Despidos de sanitarios interinos con contratos temporales encadenados por la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía ha despedido a sanitarios interinos que estaban encadenando contratos temporales. Algunos de los afectados acumulaban casi un centenar de contratos por semanas, días o incluso horas.

El hospital Costa de Sol de Marbella, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha sido uno de los centros en los que trabajaban algunos de los profesionales afectados por los despidos de la Junta de Andalucía. Una decena de interinos que llevaban años encadenando contratos en este centro, tras comunicárseles el despido, han denunciado la situación en los tribunales de lo social. Los jueces les han dado la razón y han determinado la reincorporación a su puesto como indefinidos.

Entre los perjudicados por los despidos se encontraban algunos profesionales que, tras superar su correspondiente proceso selectivo, llegaron a encadenar más de 40 contratos temporales de interinidad o eventuales por circunstancias de la producción. Sus abogados les aconsejaron recurrir al considerar que diferentes leyes prohíben estas prácticas empresariales que afectan a los trabajadores públicos cuando el encadenamiento de contratos temporales no tiene una causa debidamente justificada.

A la hora de realizar los contratos se aludía a la necesidad de dar cobertura a una mayor afluencia de pacientes como circunstancia imprevista y de urgencia a la que responder con celeridad. Por su parte, los demandantes consideran que multitud de los contratos temporales se pueden calificar como un fraude de ley, ya que la causa que los motiva no es suficiente, o bien porque se utilizan contratos de interinidad para cubrir vacaciones de profesionales.

Argumentos de la defensa

La defensa de una de las demandantes alude a que su último contrato realizado se finaliza sin causa alguna por el SAS, lo que supone un despido improcedente. “Formalmente, al trabajador se le entrega un contrato de interinidad para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva”, señala.

En este sentido, además, añade que “el párrafo segundo del Art. 4.1 del Real Decreto 2.720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada al amparo del cual se formaliza el contrato último, dispone que el contrato de interinidad se podrá celebrar, asimismo, para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva”.

Por otra parte, el letrado apunta a que el cese de su cliente se le comunicó vía telefónica, sin comunicación por escrito ni la presentación de la liquidación correspondiente. En este sentido, el abogado apunta a la necesidad de que las Administraciones respeten las exigencias formales que contempla el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 98.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, así como las exigencias convencionales.

Por todos estos motivos, el letrado señalaba que el despido debía ser declarado improcedente, teniendo en cuenta que, además de no cumplirse los requisitos establecidos, tampoco existe causa que justifique la finalización del contrato que tenía el trabajador como consecuencia de la superación de un proceso selectivo. “Esto implica que debe tratarse a la relación como indefinida a tiempo completo ordinaria y el despido debe ser declarado improcedente por sentencia judicial”, señala.

Situación en Andalucía

La Junta de Andalucía se encuentra en proceso de estabilizar a más de 67.000 profesionales con las convocatorias de larga duración y las últimas ofertas de empleo públicos convocadas. Desde el año 2019 se han sumado 25.400 interinidades a las 41.657 plazas fijas ofertadas.

El SAS está resolviendo la oferta de empleo público correspondiente a los años que comprenden el periodo desde 2018 a 2021, con un total de 15.541 plazas para todas las categorías. A estas plazas se sumó una oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de 14.418 plazas ocupadas por personal temporal. De estas plazas, más de 3.000 corresponden a especialistas -entre ellas 1.104 para médicos de atención primaria-, más de 3.600 a enfermería, más de 2.550 a auxiliares de enfermería y 1.300 para celadores.

Fuentes: Fuentes Informadas y okdiario

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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