho presumido) merced a otro plenamente probado (hecho base), verbi gratia, que en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia; cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, salvo que, en los supuestos descritos el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. También cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.

Todos estos escenarios son presunciones iuris tantum, al permitir a la Sección desvirtuar el hecho presunto, tal y como acabamos de ver. Dicho de forma clásica, praesumptio cedit veritati.

Frente a este tipo de presunción, está la ficción jurídica que consagra una situación jurídica incontestable: las presunciones iure et de iure o legales, es decir, que no admite excepción o prueba en contrario, cuya finalidad no es otra que proporcionar seguridad a ciertas situaciones jurídicas que la Ley considera razonablemente existentes por la constatación de otros hechos que sirven de base al hecho generador de la invocada relación o situación jurídica, lo que justifica la posibilidad de que la propia Ley impida la enervación de la situación jurídica que presume a partir de ciertos hechos incontestables en aras de la seguridad jurídica. Siguiendo con el brocardo latino, praesumptio iuris et de iure non admitii probationem in contrarium.

Lo cierto es que este tipo de presunciones son extraordinariamente escasas en nuestro ordenamiento, más allá de los previsto en los artículos 466 y 643.2 del Código civil o en el artículo 7.2 de la ley 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

Pues bien, la reforma operada en el régimen casacional contencioso administrativo, introdujo una de estas endémicas presunciones legales en el apartado b) del artículo 88.3, y así, se considera que siempre y en todo caso, concurre el interés casacional objetivo cuando la resolución impugnada «se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea».

Las exigencias procedimentales para que concurra esta poderosa medida defensiva de la jurisprudencia de la Sala Tercera son, en sintonía con su excepcionalidad, muy severas: se impone que el apartamiento lo sea de la jurisprudencia propiamente dicha; que sea deliberada, esto es voluntaria, consciente, exteriorizada y reflexiva, no bastando una mera inaplicación de la jurisprudencia, siendo, finalmente, carga del recurrente justificar ese extremo en su escrito de preparación.

Repárese en la singularidad de esta presunción que, transcurridos casi cuatro años de su entrada en vigor, únicamente cuatro autos -dos ellos idénticos- de la Sala han admitido un recurso de casación al amparo de la presunción legal del art. 88.3.b) LJCA: en dos supuestos análogos –393/17 y 480/17 y donde también se invocaban otros supuestos del artículo 88.2 LJCA- en relación con el procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en concreto, el acceso al empleo público y la valoración de las reglas o criterios limitativos del número de aspirantes en los procesos selectivos que pueden acceder a la fase de concurso, y un tercero, aquí sí como presunción única, en relación con la necesidad de interpretar, aclarar y, en su caso, matizar la jurisprudencia que interpreta el artículo 19. 1 a) LJCA respecto de la posible legitimación del denunciante en el procedimiento administrativo sancionador para impugnar en la vía contencioso-administrativa las resoluciones dictadas en aquél procedimiento, bien pretendiendo la imposición de una sanción, bien pretendiendo la modificación de la sanción impuesta.

Y recientemente, el auto de 28 de octubre de 2019, en el que la Sala a quo considera que, si la interpretación correcta de dicha sentencia [STS de 2 de julio de 2018] es que sienta con carácter general la nulidad de toda liquidación dictada mediante un procedimiento de verificación de datos cuando resulte procedente el de comprobación limitada, aun cuando no se haya causado indefensión, teniendo en cuanta que la sentencia no expresa las razones por las que se aparta de la doctrina previa, es errónea, razón por la que la Sala se aparta deliberadamente de ella.

Debe subrayarse que, en todos estos supuestos, la Sala sentenciadora emitió la opinión sucinta fundada que prevé el art. 89.5 in fine LJCA, extremo también acentuadamente escaso en la praxis forense del nuevo recurso de casación contencioso – administrativo.

Sigue leyendo Administrativando

Suscríbete a nuestro canal de YouTube

Vídeos sobre infinidad de temáticas relacionadas con el Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo.

Apúntate a nuestra newsletter

Puedes suscribirte a la newsletter de Administrativando haciendo click en el botón que verás debajo.

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

En AB Legal International S.L.P. utilizamos cookies propias y de terceros que permiten al usuario la navegación a través de una página web (técnicas), para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento de los usuarios (analíticas),  que permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página (publicitarias) y  cookies  que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo elaboración de perfiles web ( hay que poner la información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que se elaboren perfiles) (análisis de perfiles) (si hubiera otras finalidades debería incluirse la información). Si acepta este aviso consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies.

Newsletter

Puedes suscribirte a Administrativando dejando tu e-mail a continuación y recibirás semanalmente los últimos artículos en tu bandeja de entrada.

Call Now Button