¿Cuánto cuesta legalizar un pozo?

I. Introducción

Una de las primeras preguntas que invaden la cabeza de nuestros clientes cuando se enfrentan a la legalización de un captación es ¿cuánto cuesta legalizar un pozo?. Y, aunque el precio de legalizar un pozo es importante, no debe ser lo único que nos preguntemos o que tengamos en cuenta a la hora de realizar este trámite.

Debemos tener presente en todo momento, que conseguir la legalización de un pozo de riego, nos permite obtener un caudal de agua de riego suficiente para mantener la parcela agrícola y, principalmente, nos puede evitar, en caso de inspección, una sanción económica y el precinto del mismo que conlleva a su inutilización.

A continuación, vamos a intentar ilustrar, de manera orientativa, sobre los precios de la legalización de un pozo.

II. ¿En qué consiste la legalización de un pozo?

Con carácter previo a abordar la cuestión sobre el precio de la legalización de un pozo, queremos realizar una pequeña puntualización sobre qué entendemos por la legalización de un pozo y cuáles son los trámites y documentos que se necesitan para la legalización del mismo.

Cuando hablamos de la legalización de un pozo, estamos haciendo referencia a todo un conjunto de trámites de carácter administrativo que son necesarios para realizar la explotación y uso del pozo de forma legal y cumpliendo con la normativa vigente. En términos generales, consistirá en la tramitación de los permisos necesarios frente a Minas para la perforación y ante la Confederación Hidrográfica para la explotación del agua.

Uno de los errores más comunes es creer que el procedimiento de legalización del pozo es únicamente aplicable a las captaciones de nueva construcción, pero los pozos antiguos que podemos encontrarnos en fincas o parcelas recientemente adquiridas también deben ser legalizados antes de su uso.

III. ¿Cuánto cuesta legalizar un pozo?

Hablar sobre el precio concreto de legalizar un pozo es una cuestión compleja, pues el trámite, tal y como vimos en nuestro artículo sobre cómo legalizar un pozo, puede variar según la comunidad autónoma y el municipio en los que se encuentre situado el mismo y esto puede verse reflejado en el costo.

De manera orientativa, podemos señalar que el precio de la legalización de un pozo ya construido puede oscilar entre los 500€ y 1.500€, en el que se incluye, de manera general la redacción de la memoria por parte de un Ingeniero Técnico de Minas y de un ingeniero agrónomo experto en derecho de aguas, la presentación de la solicitud y registro ante las autoridades competentes y el seguimiento de todo el expediente administrativo.

La legalización de un pozo, resulta ser un trámite complejo y tedioso para captaciones en las que se solicite elevadas dotaciones de consumo, lo cual puede suponer un incremento en el precio antes mencionado. Sin embargo, la legalización de un pozo de pequeño consumo o doméstico, es un trámite mucho más simple y el precio puede ser inferior.

El coste, como hemos dicho, puede variar en función de los siguientes factores:

  • El tipo de pozo que se pretende legalizar; con capacidad inferior o igual a 7.000m3/anuales o con capacidad superior a los 7.000m3/anuales. Esto afecta al proceso de legalización del mismo, pues cada uno de ellos se tramita por un procedimiento independiente con requisitos y documentación diferentes como señalaremos más adelante.
  • Los gastos de preparación y redacción de la documentación exigida por parte de la Autoridad competente para la solicitud de legalización del pozo. Dentro de este concepto, y dependiendo de la información de la que el cliente ya tenga, podrá incluir las tasas administrativas de registros y notarías que sean necesarias para expedir escrituras públicas, certificaciones catastrales, etc.
  • Otra cuestión a tener en cuenta es la superficie de la finca donde se encuentra ubicado el pozo, su orografía y la situación de la captación. Si se trata de una heredad de gran tamaño o con características urbanísticas específicas, el trámite de legalización del pozo exige la presentación de estudios de impacto medioambiental e informes de campo redactados y firmados por Ingenieros técnicos agrícolas o de minas. Asimismo, si por ejemplo, el pozo se encuentra sito en zona de policía, se precisaría el correspondiente estudio hidrogeológico para demostrar que no se pretenden extraer aguas del cauce público.

