El derecho de reversión en la expropiación

Notas introductorias

En esta entrada del blog, se explica lo relativo al derecho de reversión de que dispone el titular del bien expropiado y que puede ejercitar en ciertas circunstancias finalizado el procedimiento de expropiación con la ocupación del bien por parte de la Administración.

Derecho de reversión: Supuestos en que cabe ejercitarlo

Una vez concluido el procedimiento expropiatorio con la efectiva ocupación del bien en cuestión, pueden sucederse varias circunstancias.

Por un lado, que el bien expropiado en última instancia, no se destine a la finalidad pública que justificaba la expropiación. Por otro lado, puede darse el caso de que existan partes sobrantes que quedan sin utilizar. Finalmente, también puede suceder que, aunque se haya llevado a cabo la finalidad pública, ésta se haya abandonado posteriormente, lo cual es muy común en expropiaciones para la prestación de servicios, por ejemplo, en el caso de expropiación de bienes inmuebles para sedes con una determinada dotación en el ámbito urbano.

En los supuestos referidos, el propietario originario de los bienes tiene un derecho de reversión. El mismo se encuentra regulado por la LEF, pero no forma parte del contenido esencial de la garantía expropiatoria, tal y como ha venido declarando en sucesivas ocasiones el Tribunal Constitucional.

 Ejercicio del derecho y obligación de comunicación al administrado

En cuanto a la forma de canalizar este derecho, la Administración tiene la obligación de comunicar al administrado, es decir, al titular original de los bienes expropiados, que se ha producido la circunstancia que determina el nacimiento del derecho de reversión.

El particular dispone de un plazo de 3 meses para optar por recuperar la propiedad del bien expropiado reintegrándose el valor de la indemnización percibida.

En el caso de que la Administración no lleve a cabo la comunicación procedente, existen unos plazos en los cuales el titular que ha tenido noticia de la existencia de las circunstancias que permitirían el nacimiento del derecho de reversión, puede ejercitar el mismo.

 Supuestos en los que no cabe la reversión

Por una parte, no cabe la reversión, por ejemplo, en los supuestos en los cuales se haya producido un transcurso del tiempo de al menos 10 años desde que, en efecto, se finalizó la obra o se inició o puso en marcha el servicio público que justifica la expropiación.

De este modo, transcurrido el meritado espacio temporal, a pesar de que se haya dado la circunstancia de abandono de la finalidad pública, no podrá llevarse a cabo la reversión.

Por otro parte, tampoco se tendrá derecho de reversión si se adscribe el bien objeto de expropiación a otra finalidad pública distinta de la inicialmente acordada.

 Obligación del titular: devolución del justiprecio actualizado

Una vez que nace el derecho de reversión, lo más importante es determinar cuál es la obligación del particular para poder obtener la devolución del bien.

En este caso, el legislador es más exigente con el particular, pues este último sólo dispone de tres meses no sólo para optar a la reversión, sino para reintegrar el justiprecio que además debe estar actualizado conforme al Indice de Precios al Consumo desde el momento en que se inició el procedimiento de determinación del justiprecio hasta el momento en que se ejercita el procedimiento de reversión.

 Caducidad del derecho de reversión

El pago de la indemnización actualizada resulta ser condición sine qua non para obtener la reversión. En el supuesto de que no se haya devuelto esta indemnización transcurridos tres meses, se entiende que se ha producido una renuncia a este derecho de reversión, caducando el derecho sin que, por ende, la Administración haya de devolver el bien.

 Mejoras o menoscabos en el bien: Nueva valoración

Por último, en el caso de que se hayan producido mejoras o menoscabos por parte de la Administración en el bien expropiado, este deberá ser objeto de una nueva valoración con anterioridad al pago del correspondiente precio.

 Notas finales

El derecho de reversión es aquel de que dispone cualquier titular de bienes expropiados en determinadas circunstancias, tales como que el bien expropiado finalmente no se destine a la finalidad pública que justificaba la expropiación, que existan partes sobrantes que quedan sin utilizar, o, cuando aunque se haya llevado a cabo la finalidad pública, ésta se haya abandonado posteriormente.

Este derecho se encuentra regulado por la ley pero no forma parte del contenido esencial de la garantía expropiatoria. El particular dispone de un plazo de 3 meses para optar por recuperar la propiedad del bien expropiado, siempre que reintegre el valor actualizado de la indemnización percibida, entendiéndose que renuncia al derecho, operando el instituto de la caducidad.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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