¿Cuánto gana un abogado de derecho farmacéutico?

I. ¿Cómo se define el derecho farmacéutico?

El derecho farmacéutico es el que regula los servicios de las oficinas de farmacia, pero también las normas de fabricación, distribución, publicación y uso de los medicamentos, tanto con fines humanos como veterinarios, así como los productos sanitarios de higiene personal o cosméticos, que requieren cumplir con criterios de seguridad, calidad y eficiencia que marca la normativa al respecto, tanto a nivel nacional como europeo.

II. ¿Cuál es la función de un abogado de derecho farmacéutico?

El abogado de derecho farmacéutico tiene dentro de sus funciones, desde la protección de los derechos de los pacientes hasta la defensa de los intereses de las empresas farmacéuticas, en ese sentido, se encuentra en constante conocimiento de toda la regulación específica en la materia, lo que engloba desde la fase de investigación hasta la comercialización. 

No obstante, específicamente, el abogado de derecho farmacéutico, cumple las siguientes funciones:

  1. Ofrecer una solución integral a sus clientes en los asuntos que marca la regulación europea, nacional y autonómica, como los relacionados con el control de las autorizaciones, fijación y reembolsos de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud.
  2. Representar y defender los intereses de sus clientes ante procedimientos sancionadores o posibles inspecciones.
  3. Supervisar contratos específicos sobre licencias o funciones relacionadas con marketing, distribución, fabricación, ensayos clínicos, externalización de servicios y consorcios de investigación dentro del sector.
  4. Brindar asesoría en cualquier negociación con la Administración, en cuanto a supervisión de subvenciones, acuerdos de descuentos, financiaciones o concursos públicos, entre otras materias.
  5. Ejercer acciones de oposición, nulidad, reclamación y obtención de patentes, y a la hora de solicitar certificados de protección y etiquetado de productos.
  6. Asesorar en torno al contrato y cobro de medicamentos.
  7. Asesoramiento legal para oficinas de farmacia.
  8. Retribución en especie de equipos de venta.
  9. Ordenación y atención farmacéutica en cuanto a la prescripción y dispensación de medicamentos.
  10. Asesoría en procedimientos legales por publicidades.
  11. Revisión y elaboración de contratos.
  12. Venta, compra o cesión de farmacias.
  13. Gestión de contratos de distribución y licencia administrativa de productos farmacéuticos.
  14. Asesoramiento y defensa jurídica ante la Administración y los Tribunales
  15. Tributación de congresos farmacéuticos
  16. Reclamación de deuda farmacéutica a la Administración.

III. ¿Cuál es el perfil del abogado de derecho farmacéutico?

El abogado de derecho farmacéutico requiere de un perfil en el cual se incluyan habilidades en cuanto a análisis jurídicos, conocimientos especializados y competencias que permitan que el abogado de derecho farmacéutico tenga un gran conocimiento sobre las leyes y regulaciones normativas (tanto nacionales como internacionales) que rigen el sector salud y la industria farmacéutica, así como una alta capacidad para analizar e interpretar jurídicamente las referidas normas.

Especialidades estas que le permiten, además, tener la capacidad de identificar y resolver problemas legales de manera efectiva y eficiente y poder comunicarse de manera clara y efectiva con clientes, colegas abogados, profesionales de la salud, reguladores y demás partes involucradas en el sector.

Además de lo antes mencionado, otro de los aspectos característicos del abogado de derecho farmacéutico, es su profesionalismo y compromiso ético y responsabilidad en el ejercicio del cargo.

IV. ¿Dónde puede trabajar un abogado de derecho farmacéutico?

El abogado de derecho farmacéutico, puede ejercer sus funciones en entornos laborales, como:

  1. Despachos de abogados especializados, dentro de los cuales dependiendo su tamaño y alcance se pueden encontrar firmas boutique especializadas como grandes despachos o bufetes con presencia internacional. Una de ellas es Administrativando Abogados.
  2. Instituciones de salud.
  3. Empresas farmacéuticas.
  4. Organizaciones gubernamentales y reguladoras en el sector sanitario y farmacéutico.

V. ¿Cuánto gana un abogado de derecho farmacéutico?

La remuneración que percibe un abogado de derecho farmacéutico puede variar significativamente dependiendo de varios factores, como:

  1. La experiencia.
  2. La especialización.
  3. El conocimiento.
  4. La dedicación.
  5. El encargo.
  6. El lugar de trabajo.
  7. El tipo de despacho o empresa, para la que preste el servicio.

En ese sentido, se debe tomar en consideración que los valores que se muestran a continuación son valores promedios que se tienen como referencia del estudio efectuado del mercado laboral para esta profesión en detalle, a través de diversos enlaces externos, sitios web, entre otros. Así, tenemos que un abogado de derecho farmacéutico puede percibir una remuneración aproximada de:

  1. Un recién colegiado comienza ganando alrededor de 20.000 euros anuales.
  2. Los Abogados Junior (hasta 3 años de experiencia), suelen ganar alrededor de 35.000 euros al año.
  3. Los Abogados Senior,  con su amplia experiencia, pueden llegar a ganar hasta 100.000 euros anuales.

Ahora bien, considerando que la experiencia es un factor determinante en la remuneración de un abogado de derecho farmacéutico, se puede mencionar a título de ejemplo, que:

  1. Los becarios al iniciar sus labores ganan alrededor de 13.200 euros anuales.
  2. El abogado junior –con hasta 3 años de experiencia-, puede llegar a percibir un salario de unos 36.000 euros anuales.
  3. Los asociados con hasta 6 años de experiencia, podrán llegar a percibir un salario de 57.300 euros anuales aproximadamente.
  4. Los asociados senior que tengan hasta 9 años de experiencia pueden llegar a ganar alrededor de 82.500 euros anuales.
  5. Los abogados de derecho farmacéutico que ostenten la condición de directores, con 10 años de experiencia o más, pueden llegar a alcanzar ingresos de unos 119.900 euros anuales.

No obstante, lo anterior, adicionalmente los abogados de derecho farmacéutico pueden recibir beneficios y compensaciones adicionales como bonos basados en el desempeño, vacaciones pagadas, seguro médico y programas de desarrollo profesional, beneficios estos que podrán variar según la empresa y la posición que se tenga dentro de la organización.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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