IV. Requisitos en función del tipo de pozo que se pretende legalizar

Tal y como referimos anteriormente, el precio de la legalización del pozo se puede ver afectado por el tipo de pozo cuya legalización se pretende. Los pozos pueden ser clasificados en tres tipos distintos:

(a) pozos con una capacidad inferior o igual a 7.000m3/anuales;

(b) pozos con capacidad superior a 7.000m3/anuales;

c) pozos históricos.

En relación con los dos primeros tipos de pozos, el trámite y los requisitos que se deben cumplir para la legalización son diferentes, como vemos a continuación:

Requisitos a cumplir, en términos generales, por los pozos con capacidad inferior a 7.000m3/anuales:

(i) Volumen de agua previsto de consumo no supere los 7.000m3/anuales.

(ii) El pozo que se pretende legalizar se encuentre ubicado en la misma finca registral en la que se va a realizar el uso.

(iii) Que el pozo no se encuentre ubicado a menos de 100 metros de un arroyo.

(iv) Que no se sitúe en un acuífero sobreexplotado.

En cuanto a la documentación que se debe presentar para la legalización del pozo con capacidad inferior a 7.000m3/anuales, de manera general, aunque esto puede variar en función de la comunidad autónoma, es:

(i) Un comunicado de aprovechamiento de aguas en el que se recoja el uso al que se destinará.

(ii) Un certificado de potabilidad en el caso de que el uso que se tenga pensado dar al agua, sea el de abastecimiento.

(iii) La documentación identificativa del titular.

(iv) La documentación que pruebe la propiedad de la finca donde se encuentre el pozo.

(v) El plano catastral de la finca especificando donde se va a poner el pozo, las obras que se deben ejecutar o la zona de riego donde se va a emplear el agua.

(vi) Una memoria justificativa del volumen y caudal empleado.

(vii) El permiso del titular de otro aprovechamiento cuando el pozo se encuentre a una distancia inferior de la exigida por el Plan Hidrográfico de Cuenca.

En el caso de que el pozo a legalizar supere los 7.000m3/anuales, la documentación de acuerdo con legislación aplicable es distinta a los de menor capacidad. El trámite para la legalización de este tipo de pozos es más complejo, se denomina Proyecto de Concesión de Aguas y puede suponer un incremento en el precio de la legalización del pozo.

La documentación a presentar, a grandes rasgos, consiste en:

(i) Una solicitud de concesión administrativa ante la Cuenca Hidrológica en función del uso al que se destine.

(ii) Una solicitud de licencia de obras de captación que deberá ir acompañada de un proyecto técnico conformado por: un plazo de situación, el número de polígono y parcela catastral, un estudio básico de seguridad y salud.

(iii) Si es necesario instalación eléctrica, será necesario presentar un proyecto técnico de baja tensión.

(iv) Una solicitud de puesta en servicio.

(v) Un certificado de fin de obra.

V. ¿Se puede legalizar mi pozo?

Otra de las cuestiones que más se plantean entre nuestros clientes es la duda de si todos los pozos son legalizables. Pues bien, una de las primeras consideraciones que se deben analizar, es si el pozo cumple con los requisitos antes expuesto y exigidos legalmente, y la siguiente cuestión es conocer si se encuentra en una cuenca hidrográfica sobreexplotada.  En la mayoría de los casos es posible la legalización del pozo, sin embargo, puede darse que la cuenca hidrográfica en la que se encuentra se encuentra sobreexplotadas y en ese caso nos podríamos encontrar con limitaciones por número de solicitudes.

Es preciso también analizar, entre otras cuestiones, la distancia con respecto a otras captaciones ya legalizadas, la situación del mismo (fuera de zona de policía).

Por todo ello, resulta recomendable contar con un asesoramiento experto de abogados e ingenieros especialistas en la legalización de pozos a la hora de tramitar su solicitud.

