Desistimiento, renuncia y caducidad en el procedimiento administrativo

I. ¿Qué se entiende por desistimiento, renuncia y caducidad en el procedimiento administrativo?

De conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (en adelante Ley 39/2015), se entiende por desistimiento, renuncia y caducidad, a las formas de terminación del procedimiento administrativo, es decir, que además de la resolución expresa o tácita, y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, el desistimiento, la renuncia y la caducidad, se presentan como las modalidades –de terminación anormal-, por medio de las cuales se pondrá fin al procedimiento administrativo.

II. ¿En qué consiste el desistimiento en el procedimiento administrativo?

El desistimiento tal y como lo establece el diccionario Panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, es una de las formas de “…terminación anormal del procedimiento administrativo, debido a que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba, que podrá ejercitar en una nueva demanda posterior.” Esto quiere decir, que el interesado desiste de proseguir con el procedimiento ya iniciado, sin perjuicio de que éste pueda volver a iniciar otro nuevo, en el sentido de que, sus efectos se despliegan sobre el procedimiento, y no sobre la pretensión que se formula.

El desistimiento como forma de terminación del procedimiento administrativo, se encuentra regulado en el artículo 94 de la Ley 39/2015 y se puede hablar de:

  1. Desistimiento del procedimiento administrativo por la Administración.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Sin embargo, no operará el desistimiento del procedimiento administrativo por parte de la Administración en los casos de expropiación forzosa en los cuales se haya producido la ocupación del bien expropiado o se haya fijado el justiprecio, tal como lo ha señalado la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1.255/2018 de fecha 17 de julio de 2018, citando la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de octubre de 2013, dictada en el recurso de casación 765/2011:Es jurisprudencia clara y constante de esta Sala que la Administración expropiante puede desistir de la expropiación siempre que no se haya producido la ocupación del bien expropiado o que no se haya fijado el justiprecio. La razón por la que la fijación del justiprecio en vía administrativa determina la imposibilidad de desistir de la expropiación es que a partir de ese momento se perfecciona el derecho subjetivo del expropiado al cobro de aquél (…) Así, una vez fijado el justiprecio en vía administrativa, el procedimiento expropiatorio ha concluido, de manera que la Administración expropiante no puede ya desistir.”

  1. Desistimiento del procedimiento administrativo por los interesados.

Por su parte, en cuanto al desistimiento del procedimiento administrativo por parte de los interesados, se observa que, todo interesado podrá desistir de su solicitud, por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. En este caso, la Administración aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo, terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.

En este caso, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Ahora bien, si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

No obstante, si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento del procedimiento administrativo, pero seguirá la tramitación del procedimiento.

III. ¿Qué se entiende por renuncia del procedimiento administrativo?

A diferencia del desistimiento donde el interesado manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, la renuncia del procedimiento administrativo es la terminación anormal del procedimiento en virtud de la manifestación de voluntad del interesado de abandonar su pretensión renunciando además al derecho material en el cual se encontraba fundamentada la misma, de modo que no podrá ejercitarlos en el futuro, mediante otro proceso.

IV. Semejanzas y diferencias entre el desistimiento del procedimiento administrativo y la renuncia

En cuanto a las semejanzas y diferencias que existen entre el desistimiento del procedimiento administrativo y la renuncia, podemos mencionar en cuanto a las semejanzas:

  1. Tanto el desistimiento del procedimiento administrativo como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
  2. El desistimiento o la renuncia del procedimiento administrativo sólo afectarán a aquellos que lo hubiesen formulado.

En cuanto a las diferencias podemos indicar las siguientes:

  1. El desistimiento del procedimiento administrativo, podrá efectuarse de manera libre, sin embargo, la renuncia sólo se permite cuando no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico.
  2. En el desistimiento se abandona específicamente la acción y no los derechos en ella involucrados, caso contrario sucede con la renuncia del procedimiento administrativo, donde se abandona directamente los derechos de titular, trayendo como consecuencia que no puedan ser ejercitados nuevamente en el futuro.

V. ¿Qué se entiende por caducidad en el procedimiento administrativo?

Se entiende por caducidad en el procedimiento administrativo, otra de las formas de terminación anormal del referido procedimiento, cuando en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado se produzca su paralización por causa imputable a este.

VI. ¿Cuál es el plazo para que se produzca la caducidad del procedimiento administrativo?

De acuerdo con lo previsto en el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin actividad, se producirá la caducidad del procedimiento administrativo, por lo que, consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

No obstante, no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.

VII. Supuestos que deben verificarse para la procedencia de la caducidad del procedimiento administrativo

De conformidad con lo previsto por el Tribunal Supremo, en su Sentencia Nº 760/1987, de fecha 2 de julio ECLI:ES:TS:1987:4649, se observa que, para la procedencia de la caducidad del procedimiento administrativo, debe evidenciarse la concurrencia de dos factores, uno objetivo y otro subjetivo, al señalar: «La caducidad, forma extintiva del procedimiento, (…) exige la concurrencia de dos factores, uno objetivo con su ingrediente temporal y otro subjetivo. Así, se configura como la inactividad culpable durante un período determinado y, en definitiva, con una presunción implícita de abandono o apartamiento, según refleja la conexión explícita con el régimen del desistimiento y de la renuncia. La paralización de un expediente por causa imputable al interesado permite a la oficina administrativa declarar la caducidad de las actuaciones y ordenar su archivo, si previamente lo advierte al peticionario y este prolonga su inactividad o silencio durante tres meses. Tal regla, común en sus líneas generales para todo tipo de procedimientos, incluso los judiciales, ha sido llevada también al económico-administrativo, que no es sino una modalidad del ordinario, con las peculiaridades inherentes a esta vía de reclamación por mor de la materia y la singular estructura orgánica».

VIII. ¿Procede la prescripción a causa de la caducidad del procedimiento administrativo?

Es importante destacar que la caducidad del procedimiento administrativo no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. No obstante, los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, pudiendo iniciarse un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción e incorporando a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En cuanto al inicio de un nuevo procedimiento, la Audiencia Nacional en Sala de lo Contencioso Administrativo, sección octava, de fecha 20 de enero de 2020. Núm. de Recurso: 0000718 /2018 (Roj: SAN 304/2020 – ECLI:ES:AN: 2020:304), ha establecido “…se ha pronunciado este tribunal, en sendas sentencias de fecha 14/12/2018 y 13/05/2019, señalando que el punto de partida debe ser que la caducidad no impide el inicio de un nuevo procedimiento mientras no exista prescripción y que las actuaciones realizadas en un procedimiento caducado mantienen su validez y eficacia a efectos probatorios. La falta de declaración expresa de caducidad es una irregularidad formal irrelevante, pues, en ningún caso, es un requisito esencial en la regulación legal, ni produce indefensión”.

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Adela Merino León

Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos.

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Asociada Senior

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues.

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores.

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias.

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía.

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo.

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo.

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi.

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19.

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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