El Cabildo de Gran Canaria prevé reducir de 563 a 58 las plazas que ocupan los interinos

Interinos Canarias

El Cabildo de Gran Canaria planea reducir de 563 a 58 el número de plazas que cubren los interinos tras la oferta extraordinaria de estabilización de los trabajadores temporales, que engloban a 403 plazas, y las ofertas de empleo público de 2021 y 2022 que en su día fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular y que suponen 41 y 49 puestos respectivamente.

El porcentaje de plazas oficiales cubiertas por personal interino en el Cabildo de Gran Canaria se reducirá desde el 26% actual a tan solo un 3,7%, según ha anunciado la consejera de Función Pública, Margarita González. Esta reducción supone reducir en casi un 90% el personal interino, pues cuando se completen las 483 plazas previstas, de las 563 que hoy están ocupadas por interinos, solo quedará un 10,30% de profesionales interinos en plantilla.

Estas previsiones del Cabildo de Gran Canaria se engloban dentro de las medidas previstas para acabar con el alto porcentaje de empleo temporal y la interinidad en una plantilla formada por un total de 1.550 profesionales.

Méritos de los aspirantes

La mayoría de las cerca de 400 plazas que se incluyen en la oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal se van a cubrir por el sistema de concurso. Esto quiere decir que se valorarán únicamente los méritos de los candidatos.

Los aspirantes a los que se valorarán los méritos lucharán por 333 plazas, el 82,63% del total, y solo habrá 70 puestos que se adjudicarán mediante la fórmula de concurso-oposición. Se da la circunstancia de que, en los concursos, la experiencia profesional cuenta con mayor peso, ya que los candidatos pueden sumar 70 de los 100 puntos posibles solamente con justificarla.

En cuanto a las 333 plazas que se ofertarán, 197 serán de personal laboral y 135 de funcionarios. Se espera que la convocatoria salga publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de este mes de febrero.

Estabilización de empleo temporal

Respecto a las 70 plazas englobadas en la oferta de estabilización que se van a cubrir a través de concurso oposición, 49 serán de funcionario y 21 para personal laboral. Aunque las bases de la convocatoria ya fueron publicadas el pasado mes de diciembre en el Boletín Oficial de Las Palmas, el inicio de la convocatoria se prevé para comienzos del mes de marzo, si bien el proceso de estabilización de empleo temporal se puede dilatar hasta el 31 de diciembre de 2024 como fecha máxima.

Los candidatos a las 70 plazas disponibles tendrán que someterse a un examen tipo test. Habrá un temario diferente para cada categoría y los interesados solo podrán obtener con la prueba un 60% de los puntos del concurso oposición. Con los méritos podrán conseguir los 40 puntos restantes y con la experiencia profesional los candidatos podrán obtener hasta 31 puntos. El resultado final se conseguirá sumando los puntos obtenidos en el concurso y la oposición.

Dentro del proceso de estabilización de empleo temporal se han reservado cinco plazas para personas con discapacidad, que se cubrirán mediante concurso. Tres serán para Auxiliar Administrativo, una para Operario de Medio Ambiente y otra de Técnico de Psicología.

La OPE de 2021 tiene un plazo máximo de convocatoria que finaliza en 2024 y la OPE de 2022 concluye en 2024, pues ambas tienen un plazo máximo de tres años para su resolución.

Procesos para docentes

Se da la circunstancia de que en Canarias también hay abiertos otros procesos de estabilización. En el caso de los docentes, no está exento de polémica. Recientemente, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias STEC-IC ha calificado de “inasumible” el número de inscripciones presentadas a los procesos de estabilización para docentes en esta región.

Según sus palabras, “Canarias debe plantarse ante el Estado para reclamar que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar que lo que debe ser un plan para estabilizar a los docentes que trabajan en Canarias no acabe convirtiéndose en un despido colectivo”.

El sindicato ha resaltado que más de 34.600 personas se han inscrito en el concurso de méritos, lo que supone casi el triple del número de docentes interinos que cuentan con al menos un día de experiencia docente en Canarias. Al no celebrarse pruebas selectivas, para optar a una plaza es casi imprescindible tener los 7 puntos que se conceden por experiencia cuando se alcanzan diez años de servicio. Pero solo un tercio de los docentes interinos posee esta experiencia.

Por todo ello, y en opinión del sindicato, “por cada interino canario con posibilidades reales de luchar por una plaza, se han presentado 9 inscripciones, de las cuales 6 no son docentes con experiencia en Canarias. Los datos nos invitan a reflexionar sobre si estos procedimientos selectivos van a servir para dar cumplimiento al fin último de estabilizar a los docentes interinos que desde hace años se encuentran en situación de abuso de temporalidad en Canarias”.

En el sector docente, Canarias siempre ha sido una región con elevadas tasas de interinidad que han llegado a superar incluso el 35%, como ha ocurrido en los últimos años.

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Adela Merino León

Asociada

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Directora

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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