¿Cuánto gana un abogado en derecho de la energía? 

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I. ¿Qué regula el derecho de la energía?

El derecho de la energía en España se configura a través de un entramado normativo integrado por leyes, reglamentos y principios jurídicos que ordenan de manera sistemática el funcionamiento del sector energético. Este marco regula las actividades de generación, transporte, distribución, comercialización y consumo tanto de la energía eléctrica como de otras fuentes energéticas. Su propósito fundamental es garantizar un suministro seguro, eficiente, transparente y económicamente accesible, armonizando los intereses de los consumidores, los agentes económicos y el Estado. Asimismo, incorpora la promoción de las energías renovables y la adaptación a los objetivos estratégicos establecidos por la Unión Europea en materia de transición energética y sostenibilidad.

II. ¿Cuáles son las funciones de un abogado de derecho energético?

La amplia variedad intrínseca al sector de la energía y sus diferentes actores hace que, por necesidad, las funciones de un abogado especialista en derecho de la energía sean diversas. Sin importar su complejidad, estos letrados pueden asesorar a operadores energéticos, desarrolladores, promotores, constructoras, fondos, traders, y entidades aseguradoras o financieras en un amplio abanico de transacciones derivadas del sector energético.

Entre las funciones de estos abogados de derecho energético, se encuentran el asesoramiento en compraventas de portfolios de activos renovables, financiaciones de grandes proyectos, contratos de compraventa y suministro de electricidad, comercio internacional y contratos de explotación, así como la asesoría en todos los aspectos regulatorios de los sectores de la electricidad, litigios y arbitrajes. Siendo así, es el profesional más adecuado para proporcionar asesoramiento jurídico, representación legal y defensa en los siguientes ámbitos:

  1. Distribución de electricidad: los letrados especializados en esta vertiente legal ofrecen asesoramiento jurídico a los gestores de la red de distribución y en los procesos de acceso y conexión a la red de distribución, entre otros factores.
  2. Autoconsumo: asesoría en el desarrollo de modelos de negocio centrados en el autoconsumo comercial, industrial o residencial, y en la formalización de contratos PPA (Power Purchase Agreement).
  3. Comercialización energética: asesoría a compañías comercializadoras de electricidad y gas en su constitución, obligaciones, funciones y ámbito de actividad, así como todo lo referido a redacción y revisión de contratos para el suministro de energía.
  4. Energías renovables: asesoría en la implantación de proyectos de plantas de generación con energías renovables, así como labores referidas a contratación, negociación, acceso y conexión a la red de distribución o transporte, y asesoramiento en relación con subastas renovables.
  5. Agregación y gestión de la demanda: asesoría en el desarrollo de modelos de negocio centrados en la agregación y gestión de la demanda, así como en la contratación y definición de modelos de comunidades energéticas.
  6. Comunidades energéticas: asesoramiento legal en la estructura, promoción y desarrollo de proyectos relacionados con las comunidades energéticas, tanto en el ámbito público como en el privado.
  7. Almacenamiento energético: asesoría en la regulación de la actividad de almacenamiento energético para consumidores interesados en baterías para la conservación de la energía generada, de manera que pueda ser utilizada y consumida en cualquier momento.
  8. Eficiencia energética: asesoramiento profesional en modelos de negocio de compañías dedicadas a servicios energéticos en relación con sus funciones, obligaciones, contratación y servicios.

III. ¿Cuánto gana un abogado en derecho de la energía?

En España, en cuanto al salario de un abogado en derecho de la energía, podemos indicar que, para el año 2025, varía significativamente por experiencia y especialización, por lo que se debe tener presente que los valores que se muestran a continuación son valores promedios que se tienen como referencia del estudio efectuado del mercado laboral para esta profesión en detalle a través de diversos enlaces externos, sitios web, entre otros, teniéndose una estimación del mismo, pudiendo observar de acuerdo al estudio efectuado que un abogado recién graduado generalmente comienza con salarios en torno a los 18.000 euros a 24.000 euros anuales, dependiendo de la ciudad y el tamaño del despacho, ello debido a su nivel de experiencia y formación académica. No obstante, cuando comienzan a avanzar en su trayectoria profesional, su salario puede aumentar significativamente. En ese caso, un abogado junior especializado puede esperar ganar entre 30.000 y 40.000 euros anuales, mientras que los asociados y seniors pueden superar estos montos.