VI. Conclusiones

Como hemos comentado, la legalización de un pozo no es una cuestión aplicable únicamente a los pozos de nueva construcción, sino que también afecta a los que ya se encuentran construidos y no legalizados.

Entendemos que la legalización de un pozo es un trámite tedioso y complejo, pero que resulta necesario porque poseer y explotar un pozo o un sondeo no legalizado puede dar lugar, en caso de inspección, a una sanción económica que puede oscilar entre los 10.000€ y 50.000€, o más si se determina que hubo daño ambiental grave, y al precinto e inutilización del mismo.

Es recomendable encomendar la tramitación a profesionales que realizarán las gestiones oportunas y recopilarán toda la información necesaria para llevar a cabo la legalización del pozo.

Los precios de la legalización de un pozo pueden variar en función del tipo de pozo, cuenca hidrográfica y autoridad competente ante la que se deba presentar la solicitud. Asimismo, dependiendo el tipo de profesional que intervenga.

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Abogada Senior

Tras su paso por otras firmas donde adquirió una sólida base jurídica, se incorpora a Administrativando Abogados, participando en la defensa de todo tipo de expedientes sobre derecho administrativo.

Entre otras materias, interviene en procedimientos relacionados con derecho de aguas, funcionarios, responsabilidad patrimonial, sanciones administrativas, contratación pública , urbanismo y recursos contenciosos administrativos de toda índole.

Además de asesorar a empresas nacionales e internacionales, participa en la defensa de infinidad de Administraciones y Organismos Públicos. 

Asimismo, se ha ocupado del diseño y elaboración de diferentes jornadas docentes sobre Derecho Administrativo en la escuela de formación Administrativando Business School.

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Asimismo, de forma simultánea, en buena parte de tales empresas, se ha ocupado de llevar a cabo funciones de representación institucional.

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Tras obtener premio extraordinario a su paso por la Universidad de Córdoba y preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó a Aguayo Abogados, como firma especialista en Derecho Administrativo (hoy integrada en Ejaso ETL Global). Posteriormente, formó parte del equipo de Garrigues. 

Fruto de su dilatada experiencia profesional de más de diez años, participa en la orientación y defensa de aquéllos procedimientos administrativos y contenciosos – administrativos de especial dificultad técnica, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, es especialista en abordar recursos de casación contenciosos – administrativos, de amparo ante el Tribunal Constitucional e impugnaciones ante instancias supranacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Igualmente, ha intervenido en procedimientos contenciosos – administrativos de máxima relevancia social como el Caso Alvia o la impugnación de la licitación de compra centralizada de Equipos de Protección Individual por parte de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos.

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Natalia Montero Pavón

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Tras preparar las oposiciones a la carrera judicial y fiscal, se incorporó al Departamento de Derecho Administrativo de la conocida firma Sanguino Abogados.

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Igualmente, interviene de forma regular ante la jurisdicción de lo Contencioso – Administrativo en todas sus instancias. 

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También ha asumido la dirección y orientación de diferentes cursos de experto en Derecho Administrativo, principalmente en las materias de responsabilidad patrimonial, expropiación forzosa y contencioso – administrativo. 

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Director

Es profesor en Derecho Administrativo y contratación pública en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid.

Con anterioridad, ha formado parte de firmas jurídicas internacionales, como Martínez Echevarría & Rivera Abogados, con cargos de dirección en el Área de Derecho Administrativo

Recientemente ha intervenido como coautor en el «Manual sobre el Contrato Menor», publicado por la Editorial Aranzadi. 

Asimismo, imparte jornadas docentes en la Sección de Derecho Administrativo de Economist & Jurist y Administrativando Abogados. Entre otros eventos, conviene destacar la formación sobre la posible nulidad de las sanciones administrativas impuestas durante los estados de alarma a consecuencia de la Covid-19. 

Ha defendido todo tipo de procedimientos de Derecho Administrativo y Contencioso – Administrativo y ante cualquier instancia.

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