A partir de ahora, el cese de un funcionario de libre designación deberá de ser motivado

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Concepto de libre designación

Consiste en la apreciación discrecional por medio del órgano administrativo competente, del candidato más idóneo para ocupar el puesto en cuestión.

Las leyes de Función establecen los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

El ejercicio de las potestades referidas a esta forma de provisión de plazas funcionariales, se encuentra sujeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad por exigirse la oferta mediante convocatoria pública.

Diferenciación entre libre designación de funcionarios públicos y libre designación de personal eventual

Resultan ser dos estatutos distintos la libre designación del empleado público que es funcionario de carrera para ocupar un puesto funcionarial así clasificado, de la libre designación del personal eventual [cf. 8.2.a) y d) en relación con el artículo 12 del EBEP (RCL 2015, 1695, 1838) ]. Aun excepcional, en el primer caso constituye una forma de provisión de puestos de trabajo, en el que si bien hay un componente de confianza en él designado, tal confianza se basa en sus cualidades profesionales. Por el contrario, el personal eventual está llamado a desempeñar funciones de estricta confianza de la autoridad que le designa, en especial de asesoramiento, que puede libremente cesarle sin dar especial razón y eso sin olvidar que la suerte de ese funcionario eventual va ligada a la de quien le nombró.

Regulación

Principalmente, la encontramos en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 51 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Cese del funcionario de libre designación

El mismo, al igual que su nombramiento, resulta ser discrecional por el órgano administrativo competente.

Concretamente, el artículo 80, párrafo cuarto, del meritado RD Legislativo 5/2015, establece al respecto:

“Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema”.

En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 58.1 del señalado Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que espeta:

“Los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional”.

Necesaria motivación del cese de funcionario de libre designación: Ley de procedimiento administrativo

El hecho de que el cese sea discrecional, no quiere decir, en modo alguno, que se encuentre carente de motivación. Así lo exige expresamente el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al señalar:

“Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

  1. i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa”.

Reciente Jurisprudencia sobre la necesaria motivación del cese de funcionario de libre designación

La doctrina tradicional, defendía que no era necesario que el acto administrativo de cese llevase aparejado la más mínima motivación que justificase dicha decisión.

Sin embargo, recientemente, la doctrina jurisprudencial ha cambiado en el sentido de considerar necesario la motivación expresa del cese.

Concretamente, conviene traer a colación la Sentencia núm. 712/2020 de 9 juniodel Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª)JUR\2020\189409, cuyas cuestiones clave, paso a transcribir:

a) Objeto del recurso de casación.

Se impugna en dicho recurso de casación la sentencia núm. 374, de 29 de septiembre de 2017 (PROV 2017, 290439) , de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestimó el recurso de apelación núm. 251/2016 formulado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha contra la sentencia núm. 77 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Albacete, de fecha 24 de mayo de 2016, estimatoria del recurso contencioso-administrativo núm. 44/2016 interpuesto frente a la resolución de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, de 14 de diciembre de 2015, por la que se cesa a doña Herminia en el puesto de trabajo denominado «Jefa de Servicio de Industria y Energía», plaza con código NUM000, con efectos administrativos desde la fecha de su notificación.

b) La cuestión de interés casacional

Se somete al pronunciamiento del Alto Tribunal, la siguientes cuestión:

“Precisar que la cuestión en la que entendemos que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: determinar el contenido del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación”.

c) El juicio de la Sala

“Prima facie”, aclara expresamente:

“En todo caso, el ejercicio de tal potestad discrecional queda sujeta al deber general de motivar ( artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el mismo sentido, el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (RCL 2015, 1477) , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [«Ley 30/1992 y Ley 39/2015, respectivamente]»).

A mayor abundamiento, trae a colación (y hace nuevamente suya), la sentencia de 19 de septiembre de 2019 (RJ 2019, 3577), que señala:

«1º El funcionario de carrera que desempeña un puesto clasificado como de libre designación tiene un mero interés en su permanencia, no un derecho a la inamovilidad en ese concreto puesto, algo propio de los provistos mediante concurso reglado. Ese mero interés trae su causa en que la designación para el puesto se basa en un juicio de libre apreciación, por lo que quien lo designó puede juzgar que las condiciones subjetivas u objetivas, tenidas en cuenta para la designación, pueden haber desaparecido o cambiado, teniendo en cuenta el interés general que se satisface desde el desempeño del puesto.

2º Como el acto de nombramiento, también el de cese debe ajustarse a exigencias formales obvias como, por ejemplo, que lo acuerde el órgano competente o la adecuada formación -en su caso- de la voluntad si es un órgano colegiado y a tales exigencias formales cabe añadir la motivación si bien con la debida modulación.

3º Esta motivación ciertamente debe ir más allá de lo previsto en el artículo 58.1, párrafo segundo, del RGPPT, según el cual «la motivación de esta resolución se referirá a la competencia para adoptarla». Por tanto, al funcionario cesado debe dársele razón de por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese.

4º La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. Esta exigencia de motivación se cualifica cuando se trata del cese de quien ejerce funciones de representación sindical».

Consecuencias de la anulación del cese

En el supuesto de que el acto administrativo de cese del funcionario de libre designación, sea revocado por el contencioso – administrativo, en base a falta de motivación, el funcionario en cuestión deberá de ser repuesto en el puesto de trabajo cesado, con cuantos derechos económicos y administrativos le hubiesen correspondido.

A efectos ilustrativos, traigo a colación el fallo del TSJ de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) Sentencianúm. 374/2017 de 29 septiembre, JUR\2017\290439, al señalar:

“Que estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana Isabel Naranjo Torres, en nombre y representación de doña María Purificación , contra la resolución de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de fecha 14 de diciembre de 2015, por la que se resuelve cesar a la actora en el puesto de trabajo denominado «Jefa de servicio de industria y energía», plaza con código NUM000 a , con efectos administrativos desde la fecha de su notificación; debo declarar y declaro su anulación por no ser la misma ajustada a derecho, condenando a la administración demandada a reponer a doña María Purificación en el puesto de trabajo denominado «jefe de servicio de industria y energía», plaza con código NUM000 a , con cuantos derechos económicos y administrativos conlleve, debiendo estar y pasar la administración por dicha declaración, y todo ello con la expresa imposición a la administración demandada de las costas causadas en esta instancia, aunque se limitan a la cantidad máxima de 400 €”.

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