Ahora bien, existen despachos o empresas en los cuales un abogado puede alcanzar puestos directivos, ya sea como socios en un despacho o directores legales en grandes o medianas empresas eléctricas, pudiendo llegar a obtener un sueldo anual mayor, con la incorporación de variables.  

IV. ¿Cuáles son los factores que influyen en el sueldo de un abogado en derecho de la energía?

Los ingresos de un abogado en derecho energético en España pueden variar enormemente en función de factores como:

  1. El nivel de experiencia y formación académica, ello en virtud de que, los recién graduados ganan menos que aquellos abogados que posean gran experiencia en el ramo, aunado además a la formación académica adicional que han adquirido a través de másteres especializados. 
  2. La Especialización
  3. La dedicación.
  4. El cargo.
  5. El lugar de trabajo.
  6. El tipo de despacho o empresa, para la que preste el servicio, tomando en consideración que las grandes firmas, aunque más exigentes, suelen ofrecer beneficios salariales superiores y acceso a clientes corporativos que incrementan las oportunidades de desarrollo profesional.
  7. La dimensión del asunto atendido.

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David Muñoz Zapata

Director

Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis: “Estudio y propuesta de revisión de la prerrogativa en los contratos administrativos”, que fue calificada con sobresaliente cum laude por el tribunal nombrado al efecto.

Asimismo ha realizado el Máster en “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” y el Máster en “Derecho de la Contratación Pública” de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuenta con una experiencia profesional de dieciocho años, compaginando puestos tanto en el sector privado, en el ámbito de la abogacía y la asesoría jurídica, como en el sector público, ocupando destinos en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha.

Igualmente, posee amplia experiencia en el ámbito del Derecho deportivo, habiendo sido, durante seis años, Secretario del Comité de Disciplina Deportiva de Castilla-La Mancha y Secretario del Consejo Regional de Deportes de dicha Comunidad Autónoma. De igual modo, fue el autor del Anteproyecto de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la docencia, es profesor en diversas titulaciones de Máster y postgrado del ámbito del Derecho administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ha sido docente de varios cursos para empleados públicos de la Diputación Provincial de Toledo y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finalmente, en el ámbito de la investigación del Derecho administrativo, ha participado en varios congresos y seminarios y posee media docena de trabajos publicados en distintos soportes.

De la mano de Administrativando Abogados, vuelve al ejercicio de la abogacía tras ser diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha en su X Legislatura, participando durante la misma en la ponencia de veinticuatro leyes.

Adela Merino León

Asociada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. Es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Loyola y participa como miembros del tribunal de TFM en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

Nuria Carrasco Sánchez

Directora Financiera y Relaciones Institucionales

Tras cursar Administración y Dirección de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA (actualmente, Loyola), durante más de veinte años de ejercicio profesional, ha asumido la dirección financiera y contable en compañías nacionales e internacionales dedicadas a diferentes sectores de actividad.

Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

María José Amo Gago

Socia

Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

Ostenta el cargo de coordinadora de relaciones institucionales en Administrativando Business School.

Natalia Montero Pavón

Asociada

Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

Defiende procedimientos de suma relevancia en la totalidad de áreas que configuran el Derecho Administrativo. Entre otras materias, es especialista en aguas, minas, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa, contratación pública, urbanismo y procedimientos sancionadores. 

Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

Asimismo, compagina su labor como docente impartiendo puntualmente máster class sobre derecho público en la Universidad Loyola Andalucía

También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

Ostenta el cargo de coordinadora académica en Administrativando Business School.

Antonio Pérez Valderrama

Socio

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

Ostenta el cargo de director ejecutivo en Administrativando Business School.

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